Tiempo atrás abordamos el brutal auge de la criminalidad (La crisis de inseguridad, Diario Extra). De modo somero establecimos que la debilidad económica (pobreza, desempleo) constituye un factor causal. Corresponde ahora brindar análisis un poco más elaborados. Hay un sector empresarial débil, urge fortalecerlo, y se cuenta con un aparato estatal retardatario.
Antes se dijo que urgía vigorizar al sector privado, porque por mucho es el mayor empleador. Administraciones anteriores fueron aberrantes y más bien frustraron posibilidades de las empresas, entre otras cosas exigiendo permisos de SETENA a las PYMES, por ejemplo, sodas y talleres (¡Como si una venta de empanadas fuera una central nuclear!). Corrigiendo lo último, la Administración Chaves Robles abolió semejante tontería. No obstante, el asunto va más allá. No solo el gobierno central debe implementar políticas, también otros sectores están llamados a contribuir.
Se requiere asistir al sector empresarial, especialmente a las PYMES. Esto involucra la abolición de la tramitomanía, pero también asesorar a los empresarios, en especial a quienes están empezando (recordemos la alta mortalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas). Las universidades, tanto públicas como privadas, pueden ser de gran ayuda. Siendo conscientes de la grave crisis social, deberían ir más allá de los diagnósticos y generar más conocimiento in situ, con las organizaciones productivas. En consonancia, un aumento sustancial en el número de horas de TCU sería bastante oportuno (por ejemplo, de un 50%), así también la puesta en práctica de múltiples pasantías e investigaciones. Esto a su vez generaría círculos virtuosos, por un lado, haciendo posible una mayor empleabilidad en los graduados, segundo porque las universidades competirían entre sí en aras de promover más espacios y mejores condiciones para esos trabajos en campo, y tercero, merced a la mayor producción de conocimiento de primera mano sobre la realidad productiva. Así, se sugieren cambios educativos con beneficios productivos, políticas como estas se implementan en Asia.
Quizás algunos dirán que se está sobreestimando el rol de la academia en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, no es así, porque estamos en la era del conocimiento y este constituye un poderoso parteaguas entre quienes triunfan y quienes no. Ya desde Amartya Sen sabemos que la renta no lo es todo y que las capacidades juegan un papel muy relevante. Sumado a ello, es un lugar común el rol in crescendo de la tecnología en las actividades productivas, y las habilidades tecnológicas por una parte son preponderantemente prácticas, y por el otro suponen la necesaria adaptación a los contextos específicos de uso, ello en aras de ser efectivas.
Por otra parte, sobre el aparato estatal costarricense, se ha malentendido su función. De tal manera se cree que este se justifica per sé, que todo su accionar es virtuoso, o que su existencia, o más aun, su obesidad, constituye sinónimo de bienestar social. Dicha creencia representa un craso error. Porque las instituciones están para servir (no para servirse), ciertamente proveyendo bienes en algunos casos (salud y educación), pero en buena parte generando procesos. Así, cuando la banca pública funciona igual que la privada y no democratiza el crédito, pues es hora de actuar…
Sobre la virtuosidad o no del aparato estatal, hacía falta una función fiscalizadora como eje transversal en todo el Estado, de tal manera que, si a usted le pagan por enseñar inglés y no lo hace, nombren a otro, si se le contrata para determinar científicamente quién requiere beca, y usted en vez de ello favorece a alguien por interés político, se le procese. No obstante, tales acciones no acontecieron y se creyó que engordando al Estado se solucionaría la pobreza y la marginalidad. Colmo de colmos, algunos siguen pugnando por dar más y más fondos a instituciones, con total desinterés en crear mecanismos que establezcan si esos entes públicos de verdad optimizan las condiciones sociales. Hoy, con índices de pobreza estancados por décadas, se paga el precio. El costo de oportunidad es muy alto, un Estado gordo e ineficiente implica impuestos, tramitomanias, y electricidad cara, lo cual perjudica a quienes crean oportunidades (ya sean empresas locales o foráneas), y a su vez frustra la urgentísima creación de empleos.
Posiblemente usted, que lee este artículo, perciba un desfase entre título y contenido, siendo este último menos pesimista. En realidad, a causa de la dinámica institucional, no es así. Que las universidades realizaran un plan como el descrito sería un sueño, algunos pondrían el grito al cielo (defendiendo una malentendida autonomía, o más allá limitando a esas casas de enseñanza solo al ejercicio de “la crítica”), otros, los acuciosos y bienintencionados dentro de esas instituciones (porque también los hay), toparían con un implacable e insuperable muro burocrático.
Las medidas sugeridas son en su mayoría casi quimeras. Desde los años 90, Costa Rica y en general América Latina no supieron tener estados capaces ni eficientes, aptos para dar oportunidades, pero con inteligencia y estrategia (unos brindan muy poco o nada, otros lo hacen con suma torpeza y corrupción). Para el caso costarricense no se realizó una necesaria reforma liberal que respetara educación y salud como bienes públicos, pero que fiscalizara y que cortara los gastos indebidos y que no cayera en la irresponsable creación de instituciones “a la carta”. Por todo no se visualiza la mejora económica y de empleo necesarias en, si no el corto plazo, al menos el mediano plazo. Aun cuando el actual gobierno da pasos correctos (en parte gracias a una mujer inteligente como Natalia Díaz), no puede hacer milagros. Así, el panorama pinta muy sombrío.
