Uno de los objetivos de los Juegos Deportivos Nacionales, es dejar un legado de infraestructura deportiva de primer nivel para las comunidades que tiene la oportunidad de ser su sede. Lamentablemente, en el caso de San Carlos, esa herencia fundamental para el futuro de las próximas generaciones, está altamente cuestionada por el mal uso de los recursos públicos otorgados.
A la municipalidad de dicho cantón se le entregaron 1300 millones de colones para obras. Se hizo un mal uso de esos recursos y el alcalde debe responder por sus errores.
Según el ICODER, solo 360 millones de colones se ejecutaron de manera adecuada. Otros 940 millones fueron mal ejecutados. Los procesos se realizaron de una manera tan irresponsable, que al alcalde no le importó ni siquiera violentar la Ley de Contratación Administrativa e hizo pagos adelantados para el 100% de las obras, contraviniendo la normativa legal establecida.
A pesar de las advertencias de los medios de comunicación, se contrató a una empresa cuestionada por los pésimos trabajos que ya había realizado en los juegos deportivos de Limón y Cañas, aunque había otra empresa acreditada ofertando por 111 millones de colones menos.
En muchas ocasiones, la comunidad sancarleña hizo las denuncias y se manifestó contra la mala ejecución de las labores de construcción. Pero a pesar de todos los llamados de atención, el alcalde hizo caso omiso y permitió que continuara todo por el mismo camino.
¿El resultado? Un desastre. Hoy la mayor parte de las obras presentan problemas infraestructurales con desprendimiento de capas asfálticas, morteros y pinturas. Según varios expertos, obras como la cancha de atletismo, la cancha de voleibol de playa y patinódromo son hoy, un año después, inservibles.
Todo esto es grave y triste. Se jugó con dinero público que pertenece a todos los costarricenses y que se depositaron en las manos de la municipalidad para que se ejecutaran de la mejor manera posible.
El Ministerio Público debe ser expedito y aplicar todas las normas legales para que se haga justicia. Además, el señor Alcalde debe venir a la Comisión Legislativa de Control y Gasto Público a dar explicaciones.
