70 veces la ciudadanía ha solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones llevar a cabo una consulta popular, llámese un referéndum, de los cuales sólo una vez ha recibido visto bueno. Sólo una vez hemos votado y ejercido la democracia directa en mi país.
Costa Rica es reconocida en la región por haber mantenido un estatus de paz, seguridad y alternancia en el poder por parte de los partidos políticos. Una ciudadanía que ha respondido sistemáticamente al llamado de las urnas en ambientes más bien festivos.
La alerta de que algo no estaba tan bien como parecía han sido los numerosos casos de corrupción detectados en los últimos años, donde prácticamente todos los partidos políticos de todos los colores han estado involucrados.
La impunidad ha sido la tónica.
Obviamente la complicidad de parte de los poderes legítimos y fácticos no se puede negar.
La ciudadanía despierta había evaluado a todos esos gobiernos con resultados pésimos como era de esperarse sin embargo nunca lo supimos. Estadísticas que venimos a conocer hasta estos momentos.
El actual gobierno como una excepción bien merecida por la ciudadanía ha recibido muy buenas calificaciones, inusitado, algo nunca antes visto, por nosotros.
Dos proyectos que prometen desarrollo y avance para el país han ocasionado la necesidad de convocar a un referéndum, dado que las así llamadas instituciones no funcionan como pensábamos.
Siete de cada diez costarricenses están de acuerdo con la convocatoria a una consulta para determinar la relevancia y la anuencia de la democracia o del soberano para el desarrollo del país de ambas propuestas. Una es la construcción de los edificios necesarios para albergar las instituciones del gobierno o del Estado más bien. Y la otra la construcción de una marina turística en el puerto de Limón en el caribe, una región devastada por temas de seguridad ciudadana.
Los proyectos en cuestión han sido propuestos desde hace varios gobiernos atrás. Ninguno se ha empeñado en su puesta en marcha y desarrollo. Muchos intereses se ciernen como obstáculos involucrando a las instituciones y a intereses opacos de familias particulares e influyentes.
La ciudadanía y el gobierno unidos, como nunca antes desde lo que se conoce como la Segunda República 1949, las instituciones secuestradas por intereses espurios, y la democracia en vilo.