Costa Rica está frente a otro reciclaje político que se disfraza de novedad con buena iluminación y palabras bonitas. Nos quieren vender a Claudia Dobles como “la nueva opción”, como la tecnócrata sin bando que viene a “hablar con la verdad”. Pero la verdad, la que no cabe en el guion, es que esto huele a la misma fórmula de siempre: un regreso del proyecto PAC, reempaquetado con lenguaje ciudadano y un progresismo de vitrina, de esos que se ven bien en redes pero se caen cuando toca rendir cuentas.
Podrá decir que ella es otra cosa, que no viene “desde un partido”, que es “gestión” y no política. Pero su nombre está amarrado a esa etapa, a sus decisiones y a su estilo. No importa cuántos logos cambien, cuántos discursos ensayen o cuánta plata paguen en publicidad: su ADN político está tatuado con el expediente de corrupción del PAC. No porque sea culpa por asociación, sino porque fue parte del centro de ese poder y de ese relato.
Arranquemos por lo que no se borra con un cambio de nombre: el caso de la estafa con deuda política del PAC. Aquí no estamos hablando de rumores ni de “narrativas”. En 2016 se dictaron condenas penales contra dirigentes del partido por el delito de estafa, precisamente por montar y liquidar contratos falsos como gastos de campaña para inflar el reembolso estatal de la campaña 2010, y el Ministerio Público lo describió mecanismo como un plan para presentar contratos falsos y cobrar más contribución estatal.
Según esa misma vía judicial, el perjuicio al erario se cuantificó en ₡516 millones. Además, el partido quedó atado a responsabilidad civil y a pagos al Estado por ese caso. Es decir, intentan que una estructura con ese antecedente pretenda presentarse ahora como “Agenda Ciudadana”, como si la etiqueta nueva con colores igual de básicos pudiera tapar una condena por fraude.
Y luego está la etapa en Casa Presidencial, donde el cargo “ceremonial” de primera dama se estiró hasta parecer un despacho paralelo con músculo real. En 2020 el despacho de Claudia Dobles tenía 10 asesores pagados con fondos públicos, con un costo mensual superior a ₡7 millones, pese a que ella no era funcionaria pública. El Gobierno salió a defender que esas plazas eran de Presidencia, pero el hecho político no cambia: se montó un equipo, agenda y proyección de poder alrededor de una figura que no pasó por nombramiento, ni por control formal, ni por el mismo estándar que se le exige al resto del aparato estatal. Por eso, la Procuraduría tuvo que recordarle que la primera dama NO es parte del Gobierno, no puede girar órdenes a jerarcas y no puede “coordinar” un proyecto como el tren.
El mejor ejemplo de esa lógica fue el tren eléctrico, vendido como símbolo de modernidad, pero sostenido con premisas que hasta el propio Banco Interamericano de Desarrollo pidió tratar con cautela. En un documento técnico del BID con recomendaciones sobre el proyecto, se subrayó la enorme incertidumbre de la demanda. Se trataba de un tren interurbano movía 14.236 pasajeros por día en 2019, mientras el modelo proyectaba 190.200 por día para 2025, un salto de 13,3 veces que el mismo BID dice que debe manejarse con precaución por tratarse de un proyecto tipo greenfield y por las limitaciones del modelado. O sea, no era mala fe criticarlo, era leer lo que el propio banco estaba advirtiendo.
A eso sumarle el tamañito del compromiso: el Gobierno presentó el Tren Eléctrico de Pasajeros con una inversión total de $1.550 millones. Y cuando la Contraloría auditó la planificación, habló de riesgos, debilidades y de la necesidad de verificar viabilidad y sostenibilidad fiscal con estudios y actualización de análisis. Con ese cuadro, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿por qué tanta puesta en escena alrededor de un proyecto que no estaba blindado al nivel que un país en crisis fiscal necesita? Porque el tren no era solo infraestructura: era narrativa, era vitrina, era legado. Y eso es exactamente lo que vuelve preocupante que hoy se pretenda vender “transparencia” como marca, cuando lo que hubo fue poder sin cargo, equipo pagado por el Estado y grandes proyectos empujados más por convicción personal que por una institucionalidad sólida.
Pero, analicemos los números. En 2020 la pobreza por ingresos brincó a 26,2%, el nivel más alto en décadas según el INEC. Y el desempleo se disparó a 20,1% en el trimestre móvil marzo abril mayo 2020, con otra medición que lo seguía poniendo en 19,1% a inicios de 2021. Esto no se borra con storytelling ni con una sonrisa en afiches: esto fue la vida real de cientos de miles de familias. Y en deuda, el deterioro fue igual de descarado, la deuda neta del gobierno general subió a 64% del PIB en 2020 desde 54% en 2019, y para 2022 el propio Ministerio de Hacienda proyectaba el saldo de la deuda pública alrededor de 70,3% del PIB. Si ese es el “legado responsable”, entonces el concepto de responsabilidad ya no significa nada.
Por eso suena casi ofensivo que ahora intenten vender “verdad” como marca personal, como si lo de atrás no existiera. El desgaste de Carlos Alvarado no fue un invento de la oposición, fue medible: en marzo 2022, una encuesta del CIEP registró 62% de opiniones negativas sobre el presidente al cierre de su administración. Y el castigo político fue todavía más brutal: el PAC se quedó sin diputaciones para el período 2022–2026, oficialmente declarado por el TSE. O sea, el electorado no solo se cansó, los sacó de la Asamblea Legislativa.
Y la cereza del pastel ha sido su truco viejo de siempre: vender agenda ideológica como si fuera “técnica”. Dobles ya se ha manifestado públicamente a favor del aborto legal y libre, y en agenda LGBTIQ+, su propio entorno mediático ha presentado su plan como un “revivir” de la agenda del PAC. Aquí el punto no es si a alguien le gusta o no esa agenda. El punto es la jugada: decir “no es ideología, es técnica”, como si por ponerle lenguaje de protocolo se volviera neutral.
Al final, lo de Dobles es el mismo progresismo de élite que ya gobernó, solo que reempacado para sonar “nuevo”. Por eso es tan absurdo que insistan en vender esto como renovación. Renovación es romper con lo que fracasó, reconocer errores sin excusas y presentar un proyecto que no huela a reciclaje. Aquí lo que hay es resurrección. Es el intento de revivir un proyecto político que el país ya castigó cuando lo sacó del Congreso en 2022 y lo dejó convertido en recuerdo.
Lo más peligroso no es que lo intenten, porque cualquiera puede intentar volver. Lo peligroso es que lo logren por cansancio, por distracción o por resignación. Porque esta vez no habría sorpresa. Esta vez ya sabemos qué es. Y si aun así entra, no será porque no vimos al monstruo venir, sino porque le abrimos la puerta con los ojos abiertos.
