En cada proceso electoral, Costa Rica se mira al espejo de su propia historia. Pero pocas veces, como ahora, ese reflejo ha sido tan claro y tan incómodo a la vez. De cara al próximo 1.º de febrero, el país no solo elige una presidenta o un proyecto de gobierno: elige entre dar continuidad a un proceso político disruptivo o volver a una zona conocida, cómoda y, para muchos, agotada.
La pregunta que atraviesa el debate nacional no es nueva, pero sí adquiere una dimensión distinta: ¿continuidad o no continuidad? Y más aún: ¿qué entendemos realmente por continuidad?
Durante más de cuatro décadas, Costa Rica ha vivido una continuidad silenciosa. Cambiaron los partidos, cambiaron los liderazgos, incluso cambiaron los discursos, pero el modelo de gestión del poder se mantuvo sorprendentemente similar. Fue una etapa marcada por consensos amplios, avances institucionales y estabilidad democrática —valores incuestionables—, pero también por una creciente incapacidad para adaptarse a los cambios sociales, económicos y culturales del país.
Ese ciclo comenzó a mostrar señales de desgaste: un Estado pesado, trámites interminables, deuda creciente, desconfianza ciudadana y una política cada vez más distante de la gente común. No fue una crisis repentina, sino una acumulación de decisiones postergadas.
La llegada de Rodrigo Chaves a la Presidencia rompió esa lógica. No tanto por una ideología radical, sino por un estilo frontal, una narrativa distinta y una voluntad clara de incomodar estructuras que durante años parecieron intocables. Para algunos, fue confrontación; para otros, fue una sacudida necesaria. Lo cierto es que el tablero político cambió.
Hoy, cuando se plantea la continuidad del chavismo en la figura de Laura Fernández, el dilema se vuelve más complejo y más interesante. No se trata de perpetuar un liderazgo personal ni de replicar una gestión sin autocrítica. Se trata de decidir si el país está dispuesto a consolidar un proceso de cambio, ajustarlo y llevarlo a una etapa de mayor institucionalidad y madurez política.
Laura Fernández encarna esa posibilidad. Su perfil técnico, su experiencia en gestión pública y su cercanía con el núcleo de decisiones del actual gobierno la colocan como una figura capaz de dar estabilidad sin renunciar a la transformación. Continuidad, en este caso, no significa repetir errores, sino aprender de ellos; no significa cerrar el diálogo, sino ampliarlo; no significa improvisar, sino profundizar.
A diferencia de los ciclos anteriores, donde cada nuevo gobierno parecía comenzar desde cero —deshaciendo lo hecho por el anterior—, Costa Rica enfrenta hoy la oportunidad de romper con la cultura del borrón y cuenta nueva. La verdadera madurez democrática no está en cambiar por cambiar, sino en saber cuándo continuar y cuándo corregir.
Los gobiernos del pasado dejaron una herencia valiosa: educación, paz, institucionalidad sólida. Pero también dejaron desafíos estructurales que nadie quiso asumir plenamente. La continuidad que hoy se propone no niega ese legado; lo reconoce, pero entiende que ya no es suficiente para responder a los retos del presente.
Por eso, el dilema no es ideológico ni personal. Es estratégico. ¿Avanzar sobre lo iniciado o regresar a fórmulas conocidas que ya demostraron sus límites? ¿Apostar por una continuidad que evoluciona o por una alternancia que, en el fondo, se parece demasiado a lo de siempre?
El 1.º de febrero, Costa Rica no decidirá solo quién gobierna, sino cómo quiere gobernarse. La continuidad del chavismo en Laura Fernández puede representar la transición de la ruptura al equilibrio, del golpe en la mesa a la construcción sostenida. No es una promesa de perfección, pero sí una invitación a no interrumpir un proceso que apenas comienza a mostrar sus efectos.
En política, a veces el verdadero cambio no está en girar el timón bruscamente, sino en mantener el rumbo con mayor claridad y responsabilidad. Ahí, justamente, es donde reside el dilema. Y también, la decisión.