En la columna anterior —Tres palabras que Costa Rica confunde (y por eso discutimos mal): liberal, conservador y religioso— hablamos de un tema que suele generar confusión: qué significa realmente ser liberal, conservador o religioso, y por qué en Costa Rica es tan importante no mezclarlos como si fueran lo mismo. Esa claridad conceptual era el primer paso, pero las ideas no sirven de mucho si se quedan en la teoría. Lo que al final importa es cómo esas nociones se sienten en la vida diaria del ciudadano y ahí aparece la pregunta clave: ¿cómo se traduce la libertad en la práctica cuando uno choca con la tramitomanía, con la fila interminable y con el “vuelva mañana”?
El segundo paso es bajar esas ideas a la realidad cotidiana, puesto que no sirve de mucho definir conceptos si, al final, lo que el ciudadano experimenta cada día es un Estado que se ha convertido en estorbo. La confusión ideológica en política se traduce en exceso de leyes, duplicidad de instituciones y un mar de trámites que “no protegen a nadie”, pero sí desgastan al que quiere producir y si alguna vez le han dicho “vuelva mañana”, ya usted sabe de qué estamos hablando, es perder tiempo, dinero y paciencia en un papeleo que no mejora nada. La diferencia es que cuando ese aparato estatal deja de interponerse, el país avanza: más empleo, más inversión y más oportunidades.
Y aquí es donde entra la verdadera diferencia: el liberalismo clásico nunca pidió un Estado ausente, sino uno confiable: que proteja vida, libertad y propiedad, que haga cumplir contratos y que deje a la gente trabajar sin tener que pedir permiso cada cinco minutos. De hecho, la OCDE, en su Estudio Económico de Costa Rica 2025, señala que una de las mayores barreras al crecimiento es la tramitología excesiva y recomienda simplificar como vía para elevar la productividad y atraer inversión.
Nada genera más confianza al ciudadano que una norma clara, aplicada por igual a todos, sin discrecionalidad, esa previsibilidad es lo que da estabilidad a la economía y a la vida diaria. Ahora bien, si queremos un cambio profundo y duradero, hay tres ejes que no se pueden dejar de lado.
La primera es simplificar los trámites: pedir menos requisitos a quien arriesga menos, aplicar el “silencio positivo” y construir ventanillas únicas interoperables que realmente funcionen.
La segunda es abrir la competencia en beneficio del consumidor: derribar barreras artificiales, revisar monopolios y medir impacto de cada regulación.
Y la tercera es apostar por la transparencia: publicar cuánto tarda cada trámite, cuánto cuesta y qué institución lo gestiona. Que no se quede en discursos, sino en datos públicos que obliguen a mejorar.
Claro que todavía hay quienes defienden la tramitomanía repitiendo frases hechas, y por eso vale la pena desarmar algunos de esos mitos:
- Más trámites no significan más control ni más calidad; los trámites innecesarios solo generan filas y costos, mientras la calidad se logra con normas claras y verificables.
- Quitar permisos no es crear caos; es concentrar el control donde de verdad importa y aliviar cargas absurdas para el ciudadano común.
- Cuando el Gobierno promete reformas implica simplificación / reducción; la tendencia histórica ha sido al revés: más leyes, más instituciones y más trabas.
- Desregular inteligentemente no es abandonar al ciudadano; es enfocarse en lo esencial, cuidando derechos y liberando a los productores de cargas innecesarias.
En ese mismo camino, también hay que dejar claro qué sí sirve y qué no:
- Sirve tener una ventanilla única interoperable con plazos definidos, silencio positivo y revisiones periódicas de las regulaciones.
- No sirve mantener licencias duplicadas, permisos que nada tienen que ver con el riesgo real o dejar a la discrecionalidad de un burócrata la decisión de si usted puede trabajar o no.
Un Estado que deja trabajar no es un lujo, es una urgencia. Las personas no piden favores: piden reglas claras, trámites simples y que las dejen producir. Menos filas, más confianza.