Costa Rica tiene ya muchos años de estar sumida en la discusión sobre el manejo de las finanzas públicas.
Hay quienes sostienen que el Estado es un mal administrador de los recursos económicos y que no sabe definir prioridades de gasto. Sin embargo, no debemos olvidar que existen muchos casos que ponen en evidencia el desconocimiento, el desinterés y la escasa supervisión con que actúan algunas instituciones públicas.
En la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa recibimos en audiencia a la Contralora General de la República, señora Marta Acosta Zúñiga, quien se refirió a los resultados de una auditoría de carácter especial sobre la gestión del otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Creo que nadie podría dudar del rol que cumple el IFAM y de su contribución para el desarrollo comunal.
Su ley constitutiva le impone la obligación de fortalecer el régimen municipal, estimular el funcionamiento eficiente de los gobiernos locales y promover el constante mejoramiento de la administración pública municipal.
Para tales efectos, puede conceder (entre otras funciones) préstamos a las municipalidades a corto, mediano y largo plazo para financiar proyectos de obras, servicios municipales y supervisar su aplicación.
No podría negarse el hecho que el financiamiento de las corporaciones municipales mediante el endeudamiento ha tomado importancia en los últimos años, como medio de apalancamiento financiero que les permite potenciar el desarrollo de sus comunidades y mejorar la prestación de los servicios básicos. No obstante ¿Quién verifica correctamente que éstas tengan capacidad de pago?
Según datos del órgano contralor, de 2014 a 2017, 67 gobiernos locales incorporaron en sus finanzas recursos provenientes de préstamos por un monto de ¢58.401 millones, de los cuales cerca del 30%, es decir, unos ¢17.575 millones fueron girados por el IFAM.
Pero ¿En dónde radica el problema con estos préstamos? Según los hallazgos de la auditoría, en 2017 el IFAM aprobó 20 operaciones de crédito por un total de ¢16.682 millones y en cada una de ellas, se lograron acreditar incumplimientos, inconsistencias, debilidades o escasos controles de fiscalización.
Por ejemplo, el IFAM no realiza actividades de verificación o revisión de los requisitos mínimos para formalizar un crédito, ni el análisis para establecer las condiciones crediticias del proyecto; no existe uniformidad de criterio en cuanto a la fijación de las tasas de interés; no hay metodologías que permitan valorar y administrar riesgos crediticios.
Además algunos créditos se otorgaron con porcentajes de comisión administrativas menores al que establece la normativa vigente, e incluso en dos de ellos se omitió el cobro de dicho rubro.
¿Saben cuánto dinero perdió la institución solo por el no cobro de comisiones? ¢185 millones. ¿Y quién se ha hecho responsable de tales desaciertos? Nadie.
En síntesis: ya sea por omisión, descuido o ineficiencia administrativa, lo cierto del caso es que tales negligencias ponen en entredicho el buen uso de los fondos públicos, los procesos de rendición de cuentas, la transparencia con que actúan los jerarcas del IFAM y, quizás lo más inquietante, la estabilidad y confiabilidad financiera de la institución.
No se vale decir ahora, por parte de sus autoridades, que apenas están iniciando funciones y que se encuentran en una fase de aprendizaje sobre el manejo institucional. ¿Acaso olvidan que nos encontramos en el quinto año de gobierno PAC? ¿Será que aún no aprenden a gobernar y se siguen sintiendo oposición?
Hago un respetuoso pero vehemente llamado a quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir al IFAM, para que los recursos no solamente se asignen a verdaderos propósitos de fortalecimiento municipal, sino que además se adopten todas las medidas que sean necesarias a fin de resguardar y garantizar un buen uso de los dineros que aportamos todas las personas de este país.
Ya es hora de sentar las responsabilidades del caso. Ya es hora de poner en regla aquellas instituciones que hacen “festín” con fondos públicos y que parece, viven en una realidad diferente a la crisis fiscal y financiera que hoy enfrentamos.
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