El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido, desde su creación en 1973, un pilar fundamental en el financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica.
Este fondo, establecido constitucionalmente, tiene como objetivo garantizar los recursos para el desarrollo de la educación superior pública, fomentando el acceso a la educación y la investigación de calidad. Sin embargo, el período entre 2020 y 2024 ha estado marcado por una serie de desafíos en torno al crecimiento del FEES y su asignación, tanto desde el punto de vista económico como político.
En este periodo que se analiza en este artículo de opinión están los dos últimos años de la administración Alvarado Quesada (crisis Covid) y los dos primeros de este gobierno.
Crecimiento del FEES y contexto económico (2020-2024)
Desde 2020, el crecimiento del FEES ha estado en el centro de discusiones complejas debido al contexto económico adverso que ha vivido Costa Rica. La pandemia de COVID-19 golpeó duramente la economía nacional, generando una contracción en la actividad económica, lo que impactó directamente la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros.
Entre 2020 y 2023, aunque el FEES continuó recibiendo asignaciones, el crecimiento real del fondo fue limitado. Las universidades públicas hicieron esfuerzos significativos para adaptarse a las nuevas realidades presupuestarias, implementando medidas de austeridad y eficiencia. Sin embargo, el monto del FEES, en términos reales, no creció al ritmo necesario para satisfacer la creciente demanda de educación superior y el desarrollo de nuevas áreas de investigación y extensión.
Para este año 2024, la situación financiera del país sigue siendo complicada, lo que ha llevado a un conflicto directo entre el gobierno y las universidades públicas en torno al crecimiento del FEES.
En este contexto, es fundamental recordar que la Constitución Política de Costa Rica establece, en su artículo 85, la obligación del Estado de financiar las universidades públicas por medio del FEES.
Esta obligación constitucional es un reconocimiento del legislador respecto a la importancia estratégica de la educación superior pública en el desarrollo del país.
Importancia constitucional del FEES
La base constitucional del FEES subraya la responsabilidad del Estado de garantizar los recursos necesarios para las universidades públicas. El artículo 85 de la Constitución establece que: “el Estado dotará de un fondo especial para financiar la educación superior estatal”. Este mandato no solo implica un compromiso financiero, sino también una visión de país en la que la educación pública es vista como un motor de desarrollo social, económico y cultural.
El FEES ha sido fundamental para que Costa Rica se posicione como uno de los países de América Latina con mayor acceso a la educación superior. Las universidades públicas han sido actores claves en la formación de profesionales que contribuyen al desarrollo del país, con su labor propician la paz social, la generación de liderazgos, el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad nacional, la movilidad social, así como la generación de conocimiento a través de la investigación y la innovación.
Además, las universidades públicas desempeñan un papel crucial en la extensión y acción social, llegando a las comunidades más vulnerables y promoviendo la equidad social.
Sin embargo, la importancia del FEES va más allá de la simple asignación de recursos. Es un reflejo del compromiso del Estado con un modelo de desarrollo inclusivo, que reconoce el papel de la educación superior pública como un derecho humano y un bien público. En este sentido, cualquier intento de reducir o limitar el crecimiento del FEES debe ser visto como una amenaza a este modelo de desarrollo y al progreso social del país.
