En un mundo financiero que cambia a velocidad de vértigo, Costa Rica tiene una elección crucial: actualizar su marco jurídico del siglo XX o quedar rezagada. La propuesta: un sistema que concilie innovación con seguridad, capital privado con desarrollo nacional y tecnología con inclusión.
La Encrucijada Financiera
Imagine a un emprendedor costarricense con una idea brillante para producir bioplásticos. O a una cooperativa agrícola que quiere transitar hacia métodos regenerativos. O a una startup que desarrolla software médico de vanguardia. Todos comparten un mismo obstáculo: acceder a financiamiento en un sistema que parece diseñado para decir “no”.
El Partido Aquí Costa Rica Manda parte de una premisa simple pero poderosa: no puede haber desarrollo nacional sin un sistema financiero que lo respalde. Un sistema moderno, inclusivo y robusto no es un lujo técnico; es el oxígeno que la economía real necesita para crecer, innovar y generar prosperidad compartida.
Nuestra visión se basa en tres pilares irrenunciables: soberanía financiera (Costa Rica debe controlar su destino económico), inclusión (el acceso al capital debe democratizarse) y meritocracia de capital (el financiamiento debe fluir hacia los mejores proyectos, no solo hacia quienes ya tienen recursos).
Visión: Un Ecosistema Financiero para el Siglo XXI
¿Cómo sería un sistema flnanciero a la altura de las ambiciones costarricenses?
Visualicemos a Costa Rica como un hub regional de innovación financiera. Un espacio donde la banca tradicional —con su solidez y experiencia— conviva con mercados de capital ágiles, instrumentos digitales seguros y una banca para el desarrollo, fortalecida y estratégica.
Este ecosistema no sería un fin en sí mismo. Su única razón de ser sería financiar la economía real:
- La PYME que busca exportar por primera
- El proyecto de energía solar que abastecerá a una comunidad
- La empresa de economía circular que transforma residuos en
Prioridades claras: la descarbonización, la bioeconomía, la inclusión financiera y el fomento de la innovación. El objetivo final es que el ahorro de los costarricenses se canalice hacia proyectos que construyan la Costa Rica del futuro.
Diagnóstico: Un Sistema Anclado en el Pasado
La urgencia de la reforma se hace evidente al analizar las disfuncionalidades actuales del sistema. Nuestro marco legal data de una época sin internet, sin cadenas globales de valor complejas y sin conciencia climática.
- El Peligroso Vacío Legal de los Activos Digitales
Las criptomonedas y los tokens existen en un limbo jurídico. Este vacío genera:
- Incertidumbre para inversionistas y emprendedores
- Alto riesgo para los ciudadanos expuestos a estafas en plataformas no
- Vulnerabilidad al lavado de dinero por la falta de protocolos de debida diligencia
- La negativa a regular no hace desaparecer el fenómeno; solo lo empuja a la sombra, donde no hay protección para nadie.
- La Asflxia Crediticia de las PYMES y Emprendimientos
El motor de la economía costarricense —sus pequeñas y medianas empresas— se ahoga por la falta de combustible financiero. La banca comercial tradicional, comprensiblemente conservadora, exige garantías sólidas e historiales crediticios sólidos que los emprendedores innovadores simplemente no pueden ofrecer.
Peor aún, herramientas que han revolucionado el acceso al capital en otras latitudes, como el crowdfunding o el financiamiento colectivo, carecen de un marco regulatorio en Costa Rica, lo que las mantiene en la informalidad y las desaprovecha por completo.
- La Banca para el Desarrollo Desdibujada
Instituciones como el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) fueron creadas para ser un brazo estratégico del Estado. Sin embargo, en muchos casos han terminado operando como un banco más, con una excesiva aversión al riesgo y a los trámites burocráticos kafkianos. Se han dedicado a competir donde ya opera la banca privada, en lugar de cumplir su misión única: actuar donde el mercado no llega, financiando proyectos de alto impacto nacional que el sector privado considera “demasiado riesgosos” en etapas iniciales.
