La idea de Costa Rica como “país verde” es un lema que debemos de iniciar a cuestionar. Debemos de tener cuidado con las consignas y “catchphrases” que no necesariamente se manifiestan en la realidad material. Si bien vivimos en un país reconocido a nivel mundial por su biodiversidad ecológica, sus energías “limpias” y por ser el destino perfecto para unas vacaciones en la naturaleza, nada nos asegura seguir siendo ese mismo lugar si no lo defendemos y cuidamos activamente. Dentro del artículo 50 de nuestra Constitución Política se encuentra plasmado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contamos a nivel gubernamental con un Ministerio de Ambiente (y todas sus dependencias), una comisión legislativa de ambiente dentro de la Asamblea Legislativa, así como leyes y reglamentos destinados a regular y proteger la flora y fauna en el país, los instrumentos, podría decirse, existen, pero no sólo con eso basta. Tenemos un deber frente a aquellos verdaderamente desamparados del poder político, siendo estos los que no participan en él y son relegados a un segundo plano: los animales y la vegetación.
En fin, lo anterior va encaminado hacia un paralelismo que resulta de relevancia resaltar: parece ser que, de las fronteras para afuera, somos un país ambientalista que tiene dentro de sus prioridades el respeto por la biodiversidad, el cual se lleva todos los galardones entregados en foros corporativos internacionales. Por otro lado, al realizar la importante tarea de leer el periódico, ver las noticias cada cierto tiempo o revisar los permisos que se otorgan en nuestro cantón o aquellos cercanos, podemos observar la mercantilización voraz que nuestro país tiene con la naturaleza. Tal y como cuando se quería concesionar, en el gobierno de José Joaquín Trejos, grandes partes de nuestro territorio a ALCOA para la extracción de bauxita, con condiciones pésimas para nuestro ambiente y economía, extractivismo puro y duro. Vemos intentos por la regularización de la tenencia como mascotas de lapas, loros y pericos, que son especies de aves silvestres, mediante la aplicación retroactiva al Reglamento de la Ley de Vida Silvestre,[1] pulsiones del oficialismo y sectores económicos para impulsar la armonización del mercado eléctrico[2], convirtiendo al ICE en un simple actor dentro del mercado eléctrico, así como disputas socioambientales tal y como la que ocurre actualmente dentro de Playa Panamá, donde se busca realizar una tala masiva de árboles para dar paso a la construcción de… sí, adivinaron… otro proyecto inmobiliario de capital extranjero, cuestionado ya por decenas de organizaciones sociales[3].
Más allá de ser un recurso apreciado como parte de nuestra cultura, es un activo que juega un rol en el mercado y que genera ingresos a varios de nosotros, ya que el sello de nuestro país como atractivo turístico son los bosques, playas, montañas y volcanes. Si bien, generar ingresos derivados de la naturaleza no está mal, sí empieza a estarlo cuando es en detrimento de ella.
Existen cientos de casos y ejemplos para denotar que no solo es una especulación lo aseverado previamente: casos como la erosión y pérdida de los cauces del Río Frío debido a la minería no metálica[4]; hoteles millonarios en Guanacaste que construyen sobre manglares, como el Hotel Riu, que fue condenado a restituir el manglar destruido en razón de que estaba dentro de una zona protegida (ilusamente, debido a que donde hubo un manglar siempre habrá manglar)[5] e igualmente se otorgó el permiso y la evaluación de impacto ambiental fue positiva en su momento; evaluaciones de impacto ambiental favorables emitidas por SETENA que demuestran una flagrante negligencia al realizar ciertas evaluaciones de forma muy escueta para permitir el avance de grandes inversiones, así como la cooperación de las municipalidades; el auge de los tajos; los asesinatos de líderes ambientalistas como el de Jairo Mora o bien, intimidaciones legales mediante el uso de querellas y demandas multimillonarias para intimidar a aquellos que levantan la voz ante estos actos contrarios a la ley, que violan el principio pro natura y de conservación, tal y como ocurrió con el activista ambiental Juan Bautista.
