En cuatro décadas la descomposición de la clase política y la corrupción se han enquistado hasta los más altos niveles. El país ha visto como algunos ex presidentes y funcionarios públicos han sido señalados y hasta acusados de incurrir en actos de corrupción.
Está claro que descalificar a toda la clase política es desproporcionado e injusto. Sin embargo muchos de esta élite siguen en una galopante corrupción, que además de distorsionar y viciar los esfuerzos de fortalecer la democracia, está restando legitimidad al propio sistema democrático.
Se ha perdido toda confianza no solamente en los políticos, sino en la política misma. Lo cual nos coloca frente a un círculo vicioso, donde la política carece de credibilidad y atrae a perfiles mediocres, que terminan agravando la baja calidad de la democracia.
La corrupción, más que un concepto abstracto, es un monstruo que afecta al país en todos los niveles de su vida institucional, lesionando las finanzas públicas, la educación, la salud y la oportunidad de desarrollo y progreso de los pueblos.
En el aspecto moral, tiene, al igual que el narcotráfico, el efecto negativo de convertirse en paradigma para las masas carentes de formación en valores, cuyos miembros tratan de ascender económica y socialmente por esta vía.
La corrupción impide el crecimiento económico al elevar los costos y socava la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, quebranta los derechos humanos fundamentales, agrava la pobreza e incrementa la desigualdad al desviar fondos de la atención de la salud, la educación y otros servicios esenciales.
Costa Rica debe fortalecer y cuidar la base democrática y por ningún motivo claudicar en la consecución de sus objetivos: una sociedad libre, representativa, participativa e inclusiva. En donde todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan opinar y debatir en torno a lo que políticamente le conviene al país.
Los costarricenses estamos obligados a ir más allá de lo que debe hacer la clase política: debemos pensar cómo remodelar nuestra democracia, plantearla como una tarea impostergable y urgente.
Es preciso someter el actual sistema a revisión para que sea más abierto, que permita a los ciudadanos tener un Estado que garantice su prosperidad, cooperación, educación, salud y bienestar material.
En este contexto. lo importante es la recuperación de nuestra vida política, que exige en muchos aspectos una reforma a la Constitución. La reforma misma no es un objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades.
Por último, hay mucho temor de que un futuro proceso, añada confusión y caos al panorama. La fatiga de nuestras principales instituciones obliga a su revisión. Costa Rica debe adaptar su constitución a los tiempos presentes y venideros, despojándola de ataduras del pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital.
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