Las Universidades Públicas costarricenses adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) declararon el 2017 como el “Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz”. Lo anterior con el fin de promover valores como la equidad, solidaridad social, respeto, diálogo, paz y humanismo, sin embargo, todo queda en el papel.
En la práctica recientemente no se permitió en la UNA la presentación del “Libro Negro de la Nueva Izquierda: Ideología de género o subversión cultural.” Pero si se permite en la UCR conferencias con embajadores de dictaduras como la de Venezuela e incluso se les prohibió la entrada a los estudiantes venezolanos radicados en Costa Rica.
Valdría preguntarse, ¿en dónde quedó la libertad de expresión que pregonan nuestras universidades? ¿en dónde quedó el diálogo? y ¿en dónde quedó el respeto? Parece ser que quedaron solo en el papel.
Por otro lado, en abril del 2016 solicité una audiencia en el CONARE para exponer la situación de la educación superior en la Región del Pacífico Central
Casi un año después, mediante el oficio CNR-OF-001-17 se nos negó tal audiencia. De nuevo valdría preguntarse, ¿en dónde quedó la transparencia, el diálogo, la paz, el respeto, la solidaridad social y la equidad que pregonan? También quedó en el papel.
Ambos hechos no son casualidad, es la norma en algunas de nuestras Universidades Estatales donde está prohibido tan siquiera debatir sobre temas que no gustan de sus autoridades.
Además de dicha censura que debe haber muchos otros casos que no son conocidos públicamente, la distribución del FEES promueve la desigualdad en las regiones del país al concentrar cada universidad cerca del 85% en sus sedes centrales y dejando con migajas a las demás regiones del país como Puntarenas que están en abandono.
La UCR declaró el año 2018 como el Año de la Regionalización Universitaria, sin embargo, solo es algo simbólico pues la distribución de su presupuesto es totalmente inequitativa entre las regiones.
Citemos el caso de la Región del Pacífico Central, además de ser la región en todo el país con menor cantidad de sedes de universidades públicas y privadas, de las pocas sedes que cuenta como la de la UCR, la misma es la que menos recursos recibe de todas las sedes de la UCR.
Dirán que se construye una nueva Sede en Esparza, pero esa inversión no cambia el 1,7% que recibe dicha sede respecto al total del presupuesto de la Universidad de Costa Rica que ronda los 300 mil millones de colones. Occidente recibe casi el 5%, la de Guanacaste cerca del 3%, la Sede del Atlántico cerca del 3%, la Sede del Caribe cerca del 2% (que suman casi el 5% para la Región Huetar Atlántica), y Golfito menos del 1% aunque todavía es recinto.
Los datos que normalmente publican las autoridades son en base a los recursos institucionales provenientes del fondo corriente que es menor que el presupuesto total de la UCR, lo que infla los porcentajes para las sedes regionales.
Es claro que este abandono de la inversión de las universidades estatales en estas regiones influye directamente a lo largo de los años en su desarrollo. La escasez de oportunidades de trabajo se debe en parte a la poca presencia de las universidades estatales.
En lugar de destinar tiempo para responder a estos argumentos, las autoridades universitarias deberían ocuparse de dar soluciones para cambiar las migajas que recibe la Región del Pacífico Central y otras regiones del país de sus presupuestos como si sus ciudadanos fueran de tercera categoría.
Es urgente el debate sobre la inversión de las universidades estatales en las diferentes regiones del país, pero con actores de esas regiones y datos concretos y serios, no con discursos políticos de sus altas autoridades. Algunos creen que un 2% para una región debe ser motivo de júbilo y agradecimiento, pero la situación en Puntarenas es más que preocupante.
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