Desde su explosión en la década de los 90´s la corrupción ha irrumpido como un factor disruptivo en la realidad nacional e internacional. Este ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y estado.
La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática, etc., son algunos de los problemas que se atribuyen a la acción de la corrupción.
Las nuevas tecnologías de comunicación e informática, han acrecentado el impacto de ciertas prácticas corruptas. La experiencia muestra que la corrupción se vale de los paraísos fiscales, la existencia de monopolios, la evasión impositiva, la licitación de grandes obras civiles, y la privatización de empresas estatales.
Desde la óptica social, la corrupción se ha instalado como factor determinante de los escenarios de extrema pobreza que padecen grandes proporciones de nuestros ciudadanos, ya por mucho tiempo y en total desesperanza.
Lamentablemente Costa Rica, es pródiga en ejemplos de corrupción de diversa índole. Hemos sido testigos de numerosos fraudes, malversación de fondos, y clientelismo político con, el consecuente daño que le provocan a la economía y el desgaste que le provocan al sistema democrático.
En términos generales, el mayor efecto de la corrupción política, es la impotencia e incapacidad del Estado y los efectos nefastos que poco a poco van golpeando la capacidad del Estado de recaudar impuestos; de implementar políticas de desarrollo coherentes y racionales; de redistribuir los recursos entre los diferentes grupos y regiones; de transformar para bien la sociedad siguiendo prioridades sociales y políticas.
Está claro que en estas condiciones, surge un enrarecido clima de inseguridad que va desgastando los lazos de confianza interpersonales y los existentes entre la ciudadanía y las instituciones y poderes del Estado. Estas condiciones socavan la legitimidad del gobierno de turno, que también desacreditan toda la cuestión política en sí.
La corrupción es entonces percibida como una falta a la justicia social que amenaza, más allá de los distintos sistemas políticos y posibles estructuras de las instituciones, con capturar al Estado y reducirlo a un conjunto inorgánico de luchas de poder.
Por último, tenemos un sistema de corrupción institucionalizada en el que se instalaron con el paso del tiempo modalidades corrientes de lograr de manera continua beneficios personales a expensas de un bien público.
Lo que supone que nos encontramos entonces ante organizaciones cuyas estructuras favorecen el aprendizaje de la operatoria de la corrupción; todas con cierta forma legítima que directa o indirectamente ofrece un velo para la impunidad y que además poseen una forma de coerción, que desalienta a aquellos que intentan denunciar el fenómeno corrupto.
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