Cuando analizamos el panorama demográfico de Costa Rica, nos damos cuenta de que existen dos caras de una misma moneda. Sin embargo, el debate político y público ha dejado completamente marginada una de esas caras y se ha enfocado casi por completo en la otra.
Por un lado, la cara más visible es la de la educación. En los últimos años, la discusión ha girado en torno al financiamiento de las escuelas, colegios y universidades públicas. En su mayoría, los partidos políticos coinciden en señalar que la educación necesita más y más recursos, pero casi ninguno se detiene a cuestionar si realmente esos recursos se están utilizando de manera eficiente.
Por el otro lado, está la cara de la moneda que hemos ignorado: la creciente población adulta mayor. Según proyecciones del INEC, para dentro de 20 años la población de 65 años en adelante será el doble de la actual. Estamos hablando de una verdadera bomba de tiempo que, si no se atiende desde ahora, terminará explotando en el futuro cercano.
La situación es preocupante. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene recursos asegurados solo hasta 2047, esto según cálculos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). El ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias), aunque es más estable, genera pensiones muy bajas en la práctica. Y todo esto ocurre en un país donde alrededor del 37% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, lo que limita el financiamiento del sistema. Ante este escenario ¿Qué candidatos proponen seriamente flexibilizar las cargas patronales para incentivar la formalidad laboral? ¿Quién propone reformas concretas para sostener el sistema de pensiones o para crear servicios de atención adecuados para una población cada vez más longeva?
Mientras tanto, seguimos invirtiendo más en una población joven que, según las proyecciones, disminuirá en número. ¿Tiene sentido construir más escuelas si dentro de veinte años muchas podrían estar casi vacías? La educación, por supuesto, debe seguir siendo un pilar fundamental del desarrollo nacional, pero el problema no es la falta de recursos, sino su uso ineficiente. Necesitamos programas más actualizados al mercado laboral, estándares evaluativos más rigurosos que le devuelvan al título de bachillerato en educación media el valor que tuvo hace años y del que tanto carece hoy en día. Mejorar la calidad educativa no depende solo de más dinero, sino de hacer un mejor trabajo con los recursos ya disponibles.
La mirada sobre en donde invertir, debe comenzar a orientarse hacia la población adulta mayor, más y mejores albergues, mejores programas de salud y, sobre todo, un sistema de pensiones que sea sostenible. Ignorar esta realidad es hipotecar el futuro del país.
Desde el punto de vista económico, Costa Rica aún tiene margen de maniobra, siempre y cuando prevalezcan las políticas correctas, que aboguen por el uso responsable de los recursos y se generen los incentivos correctos, de tal forma que la población poco a poco logre ser cada vez menos dependiente de la mano del Estado y por consiguiente de las decisiones de los políticos del futuro.
Pero todo esto requiere un nivel alto de voluntad política, debido a que actualmente persuadir a los jóvenes con mayores financiamientos es muy atractivo para un partido político, puesto que le garantiza potenciales votantes por un considerable periodo de tiempo y hacer lo contrario sería algo impopular desde el punto de vista de la estrategia electoral.
A pesar de esto, Costa Rica no puede seguir viendo solo una cara de la moneda. Si el debate político continúa centrado únicamente en la educación dejando de lado la urgencia demográfica, nos encaminamos a una crisis social y económica inevitable. Es momento de equilibrar la mirada. Se debe mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y redirigir las nuevas inversiones hacia los adultos mayores, que serán, muy pronto, la verdadera mayoría del país.
