Por Gerson Alvarado
Al amparo de nuestra legislación en materia de familia y con la complicidad de quienes disfrutan de sus beneficios, luego de que un hombre, varón, masculino o como quieran llamarlo se divorcia, queda a expensas de su exesposa en varios aspectos de su vida de ahí en adelante.
La frecuencia con que pueda ver a sus hijos o hijas, depende, al menos que se pase por un intrincado proceso legal, de la voluntad de la progenitora, los montos de pensión alimenticia se fijan sin considerar la verdadera situación económica y financiera del padre, la verdadera situación económica y financiera de la madre, las verdaderas necesidades de los menores y el hecho irrefutable de que ambos deben asumir por igual la responsabilidad de velar por las criaturas, se impone el pago de salario escolar sin considerar si quien paga la pensión lo recibe o no.
Como si esto no bastara y sin importar el record de cumplimiento del padre, este tiene automáticamente impedimento de salida del país, como si se tratara de un delicuente, con la diferencia de que no ha cometido el delito. Si la madre quiere, le autoriza la salida, de lo contrario tiene que depositar nada más y nada menos que 14 meses de pensión para poder salir, claro porque cualquier cristiano tiene un año de gastos reservado por aquellas.
Qué le toca a la madre, hacerse cargo de los hijos claro, pero sin dar cuentas eso sí, nadie le pregunta si el dinero se usa para cubrir las necesidades de los menores o para otros asuntos, le toca levantarlos temprano, educarlos, cuidarlos cuando están enfermos, etc, no es fácil, pero ¿estarán dispuestas a ceder esas labores a los padres? No creo. Eso significaría igualarse con ellos y eso no es posible. Ellas están en una posición más cómoda y no tiene sentido abandonarla, gozan de varios privilegios que les permiten incluso decidir sobre la vida de sus exconyugues.
Ahora bien, según reza nuestra constitución todos somos iguales ante la ley, pero resulta que en este caso particular como en muchos otros no se cumple. El hombre pierde derecho a decidir qué es lo mejor para sus hijos, pierde derecho a administrar sus ingresos y como los utiliza para llenar sus necesidades y las de sus hijos, pierde derecho a planear actividades con sus hijos, pierde derecho a rehacer su vida y velar por las necesidades de una segunda familia, no otra, sino una segunda, pierde derecho a salir del país, pierde derecho a quedarse sin trabajo. Todos estos derechos de él le son trasladados a la madre para que sea ella quien los administre y quien decida la suerte que correrán.
Qué derechos tiene la madre, derecho a pensión para ella y los menores, derecho a quedarse con los menores, derecho a usar a discreción la pensión de los menores, derecho a no ir a la cárcel si sus hijos pasan hambre, aunque reciba pensión, derecho a formar una segunda familia con hijos incluidos, derecho a impedir que el padre de sus hijos salga del país, etc. A mí me parece un poco recargado hacia un solo lado.
Más aún, si todos somos iguales ante la ley, ¿quién les pide todas estas cuentas a los padres que no se han divorciado, quién le exige que sus hijos mantengan las condiciones de vida aunque sus ingresos hayan disminuido, quién le exige tener en febrero un ahorro equivalente al aguinaldo para la compra de útiles? No se podría, parecería como que el Estado se está metiendo en la vida privada de los ciudadanos, pero si usted es divorciado, parece que el título de ciudadano no le queda. Usted cometió un delito, se divorció, nadie lo tiene, no quisiera ser mal pensado pero hasta parece una política para impedir divorcios, “piénselo bien, vea a todo a lo que se expone, mejor aguante palo, sufra que para eso nació”.