Costa Rica está a las puertas de una segunda ronda electoral para decidir entre el candidato oficialista, Carlos Alvarado, y un representante del sector conservador-fundamentalista del país, Fabricio Alvarado. Esta decisión ha llevado a la virtual polarización de la ciudadanía en torno a temas relacionados a los Derechos Humanos, lo cual convierte esta elección en una de las más llamativas y delicadas de los últimos años en el país.
Como se mostró en medios costarricenses e internacionales, es inevitable sorprenderse y a la vez interrogarse sobre las razones y motivaciones subyacentes en una sociedad –que se ha preciado históricamente de abanderar el respeto por los Derechos Humanos- para dividirse en torno a ello. Las preguntas son muchas, las respuestas, pocas.
¿Qué sucedió?
Todavía entre julio y setiembre de 2017 Fabricio Alvarado, el candidato presidencial del partido de corte religioso – conservador, Restauración Nacional, no figuraba en los primeros lugares en la intención de voto de los costarricenses con miras a las elecciones del 4 de febrero de 2018. Hasta ese momento, eran los candidatos del tradicional Liberación Nacional y de un partido minoritario, Integración Nacional, los que lideraban las encuestas, basándose en un conflicto personal y ataques al oficialismo y, en conjunto con las otras 11 candidaturas, abordando tímidamente los temas más delicados de la política y economía costarricense actual como la urgencia de una reforma fiscal o la parálisis legislativa.
Pero todo cambió en la segunda semana de enero de 2018 cuando se hizo pública la Opinión Consultiva OC- 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual este organismo, con sede en Costa Rica, y a raíz de una consulta realizada en mayo de 2016 por parte del gobierno de Luis Guillermo Solís, determinó que deben ser reconocidos los plenos derechos a las parejas del mismo sexo, así como que debe permitirse el cambio de género en los registros civiles. Este hecho determinó el resultado de la primera ronda, y creó un cisma que caló en las bases mismas de la sociedad costarricense, exponiendo los Derechos Humanos como un eje transversal de polémica.
A partir de ese momento, Fabricio Alvarado redireccionó su discurso en contra de la resolución de la Corte, argumentando que dicha decisión iba en contra de los tradicionales valores costarricenses y de la familia, expresado como el núcleo fundamental de la sociedad. Y esto podría no ser sorprendente viniendo de un candidato que es a su vez cantante y motivador en iglesias cristianas, lo asombroso fue la discusión nacional que se generó alrededor del tema, evidenciando dos Costa Ricas muy distintas, que difieren particularmente en torno a la interpretación de un elemento que nunca había sido tan controversial, los Derechos Humanos. Pero antes de continuar, obsérvese que esto pudo ser no tan inesperado.
Indicios
Si bien este fenómeno, por su magnitud y la coyuntura, son inéditos, el principio en el que se basa, no. Y esto pone a la sociedad costarricense contra su posición oficial histórica frente a los Derechos Humanos.
Costa Rica se ha caracterizado históricamente por la defensa de los Derechos Humanos en los foros internacionales, al tiempo que es firmante recurrente de todas las declaraciones y convenciones que los garanticen o profundicen; inclusive existe reputación internacional, lo cual le ha llevado a liderar iniciativas alrededor del tema. Pero, a nivel de la sociedad costarricense, esto dista mucho de ser generalizado.
Por muchos años existió un mito fundador de la nacionalidad costarricense que caracterizaba a sus ciudadanos como ‘igualiticos’, aludiendo a una supuesta homogeneidad étnica y a una excepcionalmente baja desigualdad social, basado ello en una morbosa y permanente comparación con los demás países del istmo centroamericano. Esta perniciosa autopercepción explotó con el tiempo para desenmascarar una sociedad que creó ciudadanos de segunda categoría, los cuales no coincidían con la élite de ‘igualiticos’, lo que conllevó a su exclusión, y, sobre todo, a normalizar una percepción de que todos los Derechos Humanos son para algunos, no para todos.
Es redundante profundizar en el arraigo de las percepciones negativas sobre los nicaragüenses radicados en el país, indistintamente de su condición jurídica, así como, más recientemente, sobre los colombianos. Estos inmigrantes son vistos, en términos generales, como parte de esas personas de segunda categoría, por lo cual es normalizada la violación de sus derechos laborales, evidenciado en salarios menores, jornadas extensas, y en muchos casos, omisión de un proceso formal para integrarles al sistema de seguridad social. Aquí la exigencia de los Derechos Humanos no es tan vehemente, y muchas veces es simplemente ausente.
No haber nacido en Costa Rica por ‘el azar de las fronteras’, parafraseando al académico español Juan Carlos Velasco, es una razón para ser interpretado como ciudadano de segunda categoría. El gobierno de Luis Guillermo Solís, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, inició una política penitenciaria basada en el respeto de los Derechos Humanos de la población privada de libertad, lo cual llevó a una escalada de violencia verbal por parte de un sector de la sociedad costarricense –azuzada por los medios masivos- indignada por el trato digno a esta población, verbalizándolo como una ‘alcahuetería’. Es decir, su condición provisional de privados de libertad les convierte en sujetos merecedores de que sus Derechos Humanos sean restringidos.
El Estado también ha contribuido históricamente con el establecimiento de ciudadanías de segunda categoría, con la exclusión de las poblaciones indígenas, rozando muchas de sus políticas públicas con el Derecho Humano de la Autodeterminación de los Pueblos. Nómbrese también las mujeres que ven violentados sus derechos en el trajín del día a día con el acoso callejero, muy arraigado en la sociedad costarricense.
De vuelta a las elecciones
Los antecedentes brevemente expuestos fungen como evidencia de una parte de la sociedad costarricense que asume los Derechos Humanos desde una óptica particular, a partir de concebir personas de segunda categoría, esto debido a razones diversas como elitismo, desconocimiento, diferencias culturales o, simplemente un miedo al otro, al desconocido.
En el caso de la coyuntura electoral actual, ese otro se ve representado en la población LGBTI. La fuerte exposición de éstos a partir de la Opinión Consultiva de la CIDH, abrió una discusión que profundizó el distanciamiento que se hace de ellos, y la visualización como sujetos de derechos. En el sector opositor al dictamen de la Corte –de acatamiento obligatorio- no existe duda de que los Derechos Humanos de esta población no deben ser los mismos de los que heterosexuales.
Y este discurso fue capitalizado en intención de votos por el ultraconservador Fabricio Alvarado, a partir de la defensa de la ‘familia tradicional’ y un verbo en código religioso que logró unir católicos y protestantes bajo una misma bandera. Y, aunque moderó su discurso, Alvarado propuso inclusive sacar a Costa Rica de la CIDH bajo el argumento de injerencia en los asuntos internos, lo cual también se convirtió en tema de debate entre académicos, políticos y sociedad civil.
Derechos Humanos: una incógnita
El 1 de abril se decidirá el próximo presidente de Costa Rica. Y la retórica de Fabricio Alvarado ha insinuado que estas elecciones serían también una suerte de plebiscito sobre la Opinión Consultiva; lo que no queda claro es que implicaciones tendría de salir electo. Pero el hecho de liderar las encuestas planteó ya un resultado: la divisibilidad de los Derechos Humanos dependiendo de quién los exija, aspecto nada novedoso de acuerdo a lo desarrollado en las líneas previas. La ciudadanía de segunda categoría encontró en la clave religiosa la llave para encontrar tierra fértil y crecer; ahora depende de la sociedad costarricense establecer mecanismos para encontrar el mea culpa que inicie un lento proceso para la comprensión de los Derechos Humanos como factor ineludible de una democracia de la cual Costa Rica se ufana constantemente.
Nota curricular
José Daniel Rodríguez es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de esta universidad en temas de migración, refugio, trata de personas y Derechos Humanos. Actualmente cursa la Maestría en Comunicación y Desarrollo e iniciará estudios de Maestría en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III en Madrid, España.
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