Esta coyuntura histórico-social que acabamos de evidenciar en las pasadas elecciones presidenciales, ha sido sumamente aleccionadora para la democracia de éste país, ya que no solo mostró las dos caras de la idiosincrasia costarricense, en donde por una parte sobresale una faceta progresista, abierta a las diferencias y al diálogo humano en pro del bien común; sino también otra, ultra conservadora y carente de respeto frente a los derechos de las minorías y con posturas sumamente extremas, ante todo aquel que no practique o se someta a su misma línea de pensamiento; aunado a una crisis de un aparato estatal cuestionado en diferentes ámbitos del quehacer público, llámense éstos económicos, políticos o judiciales solo por mencionar algunos.
Por otra parte el 60,8% de la población con poder de decisión a través del sufragio, consideró que los conflictos socio-políticos y económicos dentro de ésta Nación, se enfrentan a través de un diálogo abierto, constructivo y sobre todo, fundamentado en la razón, en aras a la conformación de una Tercera República en progreso y a favor de la democracia.
Porque el ciudadano costarricense en éste siglo XXI, vive más allá de imperativos inescrutables de orden populista y oportunista políticamente hablando, instaurados desde hace décadas, por los mismos sectores tachados de practicar masivamente el clientelismo, ante los más desposeídos. Y donde el cabildeo inherente a toda campaña electoral, se ha prostituido en contra del sano ejercicio de la democracia ante los sectores más críticos. Ya que sus argumentos si es que contiene algunos, giran en torno a la desinformación pública y el ofrecimiento de bulas o indulgencias económicas de tercera o cuarta generación y ni que decir categoría.
Sin embargo, el norte del quehacer político ha logrado enrumbarse en relación a los desafíos que debemos enfrentar todos los costarricenses comprometidos, en pro del desarrollo de un verdadero Estado Social de Derecho, en donde las necesidades básicas, sean solventadas no solo con limosnas cada cuatro años, sino con educación y capacitación real; fundamentada en los planteamientos de una sociedad inclusiva para enfrentar los embates de las fluctuaciones del mercado nacional e internacional, mediante una participación que debería incrementarse cada vez más, por parte de diversos sectores económicos, aunados a los aportes de una sociedad civil en pro del bienestar de todos.
Los retos en el avance hacia la conformación de una Tercera República, requieren el compromiso verdadero no solo en el discurso, sino también en la práctica de los partidos políticos que constituyen el parlamento, como base de una nueva forma de administración del Estado, más allá del bipartidismo de viejo cuño que agotó su discurso en ésta pasada campaña electoral; donde la nueva coyuntura histórico-social obligó a los verdaderos Políticos a conformar gobiernos de Unidad Nacional en pro del desarrollo de un país, que debe acoplarse a las transformaciones y cambios del devenir histórico-social de ésta democracia en favor de toda la sociedad.
Sin embargo para los políticos de siempre, es evidente que la lección no ha sido aprendida ya que continúan renuentes ante el llamado del nuevo Presidente, a construir un gobierno de Unidad Nacional donde se trabaje para todas y todos, sin colores políticos de por medio. Debido a que más allá de que el ciudadano costarricense se considere sumamente individualista, los partidos políticos también lo son como representantes de las sociedades mercantiles en que se han convertido, solo llegando al plenario a trabajar por sus propios intereses y no por los de todo el Pueblo.
Por tanto, en esta Asamblea Legislativa fragmentada política e ideológicamente quedarán expuestos una vez más, los partidos tradicionales y sus representantes ante la sociedad, si no prestan su apoyo a los ofrecimientos de gobernar en conjunto, aportando ideas que sirvan para el mejoramiento de ésta Nación y así, sacar de la crisis económica, política y social a Costa Rica de una vez por todas.
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