En una democracia constitucional, el debate entre poderes del Estado no solo es normal: es necesario. Las decisiones judiciales pueden ser discutidas, analizadas e incluso cuestionadas desde la esfera política o académica. Lo que no resulta saludable para el sistema institucional es cuando la crítica se transforma en un discurso que erosiona la legitimidad de las instituciones llamadas precisamente a ejercer control sobre el poder.
Como abogado costarricense, formado en una tradición jurídica que ha hecho del respeto institucional uno de los pilares de nuestra convivencia democrática, preocupa escuchar expresiones que sugieren que una resolución judicial puede obedecerse sin que exista respeto por el órgano que la emite. Esa idea, más allá de una frase coyuntural, revela una comprensión peligrosa de cómo funciona un Estado de derecho.
La Sala Constitucional no es infalible. Ningún tribunal lo es. Sus resoluciones pueden ser discutidas, criticadas o incluso generar desacuerdos profundos. Pero su legitimidad no descansa en la simpatía que despierten sus fallos, sino en el papel que cumple dentro de la arquitectura constitucional: ser el árbitro que garantiza que el poder público actúe dentro de los límites que la Constitución establece.
En un sistema republicano, los controles institucionales no son obstáculos al gobierno. Son su condición de legitimidad.
Cuando desde el poder político se insiste en descalificar a los órganos que ejercen control —sea la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República o cualquier otra institución técnica— el mensaje que inevitablemente se transmite es que los límites institucionales resultan aceptables únicamente cuando coinciden con la voluntad del Ejecutivo. Esa lógica no fortalece la democracia; la debilita.
El reciente debate sobre el concurso de frecuencias de radio y televisión ilustra bien este problema. El espectro radioeléctrico no es un recurso ordinario. Es un bien público escaso, cuya administración tiene implicaciones directas en el ejercicio de la libertad de expresión y en la pluralidad del debate democrático.
Precisamente por ello, la jurisprudencia constitucional —y también los estándares internacionales— han insistido en que los mecanismos de asignación deben equilibrar varios objetivos: eficiencia económica, competencia, diversidad de voces y acceso equitativo al sistema de comunicación.
Reducir ese debate a una disputa entre “grupos de interés” o entre “buenos y malos” no aporta claridad al país. Al contrario, empobrece una discusión que debería ser eminentemente técnica y jurídica.
Si el objetivo es mejorar la cobertura, ampliar la competencia o modernizar el modelo de asignación de frecuencias, ese propósito merece ser discutido con seriedad. Pero ello exige algo más que confrontación discursiva: requiere reglas claras, criterios verificables y un proceso que inspire confianza pública.
La política pública no se construye sobre sospechas ni sobre descalificaciones personales. Se construye sobre argumentos, evidencia y respeto por el marco institucional que nos rige.
Costa Rica ha logrado sostener durante décadas una democracia sólida precisamente porque sus instituciones han tenido la capacidad de decirle “no” al poder cuando las circunstancias lo han exigido. Ese equilibrio —imperfecto pero fundamental— es lo que distingue a una república de un sistema donde la voluntad del gobernante termina imponiéndose sin contrapesos.
Por eso conviene recordar algo esencial: en una democracia madura, el respeto institucional no es un gesto de simpatía ni una concesión política. Es una responsabilidad republicana.
Las autoridades pueden discrepar con una sentencia. Pueden incluso considerarla equivocada. Pero la fortaleza de nuestras instituciones depende de que quienes ejercen el poder comprendan que el desacuerdo no autoriza a deslegitimar al árbitro.
Porque cuando el respeto por las instituciones se vuelve opcional, lo que comienza a debilitarse no es un tribunal en particular. Es la confianza colectiva en las reglas que sostienen nuestra convivencia democrática.