Defender el futuro de una sociedad exige responsabilidad, diálogo y madurez democrática. La protesta es un derecho; la destrucción no puede convertirse en una estrategia política.
La convocatoria del exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, bajo la consigna «Salgamos a defender el futuro de la sociedad costarricense», invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿cómo defendemos el futuro de Costa Rica sin poner en riesgo la convivencia democrática que tanto nos ha costado construir?
La referencia a las movilizaciones de España y Francia merece un análisis cuidadoso. Ambos países han experimentado protestas por decisiones gubernamentales, reformas sociales, el costo de vida y las dificultades de acceso a la vivienda, entre otras causas. Algunas manifestaciones han sido pacíficas y han expresado legítimas demandas ciudadanas; otras han derivado en enfrentamientos, daños a bienes públicos y privados y afectaciones a terceros.
La distinción es esencial: protestar no es destruir, disentir no es agredir y defender derechos no significa desconocer los derechos de los demás.
Costa Rica debe aprender de las experiencias internacionales, no reproducirlas sin examinar sus consecuencias. La movilización ciudadana es un instrumento legítimo de la democracia, pero pierde su valor constructivo cuando la confrontación desplaza al diálogo, la violencia silencia los argumentos o la destrucción termina perjudicando a la propia sociedad.
Defender la educación exige propuestas y responsabilidad
Si la convocatoria de Robles busca defender la educación pública, el debate debe concentrarse en cómo garantizar su calidad, sostenibilidad, cobertura y capacidad para generar oportunidades. Estos objetivos requieren argumentos fundamentados, políticas viables y voluntad de negociación.
Marchar, manifestarse y acampar pacíficamente son formas legítimas de participación ciudadana, siempre que se respeten los derechos de terceros y las disposiciones legales aplicables. Por eso, el cuestionamiento no debe dirigirse contra la protesta como tal, sino contra cualquier forma de presión que pretenda sustituir el diálogo, obstaculizar injustificadamente el funcionamiento institucional o legitimar la violencia.
Quienes ejercen liderazgo político tienen una responsabilidad especial: explicar con claridad los objetivos de sus convocatorias, promover la participación pacífica y evitar que las diferencias ideológicas se transformen en enemistades irreconciliables. No se trata de atribuir intenciones que no han sido demostradas, sino de exigir responsabilidad en el ejercicio del liderazgo público.
Esta responsabilidad también alcanza al Gobierno y a las instituciones, que deben escuchar las demandas legítimas, explicar sus decisiones y ofrecer respuestas concretas. Una democracia se debilita tanto cuando las autoridades ignoran a la ciudadanía como cuando los actores sociales renuncian a los mecanismos pacíficos para resolver sus diferencias.
Construir es más difícil que confrontar
Costa Rica enfrenta desafíos importantes en educación, seguridad, economía y confianza institucional. Resolverlos exige algo más que consignas y movilizaciones: demanda propuestas, acuerdos, evaluación de resultados y capacidad para reconocer que ninguna posición política posee todas las respuestas.
El diálogo no significa renunciar a los principios ni aceptar decisiones con las que se está en desacuerdo. Significa defender las convicciones con argumentos, escuchar las objeciones y buscar soluciones cuando existan espacios para el entendimiento. La ecuanimidad tampoco es indiferencia; es la capacidad de actuar con serenidad y juicio, incluso cuando las diferencias son profundas.
Nuestro país no necesita elegir entre permanecer callado o lanzarse a la confrontación. Puede exigir cambios, fiscalizar al poder y defender sus derechos mediante una participación firme, organizada y respetuosa de la democracia.
La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su capacidad de confrontar, sino por su habilidad para resolver los conflictos sin destruir los puentes que permiten convivir.
El futuro de Costa Rica no se defiende destruyendo aquello que nos permite construirlo.
Si aspiramos a una educación de calidad, instituciones responsables y mayores oportunidades, debemos trabajar por esos objetivos con propuestas concretas, respeto a la legalidad y compromiso ciudadano. Necesitamos dirigentes que convoquen para resolver, autoridades dispuestas a escuchar y ciudadanos capaces de disentir sin convertir al adversario en enemigo.
Defender el futuro costarricense debe significar construir un país más justo, próspero y democrático. Porque una democracia madura no exige que todos pensemos igual, sino que seamos capaces de construir juntos, aun cuando pensemos diferente.