Actualmente ha habido un crecimiento extrañamente acelerado dentro de las ZMT bajo régimen de concesión, donde vasta cantidad de los propietarios son extranjeros que usualmente ni viven dentro de Costa Rica. Se supone que la regulación de dicho sistema es para el correcto uso y disfrute de un “desarrollo turístico sostenible”.
El ICT define el anterior término de la siguiente manera:
“El desarrollo turístico sostenible debe verse como la interacción balanceada entre el uso apropiado de nuestros recursos naturales y culturales, el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales, y el éxito económico de la actividad; además tiene que contribuir al desarrollo nacional. Sostenibilidad turística no solo es la respuesta a la demanda, sino es una condición indispensable para competir con éxito ahora y en el futuro. (Definición de Sostenibilidad Turística, CST 1997)”[6].
Si analizamos detenidamente dicha definición, a más de uno le ha de llamar la atención que este sea uno de los principios rectores para el desarrollo de los polos turísticos y zonas dentro de este régimen especial de concesiones. Ejemplos como el de Zapotal comprueban lo contrario, la deforestación que hubo en dicha zona tropical afectó gravemente su biodiversidad, alterando los cruces de biodiversidad y finalmente urbanizando la zona, realizando un impacto y alteración dentro del ecosistema el cual al día de hoy resulta casi imposible revertir.
El mejoramiento de vida de los locales es un argumento utilizado por los grandes empresarios, utilizando como excusa la creación de nuevos empleos para los locales, usualmente no muy bien pagados, de jornadas extensas y que solo aplica para una muy limitada proporción de ellos. Ya se ha sabido de territorios como Nauyaca o Liberia que hay una gran falta de agua cerca de grandes proyectos de hoteles o condominios en razón del desviamiento de los cauces de abastecimiento acuífero.
Les invito a leer el presente artículo para ahondar más sobre este tema: Agua, empleo e infraestructura: las deudas eternas del país con Guanacaste | Teletica
Hemos llegado al punto en donde, dentro de la campaña electoral y una vez ya en el podar resulta rentable políticamente o bien, se atreven a proponer la minería a cielo abierto y exploración de gas natural (en campañas como la de Fabricio Alvarado o Laura Fernández)[7], actividades que claramente tienen riesgos ambientales ante la existencia de especulación de ingreso que se tiene de previo a realizar las intervenciones.
Estamos en un momento donde la Costa Rica verde es solo una fachada, donde quizás el gobierno y las empresas se tachan de ecologistas por tener una Bandera Azul o el sello de Esencial Costa Rica.
La flora y la fauna de nuestro país nos necesitan. Compartimos país con ellas; debemos protegerlas de nosotros mismos. Ahora más que nunca es peligroso, porque se relega lo ambiental a un segundo plano en nombre de consignas tales como el “desarrollo sostenible” o el “progreso económico”.
Como ciudadanos, tenemos el poder y la obligación de proteger y vigilar nuestros bosques, ríos, playas, mares, montañas, volcanes y todo otro lugar que nos fue entregado antes de iniciar a llenar de concreto nuestra tierra.
El vigilar y fiscalizar a nuestras autoridades es un deber que tenemos como ciudadanos. La flora y la fauna no pueden defenderse por sí solos, por lo cual, corresponde a nosotros cuidarlos y hacer valer sus derechos frente a los grandes intereses económicos, las desarrolladoras, inmobiliarias y los políticos que ceden nuestra soberanía ante el mejor postor.
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[1] Centro Científico Tropical pide al Minae mantener prohibición sobre la tenencia de lapas, loros y pericos como mascotas
[2] Ley de armonización eléctrica rompería el monopolio del ICE en el mercado eléctrico centroamericano | La Nación
[3] Red de juventudes climáticas cuestiona permiso de tala en Playa Panamá
[4] Piedra a piedra los ríos del país están muriendo • Semanario Universidad
[5] Un tribunal de Costa Rica reclama a RIU demoler parte de un hotel y restituir el manglar de una zona protegida – Infobae
[6] Sostenibilidad Turística CST – Instituto Costarricense de Turismo | ICT
[7] Exploración de gas y petróleo es una posibilidad para el gobierno de Laura Fernández | La República
