Y ahora, a qué institución o a cual funcionario le corresponde terminar con esta epidemia de dimes y diretes como forma generalizada de gobernar, pero que no ha servido y obviamente, no sirve para resolver ninguno del montón de problemas que tiene nuestro país? Hay que sancionar lo que haya que sancionar. Y también, obvio, hay que sancionar a quien haya que sancionar. Está claro que las sanciones están establecidas y son una parte de las leyes. Con solo llamarse carebarro y otro montón de calificativos entre funcionarios públicos, no se resuelve nada.
Ahora resulta que gobernar, en el presente, significa estar planeando un futuro gobierno y encima de eso, depender de la obtención, casi nada, de 40 diputados, supuestamente, para ser y hacer un gobierno exitoso. Suponíamos que un cambio de gobierno significaba que el nuevo equipo de gobierno traía un nuevo y completo plan de gobierno para arreglar todo lo que había que arreglar y hacer todo lo que había que hacer, que no habían hecho o habían dejado de hacer los últimos gobiernos. Pero no, por lo visto, gobernar en el presente, significa estar planeando qué hacer en un futuro próximo gobierno y, dependiendo de si se obtiene mayoría absoluta de diputados, casi nada.
Está claro que nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quien arregla a quien? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses. El problema son las personas, no las instituciones ni la institucionalidad.
Es obvio que necesitamos a los 3 poderes de la República más ubicados con la realidad nacional y en beneficio de todos los costarricenses. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a presidentes y a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. Está claro que es demasiado peligroso darle mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa a cualquiera y por eso, mejor, a ningún partido ni candidato político. A diario hemos sido testigos de que con dimes y diretes como forma de gobierno, no se resuelve nada.