¿La pregunta es, está la situación económica mala? Para esto debemos analizar el diagnóstico fiscal, la salud del mercado y la salud del estado. Un país puede registrar crecimiento económico en el sector privado (por exportaciones, turismo o inversión extranjera), zonas francas, exportación de equipos, servicios y, al mismo tiempo, tener un Estado ahogado financieramente. Un mal síntoma Margaret Satterthawaite relatora de la ONU nos señala riesgos de los recortes al poder judicial. Será que para Pueblo Soberano es de más interés arropar con inmunidades o atacar al poder para que no avancen investigaciones contra sus miembros o es más importante la salud del país. Cuestionamiento que los costarricenses sensatos deben hacerse.
Estos recortes al Poder Judicial obedecen principalmente a tres tensiones estructurales de la hacienda pública costarricense: A. LA PESADA CARGA DE LA DEUDA PÚBLICA Gran parte de los ingresos tributarios del país se destina a pagar amortizaciones e intereses de deudas acumuladas por décadas. Y se sigue endeudando al país sin una planificación adecuada. Cuando el servicio de la deuda absorbe una porción tan alta del presupuesto nacional, el margen disponible para operar (policía, parques nacionales, infraestructura, tribunales) se reduce de forma drástica. B. APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL La Regla Fiscal (Ley N.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) impone límites estrictos al crecimiento del gasto público según el nivel de endeudamiento del país. Aunque busca prevenir una crisis fiscal mayor, su aplicación automática y generalizada suele recortar por igual tanto el gasto ineficiente como la inversión en seguridad operativa e investigación. C. LA ALTA RIGIDEZ PRESUPUESTARIA El presupuesto de Costa Rica tiene múltiples “amarres” constitucionales y legales (porcentajes fijos dirigidos por ley a la educación, municipalidades, etc.). Al haber tanto gasto comprometido por norma, cuando el Ministerio de Hacienda necesita reducir egresos, los ajustes caen desproporcionadamente sobre el margen discrecional: viáticos, horas extra, plazas vacantes, equipamiento e insumos del Poder Judicial y otros ministerios. Estado gasta más de lo que ingresa en intereses de deuda y requiere frenar el gasto para estabilizar la macroeconomía. Pero sobre todo activar la microeconomía que es en donde no se ha hecho. El choque presupuestario entre el Ministerio de Hacienda y la Corte Plena ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la estructura de justicia frente al crimen organizado. Principales Aristas del Impacto: CAPACIDAD OPERATIVA E INVESTIGATIVA DEL OIJ: La eliminación o reducción de fondos clave para nuevas plazas y subdelegaciones estratégicas (en zonas sensibles como La Cruz, Cabo Velas o Puerto Jiménez) frena la contención del crimen organizado en fronteras y costas. LOGÍSTICA Y PERITAJES DE CAUSA: Los ajustes sobre gastos operativos (combustible, viáticos, peritajes especializados, horas extra y traducciones internacionales) generan embotellamientos en investigaciones complejas de narcotráfico y legitimación de capitales. Un expediente débil en la Fiscalía o sin prueba pericial oportuna deriva en sobreseimientos. EL DILEMA MACRO: La sostenibilidad fiscal del país exige eficiencia en el gasto público. Sin embargo, el recorte indiscriminado en el brazo investigativo del Estado genera una asimetría de recursos frente a organizaciones criminales con liquidez millonaria.
LA PARADOJA DEL DESARROLLO
El riesgo de este escenario es la paradoja de la austeridad: recortar el presupuesto judicial ahorra recursos en el corto plazo para cumplir metas fiscales, pero genera costos económicos y sociales mucho más altos a mediano y largo plazo (mayor criminalidad, costos de inseguridad para los negocios, deterioro del atractivo turístico e inseguridad jurídica).
