En el ámbito penal, donde se juega la libertad y el honor de una persona, una sentencia no debe ser un simple collage de jurisprudencia y citas. La justicia se construye a partir de razonamientos propios, no con copy-paste.
En un caso reciente conocido por el Tribunal Penal de Alajuela, el tribunal incurrió en una falta grave al no valorar adecuadamente los testimonios ni las pruebas. La sentencia se reduce a una repetición vacía de doctrina, sin un análisis claro. Enumerar pruebas no es valorarlas, y repetir jurisprudencia no es pensar.
Lo más grave no es el error formal de los jueces, sino la consecuencia material de ese error: se condenó al acusado a 40 años de prisión sin una justificación lógica y razonada.
La sentencia dejó inconcluso el análisis sobre la culpabilidad, violando principios fundamentales del proceso.
Además, el fallo está plagado de juicios de valor subjetivos, como calificar la actuación del imputado como una “pésima decisión”. El juez no debe moralizar, debe aplicar el derecho con neutralidad. La imparcialidad se demuestra, no se proclama.
Cuando el juez abandona la objetividad, deja de ser un JUEZ y se convierte en un VERDUGO. Al copiar frases sin pensar, la justicia pierde su razón y se convierte en una hoja de condena injustificada.
Este caso no pide clemencia, pide coherencia. Anular una sentencia mal fundamentada no es un acto de benevolencia, es una obligación jurídica y ética. No se trata de borrar el proceso, sino de restablecer su legitimidad.
El Recurso de apelación busca que otro tribunal, imparcial y razonado, escuche, valore y juzgue. Que la justicia no se escriba con fragmentos prestados, sino con argumentos propios. En un Estado de Derecho, la verdad no nace del copiar y pegar, sino del pensar y juzgar.
SE HARÁ JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA.