Durante demasiado tiempo, en Costa Rica se trató la relación con China como si fuera un dogma diplomático, intocable y casi providencial. Oscar Arias nos vendió la ruptura con Taiwán, en 2007, como una jugada superior de realismo político, una apuesta adulta por la gran potencia emergente. Después vino el Tratado de Libre Comercio, envuelto en el lenguaje habitual de la prosperidad futura. Han pasado ya demasiados años como para seguir viviendo de la propaganda. Ya no estamos en la fase de las promesas. Estamos en la hora del balance. Y el balance no obliga a la reverencia, obliga a la revisión.
La política exterior de un Estado serio no se juzga por entusiasmos ni por fuegos artificiales diplomáticos, sino por intereses nacionales, resultados concretos y prudencia estratégica. Hans Morgenthau lo explicó con claridad al recordar que la política internacional no se mueve por sentimentalismos, sino por poder e interés. Raymond Aron, más sobrio todavía, sostuvo que la prudencia es la virtud cardinal del Estado en el escenario internacional. Si Costa Rica aplicara a China una auditoría mínima de resultados, de reciprocidad y de respeto soberano, la conclusión sería incómoda para los devotos de la fantasía asiática: esta relación no ha producido ni el equilibrio comercial prometido, ni la confianza estratégica deseable, ni la afinidad política compatible con una democracia seria.
Los números, cuando se les deja hablar, suelen arruinar más de una ilusión. Según datos de Procomer, en 2024 Costa Rica importó desde China bienes por 4.546 millones de dólares, mientras que las exportaciones hacia ese mercado apenas alcanzaron los 634 millones. Siete a uno. Esa proporción no es un detalle técnico, es la radiografía de una relación cuyo déficit ronda el noventa por ciento. Se nos prometió una relación transformadora. Lo que tenemos es una balanza comercial crónicamente desfavorable y una dependencia creciente de bienes chinos sin contrapeso alguno. China podrá ser un proveedor gigantesco, pero un supermercado inmenso no equivale a una alianza estratégica. El verdadero ancla económica y geopolítica de Costa Rica no está en Pekín. Está en Estados Unidos, que concentra el 44 por ciento de nuestras exportaciones y sigue siendo nuestro gran inversor y aliado hemisférico real. Esa no es una consigna ideológica, es una descripción del mapa. Los países pequeños no sobreviven con frivolidades estratégicas. Sobreviven distinguiendo entre mercado, aliado y amenaza potencial.
Aquí entra Taiwán, y entra con toda razón. La ruptura fue presentada como si Costa Rica estuviera dejando atrás una relación menor para abrazar algo infinitamente superior. Sin embargo, la memoria material también cuenta. El Puente de La Amistad sobre el río Tempisque fue una obra concreta que conectó a Guanacaste y dejó huella tangible en la infraestructura nacional. El estadio donado por China, por vistoso que sea, jamás tuvo la misma relevancia estructural. El puente unió regiones. El estadio sirvió para la foto. Esa comparación ya dice bastante sobre la diferencia entre cooperación orientada al desarrollo y diplomacia de escaparate.
A ello se suma el bochorno de la Ruta 32. La ampliación encomendada a CHEC (China Harbour Engineering Company), con más de 465 millones de dólares del Exim Bank de China, debió ser vitrina de eficacia. Terminó convertida en la más larga novela de atrasos e incompetencia que recuerde la obra pública costarricense. Debía estar lista en octubre de 2020; cinco años después seguía sin completarse. El Conavi denunció el “desinterés” de CHEC y pidió a Cancillería que interviniera ante el gobierno chino. El consorcio supervisor documentó desorden gerencial, falta de experiencia y reducción deliberada del ritmo de trabajo. Y conviene recordar que CHEC es subsidiaria de CCCC, empresa incluida por Estados Unidos en su Lista de Entidades por prácticas contrarias a la seguridad nacional, y sancionada por el Banco Mundial por prácticas fraudulentas en Filipinas. El tamaño del socio no reemplaza la calidad de la ejecución.
Pero el problema no es solo económico ni de infraestructura. Es político, y ahí el asunto se vuelve más delicado. Una relación bilateral madura exige respeto mutuo. Lo que no exige, ni debe tolerar, es que una embajada extranjera se comporte como vigilante ideológico del debate público costarricense. Y la embajada china ha cruzado esa línea de manera reiterada y documentada. En octubre de 2023, emitió un comunicado contra la ministra Paula Bogantes y el viceministro Hubert Vargas por calificar a China como un país con riesgos en ciberseguridad, expresando su “energética y vehemente oposición”. En diciembre de 2025, arremetió contra el diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig por proponer un acercamiento con Taiwán, advirtiéndole que “no se debe jugar con fuego en los asuntos tocantes a intereses medulares de la parte china”. Feinzaig denunció la injerencia ante el TSE y la Cancillería, invocando el artículo 19 de la Constitución. Y apenas el 12 de marzo de 2026, tras la denuncia gubernamental de un ciberataque al ICE atribuido a un actor con origen en China (nueve gigabytes de información extraída), la embajada volvió a reaccionar negando responsabilidad y lanzando una advertencia inequívoca: “Sacrificar las relaciones entre China y Costa Rica para complacer a otros países no logra ganar el respeto de nadie.”
Tres episodios en menos de tres años. Tres veces en que una embajada extranjera se permitió amonestar a funcionarios, candidatos y ministros de esta república por ejercer el derecho soberano de debatir sobre ciberseguridad, tecnología y relaciones exteriores. Esa conducta no es diplomacia respetuosa, es la de una representación que se siente con derecho a marcar los límites de nuestra discusión soberana. Lo digo con absoluta claridad: censuro por completo que la embajada de China pretenda fijar los límites de lo que Costa Rica puede debatir. Esta es una nación soberana, no una sucursal discursiva de Pekín. Ninguna potencia extranjera, y menos una dictadura, puede venir a regañar a este país por discutir sobre Taiwán, 5G o su cercanía con Estados Unidos.
Sobre el 5G precisamente, el gobierno de Rodrigo Chaves condicionó el despliegue de redes de quinta generación a empresas de países signatarios del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, dejando fuera a Huawei. La embajada rechazó la “politización de los asuntos científico-tecnológicos”. Pero lo que China llama politización es lo que cualquier Estado responsable llama protección de infraestructura crítica. Un país que acaba de sufrir un ciberataque a una de sus instituciones estratégicas no necesita lecciones de ciberseguridad de la potencia señalada como origen del ataque.
Y aquí es importante ser precisos sobre Taiwán, porque no se trata de gestos sin contenido. Taiwán mantiene hoy relaciones comerciales y de cooperación con más de 47 países que reconocen a la República Popular China, incluidos Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Lo hace a través de oficinas económicas, acuerdos de cooperación técnica y marcos comerciales que no requieren reconocimiento diplomático formal. Estados Unidos mantiene con Taiwán una relación robusta amparada en la Taiwan Relations Act de 1979, sin embajada formal. Costa Rica podría explorar una vía similar, abriendo espacios de cooperación con Taipéi sin romper relaciones con Pekín. No es utopía. Es lo que hacen las democracias inteligentes.
Desde el punto de vista de los valores, el contraste es demasiado grande como para seguir fingiendo que da lo mismo. China sigue siendo una dictadura de partido único con vigilancia masiva, represión de minorías, censura institucionalizada y cero tolerancia al disenso. Tocqueville comprendió que la democracia no es solo un método electoral, sino un entramado de costumbres de libertad. Cuando una democracia pequeña sobredimensiona su vínculo con un régimen que no comparte sus mínimos civilizatorios, trivializa su propia tradición republicana.
Replantear la relación con China no es extremismo. Es cordura. Se trata de auditar resultados, reducir expectativas, poner contrapesos y enfriar una relación que ha servido más a los intereses de Pekín que a los de San José. Asia no es China. Hay otros socios, otros mercados, otras oportunidades. Y si se trata de cooperación tecnológica, Taiwán ofrece lo que China promete pero condiciona.
Costa Rica no necesita una relación inflada con una dictadura. Necesita una política exterior sobria, coherente con su democracia y con sus alianzas reales. Un gobierno que se precie de serlo debería poner este asunto sobre la mesa sin temor alguno. Costa Rica no le debe reverencia a Pekín. Le debe respuestas a su propia gente.