No puede ser que la rapidez y la eficiencia sean sólo para autorizarse privilegios para sí mismos y menos con los escuálidos recursos económicos de nuestro país, provenientes de los impuestos que pagamos los demás costarricenses y que son para causas más útiles y justas. Hay que sancionar lo que hay que sancionar. Está claro que las sanciones están establecidas y son una parte de las leyes. Con solo llamarse carebarro entre funcionarios públicos, no se resuelve nada.
No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, el caso barrenador y otros casos nuevos en este gobierno, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.
La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, su responsabilidad es por y para Costa Rica, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.
No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. Los procesos electorales tienen mucho que mejorar para proveer, más y mejores políticos y funcionarios públicos, con más y mayores deseos de servir a la Patria. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación única y correcta y, las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB para financiar a la educación pública, por ejemplo. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses.
Necesitamos que por fin, todas las instituciones públicas hagan lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía. Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país.Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.