La corrupción imperante, y los actos de corrupción más recientes han puesto en evidencia el posible mal manejo de los recursos económicos y las decisiones políticas de alto impacto.
Costa Rica está profundamente impactada y escandalizada de que los recursos públicos que tienen su origen en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que cumpliendo sus obligaciones fiscales, contribuyen a hacer posible políticas públicas solidarias, estén repartiéndose entre crápulas.
Es hora de que la corrupción sea considerada un problema económico porque tiene implicaciones significativas sobre el funcionamiento de la economía: la corrupción reduce la calidad y efectividad de las políticas económicas que realiza el Estado, distorsiona el diseño y la aplicación de la regulación, y entraba y ensucia el accionar de la justicia.
La evidencia empírica sugiere que el efecto negativo de la corrupción se observa tanto en menores tasas de inversión y crecimiento, como en menores niveles de igualdad y bienestar social. Ciertamente, la óptica económica no es la única; la corrupción tiene implicancias éticas, políticas, y sociales.
Son numerosos los casos de corrupción que han aflorado en Costa Rica en los últimos años, causando una abrumadora percepción de inmoralidad en todo el país. En ellos están involucrados políticos de diversos partidos, pero también empresarios y profesionales.
El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos.
Es evidente que la corrupción hace mucho daño: crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, detrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y rompe el principio de legalidad.
La participación de la ciudadanía para enfrentar a la corrupción es una condición indispensable para obtener resultados positivos y sustentables, y transformar el sistema normativo es prioritario.
La sociedad debe ocupar una posición central en la estrategia para combatir la corrupción porque estamos ante un problema sistémico, que se construye sobre la base de situaciones y acciones cotidianas.
La corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y el Estado, es una bomba de tiempo que se incuba en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor relevancia social cuando afecta lo público.
El origen de la corrupción no es la flaqueza moral de las personas, es la necesidad de resolver problemas prácticos y la oportunidad de sacar ventaja ante la ausencia de un árbitro imparcial y legítimo (la ley) que vigile las transacciones entre personas.
En resumen, la desviación permanente de fondos de lo público a lo privado frena el desarrollo de los pueblos.
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