Tras medio siglo de un devastador conflicto armado, Colombia ha comenzado a percibir un atisbo de paz, de tranquilidad y de esperanza, para poder resurgir de la tragedia que supuso la guerra de guerrillas más larga y memorable en el continente americano: el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano. El saldo de víctimas de este conflicto es simplemente impactante. Según datos oficiales de esta nación se registran poco más de 218 000 personas fallecidas (de los cuales un 81% fueron civiles, es decir, inocentes), alrededor de 27 000 personas secuestradas y más de cinco millones de desplazados.
Estas cifras ayudan a dimensionar la magnitud del conflicto armado y nos permiten entender, al menos un poco, las repercusiones económicas y sociales de la guerra en Colombia, sufridas por sus ciudadanos. Miles de colombianos resultaron ser víctimas, tanto de los grupos guerrilleros como de los paramilitares e incluso del mismo ejército nacional. Así ha sido demostrado con los múltiples casos de ajusticiamientos de civiles por parte de militares, conocidos como “falsos positivos”. A todas luces, el fin de la guerra resulta no solo deseable, sino el mejor de todos los escenarios para este país sudamericano ¿no?
Lamentablemente las recientes circunstancias parecen querer jugarles una mala pasada a los colombianos.
En primer lugar, el presidente Iván Duque, el pasado mes de marzo, decidió hacer pública su intención de objetar seis de los 159 artículos que conforman la norma estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo que hace única a esta corte de carácter especial, como bien lo indica su nombre, es el distinguirse del sistema jurídico convencional, buscando sentencias que propicien la reparación y la no repetición: mejor conocida como justicia restaurativa. Lo anterior quedó plasmado en su reglamento general.
Aunado a lo anterior, la liberación por parte de la JEP del excomandante de las FARC “alias” Jesús Santrich, requerido por la justicia estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico, produjo la dimisión del ahora exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Además, momentos después de haber sido puesto en libertad, la justicia ordinaria recapturó a Santrich para su procesamiento y posible extradición, lo cual ha dejado en entredicho las potestades de la JEP.
¿Qué le depara a la paz en Colombia? La Cámara de Representantes no se ha mostrado anuente en atender las objeciones del Ejecutivo, lo cual resulta ser muy positivo para la JEP; sin embargo, el “caso Santrich” no solo ha confrontado a dos instancias de la República, sino que ha evidenciado la voluntad del gobierno estadounidense en tomar “parte activa” (no solicitada, eso sí) en el futuro de la paz colombiana.
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