Este tema ha sido uno de los más polémicos y dinámicos debido a la crisis de criminalidad que atraviesa el país. La nota se limita a informar para que cada cual se forme su opinión.
1. Legislación reciente contra el crimen organizado
Ante la crisis de violencia de 2023-2024, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de leyes “de urgencia”: Ley de Jurisdicción Especializada: Creación de juzgados específicos para crimen organizado para evitar que jueces locales sean intimidados. Reforma a la Prisión Preventiva: Endurecimiento de las condiciones para que sospechosos de delitos violentos o narcotráfico no queden libres mientras esperan juicio. Ley contra el Sicariato (Propuesta/Reforma): Se han tipificado penas más severas para el “homicidio por precio o promesa remuneratoria” y la penalización de la oferta de servicios de sicariato en redes sociales. Extradición de Nacionales: Una de las discusiones más intensas de 2024-2025 fue la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses vinculados al narcotráfico internacional. Ley de Daño Agravado: Nueva legislación que impone de 2 a 4 años de cárcel a quienes dañen equipo policial (patrullas, cámaras de vigilancia o delegaciones).
2. Que fracciones han propuesto leyes contra el crimen organizado
La afirmación del presidente Chaves de que los diputados no le aprueban leyes y que no lo dejan trabajar queda en entredicho. La agenda de seguridad de los últimos años (2024-2026) ha sido el resultado de una mezcla inusual de consenso multipartidario (fracciones no oficialistas) y presión directa del Poder Ejecutivo. Debido a la crisis de homicidios, las fracciones legislativas dejaron de lado algunas diferencias ideológicas para aprobar leyes de “vía rápida”.
3. Algunas leyes aprobadas y quien las impulso
3-1. Reforma a la prisión preventiva (ley 10.431)
Esta ley facilita que los jueces dicten prisión preventiva en delitos de “peligro social” (crimen organizado, sicariato, narcotráfico) sin necesidad de demostrar peligro de fuga. Fracción Proponente: Fue presentada originalmente por el Poder Ejecutivo (Gobierno de Rodrigo Chaves) bajo el expediente 23.986. Apoyo en el Congreso: Recibió un fuerte impulso de Gloria Navas (entonces de Nueva República) y el apoyo de Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Se aprobó como parte de los “10 proyectos de consenso” entre los tres poderes de la República en 2024.
3-2. Reforma constitucional para la extradición de nacionales
Permite extraditar a costarricenses vinculados al tráfico internacional de drogas y terrorismo, rompiendo una tradición histórica de no extraditar ciudadanos. Fracción Proponente: El expediente 23.701 fue una iniciativa de varios diputados, destacando a Gustavo Viales (PLN) en sus orígenes y retomada con fuerza por Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Joaquín Hernández (PLN).
CONTEXTO: El Poder Ejecutivo también solicitó esta reforma en el informe de labores del presidente en mayo de 2024. Fue aprobada por unanimidad (todas las fracciones) en mayo de 2025 tras un proceso de reforma constitucional.
3-3. Ley contra el sicariato (reformas al Código Penal)
Endurece las penas para el homicidio calificado cuando es cometido por una organización criminal y penaliza la oferta de servicios de sicariato. Fracción Proponente: Principalmente impulsada por el Partido Nueva República (PNR) y el Partido Liberal Progresista (PLP), con el diputado Gilberto Campos como una de las voces técnicas líderes en temas de seguridad.
4-4. Fortalecimiento de la jurisdicción especializada (Jedo)
Reformas para asegurar que los casos de crimen organizado no “vencieran” por plazos procesales y para dar más recursos a jueces especializados. Fracción Proponente: Ha sido una construcción de varias legislaturas, pero las reformas más recientes (2023-2024) fueron empujadas por la Corte Suprema de Justicia (a la que Rodrigo Chaves tanto critica) y acogidas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, liderada en su momento por el Partido Liberación Nacional
5. Resumen de roles por fracción (2024 – 2026)
Progreso Social Democrático (Gobierno) Proponente de la “mano dura” en prisión preventiva y control de armas.
Liberación Nacional (PLN) El bloque más grande; ha servido como el “puente” para moderar y aprobar las leyes de consenso.
Unidad Social Cristiana (PUSC) Enfoque en leyes de control de capitales y fortalecimiento de la policía técnica.
Nueva República (PNR) Enfocados en endurecer penas (sicariato) y la reforma de extradición.
Liberal Progresista (PLP) Enfoque técnico en la eficiencia del gasto policial y transparencia.
Frente Amplio (FA) Han apoyado la mayoría de leyes, pero han sido críticos en temas que tocan garantías procesales para evitar abusos policiales.
6. Aporte de Pilar Cisneros y la fracción oficialista
Para analizar el aporte de Pilar Cisneros y la fracción oficialista (Partido Progreso Social Democrático – PPSD), hay que diferenciar entre la autoría de los proyectos y la estrategia política de presión que ejercieron entre 2023 y 2025. Más allá de redactar artículos, el aporte real de Cisneros ha sido político y comunicativo: Enfrentamiento con el Poder Judicial: Cisneros lideró la narrativa de que “la policía detiene y los jueces sueltan”. Esto obligó a la Corte Suprema a sentarse en mesas de trabajo con los diputados para acelerar las leyes de crimen organizado. El rol del oficialismo no ha sido tanto el de redactores técnicos (muchas leyes nacieron en el Poder Judicial), sino el de catalizadores de una agenda de “mano dura”. Pero esto no lo hicieron solos ya que la oposición apoyo los proyectos provenientes del Poder Judicial lo que facilitó su aprobación.