Hoja de Ruta hacia un Sistema Financiero Soberano y Moderno
Nuestra propuesta se materializa mediante una hoja de ruta concreta y ejecutable, estructurada en tres objetivos fundamentales que se entrelazan para crear un sistema financiero robusto y al servicio del desarrollo nacional. El primer pilar consiste en promulgar una nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores para la era digital, reconociendo que la legislación vigente es un anacronismo que no responde a las realidades tecnológicas y económicas actuales. Esta nueva ley abordará de inmediato dos frentes críticos. Por un lado, creará un marco jurídico claro y seguro para los activos digitales, estableciendo definiciones precisas de los distintos tipos de tokens y exigiendo a las plataformas de intercambio que operen bajo estrictos protocolos de registro, supervisión, seguridad y prevención del lavado de dinero. El objetivo no es avalar la especulación, sino proteger a los ciudadanos, sacar esta industria de la sombra y brindar certeza jurídica a un sector que ya es una realidad global. De forma paralela, se regulará el crowdfunding o financiamiento colectivo, convirtiendo esta herramienta en un pilar de la democratización del capital. Al crear una figura jurídica específica para estas plataformas, se establecerán topes de inversión para proteger al pequeño ahorrante y se exigirá a los proyectos información transparente y veraz, lo que permitirá que artistas, productores agroecológicos e innovadores sociales financien sus iniciativas con el apoyo de su comunidad, de manera segura y supervisada.
El segundo objetivo, igualmente crucial, es reformar y fortalecer el Sistema de Banca para el Desarrollo (BD), transformando su esencia para que deje de ser un actor crediticio más y se convierta en el catalizador estratégico que el país necesita. Esto implica, en primer lugar, redefinir su mandato por ley y reorientar su misión hacia el fomento exclusivo de proyectos de triple utilidad —económica, social y ambiental— en sectores prioritarios como la descarbonización y la economía regenerativa. Su nuevo ADN debe ser el de un inversionista de impacto que actúe como capital paciente, asumiendo riesgos calculados donde la banca privada no llega. Para materializar este nuevo rol, se crearán vehículos de coinversión que permitan a la BD participar en fondos de inversión de impacto junto al capital privado, compartiendo riesgo y utilizando su expertise para apalancar la inversión en sectores estratégicos, multiplicando así el poder del presupuesto público. Finalmente, esta transformación exige modernizar sus operaciones internas, simplificar trámites y, sobre todo, adoptar análisis de riesgo modernos que dejen de depender únicamente de las garantías físicas y valoren el potencial de impacto, el flujo de caja futuro y la calidad del equipo emprendedor.
El tercer pilar, que sirve de base para el éxito de los dos anteriores, es modernizar la arquitectura general de supervisión financiera. Un sistema innovador requiere una supervisión inteligente, ágil y con capacidades reforzadas. Por ello, es imperativo fortalecer la Supervisión Integrada, dotando al órgano supervisor del mercado de valores de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios para supervisar los nuevos instrumentos financieros de manera efectiva, fomentando una innovación controlada que no comprometa la estabilidad del sistema. Complementariamente, se establecerá un “Sandbox Regulatorio” o arenero de pruebas, un espacio controlado donde empresas fintech y emisores de nuevos instrumentos puedan operar temporalmente bajo requisitos flexibilizados y bajo la supervisión directa de la superintendencia. Este mecanismo permitirá probar modelos de negocio innovadores, comprender sus riesgos y diseñar la regulación definitiva de forma informada y basada en evidencia, posicionando a Costa Rica a la vanguardia de la regulación financiera prudente pero no asfixiante. Esta hoja de ruta, en su conjunto, no es un simple listado de acciones, sino un plan coherente y secuencial para recuperar la soberanía financiera y construir un ecosistema que financie el desarrollo regenerativo de la nación.
Conclusión: Una Declaración de Soberanía Económica
La propuesta que presentamos trasciende lo técnico. Es una declaración de principios y un acto de soberanía económica en el siglo XXI.
Al crear reglas claras para la innovación financiera, cumplimos con nuestro principio de pragmatismo responsable. Al reorientar la banca de desarrollo hacia el impacto, honramos nuestro compromiso con el futuro del país.
Se trata, en última instancia, de empoderar a la ciudadanía. De democratizar el acceso al capital para que los costarricenses tengan las herramientas para construir su propia prosperidad. Al hacerlo, enviamos un mensaje claro: Costa Rica está lista para participar con confianza en la economía del futuro, proteger su estabilidad y defender sus valores.
Esta es la ruta para que, en el ámbito financiero, se cumpla la premisa fundamental: Aquí Costa Rica Manda su propio destino.