La Mesa de los Tres Poderes: Tras una crisis de seguridad a finales de 2023 y el enfrentamiento del presidente Rodrigo Chaves con los poderes Legislativos y Judicial. ella fue pieza clave en las reuniones entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para definir una “agenda de consenso”.
Vía Rápida: La fracción oficialista con el apoyo de otras fraccione fue la que más insistió en aplicar el Artículo 208 bis (vía rápida) a los proyectos de seguridad para que no duraran años en comisión.
6-1. El Paquete de “Leyes de Urgencia” (2023-2024)
Pilar Cisneros, como jefa de fracción, fue la principal vocera del Poder Ejecutivo en la Asamblea para impulsar un paquete de 5 proyectos que el Gobierno de Rodrigo Chaves presentó como “la solución definitiva”: Ley de Prisión Preventiva (Expediente 23.986): Este es el aporte más visible. La fracción oficialista presionó agresivamente para reformar el Artículo 239 del Código Procesal Penal. El objetivo: que los jueces mantengan en la cárcel a sospechosos de narcotráfico y sicariato sin tantas trabas procesales. Ley sobre Control de Armas: Propusieron endurecer las penas por portación de armas ilegales y agilizar la destrucción de armas decomisadas. Modernización de Intervenciones Telefónicas: El oficialismo impulsó que los delitos de sicariato y extorsión pudieran ser intervenidos judicialmente de forma más ágil.
No todo ha sido avance lineal. El aporte del oficialismo ha tenido roces importantes: Vicios de Inconstitucionalidad: Algunos proyectos impulsados por el oficialismo fueron frenados temporalmente por la Sala IV debido a que la redacción original rozaba derechos fundamentales o tenía errores de forma. Falta de recursos: Diputados de oposición (como el PLN y FA) le han reclamado a la fracción oficialista que “proponen leyes de cárcel, pero no dan presupuesto para construir cárceles o contratar más policías”.
Más allá de redactar artículos, el aporte real de Cisneros ha sido político y comunicativo:
7. Los roces entre Pilar Cisneros y Gloria Navas
Los roces entre Pilar Cisneros (PPSD) y Gloria Navas (entonces de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad) fueron de los momentos más tensos en la Asamblea Legislativa entre 2023 y 2024. Ambas representan visiones opuestas: Cisneros la “mano dura” política y la urgencia del Ejecutivo; Navas la visión técnica jurídica y el respeto al debido proceso. Aquí detallo los puntos exactos de ruptura: 1. El choque por la “Prisión Preventiva “Este fue el conflicto más mediático. El Gobierno (vía Cisneros) envió un proyecto para que la prisión preventiva fuera casi automática en delitos graves. La postura de Cisneros: Argumentaba que los jueces eran “alcahuetes” y que la ley debía obligarlos a encerrar a los sospechosos de inmediato para frenar la ola de homicidios. La postura de Navas: Como abogada penalista con décadas de experiencia, Navas calificó la propuesta del Ejecutivo como “un adefesio jurídico” e inconstitucional. Advirtió que, si se aprobaba como quería el oficialismo, la Sala IV se la traería abajo en una semana. El roce: Cisneros acusó a Navas en medios de comunicación de “poner trabas” y de no entender la urgencia nacional, a lo que Navas respondió que ella no legislaba “con el hígado” sino con la Constitución. 2. Los Proyectos del Ejecutivo vs. Los Proyectos de la Comisión. Cisneros insistía en que la Asamblea debía aprobar únicamente los 5 proyectos enviados por Rodrigo Chaves. El conflicto: Gloria Navas, junto con el OIJ y la Corte, sostenía que esos proyectos estaban mal redactados. Navas decidió priorizar otros expedientes (como el de Crimen Organizado 23.090) que ya tenían criterio técnico. El roce: Cisneros calificó la actitud de Navas como una forma de “bloqueo” al Gobierno. Navas llegó a decirle a Cisneros que ella “no sabía de derecho penal” y que dejara de confundir a la población con soluciones simplistas. 3. La “Ley de Extradición de Nacionales” Aunque ambas estaban a favor de la extradición, el método generó chispas. El roce: Navas quería un proceso pausado de reforma constitucional para evitar que la ley fuera anulada por organismos internacionales de Derechos Humanos. Cisneros exigía rapidez absoluta, acusando a la Comisión de Seguridad de ser una “tortuga” frente a un país que se desangraba. 4. El incidente de la visita a la cárcel (El quiebre final) A mediados de 2024, un incidente personal de Gloria Navas (una visita a un centro penal para ver a un cliente) fue utilizado políticamente. La reacción oficialista: Pilar Cisneros y la fracción de Gobierno fueron sumamente críticos, sugiriendo que Navas tenía un “conflicto de interés” por ser abogada penalista y presidenta de la Comisión de Seguridad al mismo tiempo. El resultado: Este roce personal y político terminó por debilitar la relación al punto que Navas perdió el apoyo para seguir presidiendo la comisión, lo que Cisneros celebró como una oportunidad para “avanzar más rápido”.
Comparativa
Pilar Cisneros culpable de la crisis “Leyes flojas” y jueces. Gloria Navas falta de presupuesto y prevención. Pilar Cisneros relación con la corte confrontación y presión pública. Gloria Navas técnico y coordinación, Pilar Cisneros resultado, logró imponer la narrativa de urgencia. Gloria Navas logró corregir errores legales graves en los textos.
Continua con la nota dos…