Mañana, 31 de agosto, Costa Rica conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Lo celebro sin reservas y sin la incomodidad de quien cumple con un trámite. La fecha no es antojadiza: recuerda la Primera Convención Internacional sobre la situación de las personas negras, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York el 31 de agosto de 1920, de la que salió la Declaración sobre los Derechos de los Negros. Costa Rica la decretó en los años ochenta mediante el decreto N.° 11928, la amplió con la Ley N.° 8938 de 2011, declaró agosto Mes Histórico de la Afrodescendencia con la Ley N.° 9526 de 2018 y fijó el feriado con la Ley N.° 10050. Es un reconocimiento merecido, tardío y bien ganado por la comunidad limonense, que lo empujó durante décadas a través del Comité Cívico Cultural Étnico Negro.
Dicho eso con toda claridad, quiero plantear una pregunta incómoda.
La mitad de la casa que no nombramos
En 2015, la Ley N.° 9305 reformó el artículo 1.° de la Constitución Política: Costa Rica es una República “democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. Estoy de acuerdo con esa reforma. Pero un país pluricultural no se define únicamente por lo que celebra de sus minorías; también por cómo se relaciona con su componente mayoritario. Y ahí tenemos un problema.
La mayoría de los costarricenses descendemos, en proporción dominante, de españoles. Hablamos castellano. Nuestro derecho es de tradición romano-germánica, filtrada por Castilla y por las Siete Partidas. Nuestro Código Civil es hijo del pensamiento jurídico ibérico. Nuestra fe, nuestros apellidos, nuestros topónimos, la traza de nuestras ciudades alrededor de una plaza y una iglesia, el turno, el rezo del Niño, la romería: todo eso es hispánico hasta la médula.
Y sin embargo, no hay Día de la Hispanidad que se celebre con entusiasmo. Hay incomodidad. Hay quien pronuncia la palabra “español” en nuestra historia como quien nombra una enfermedad familiar. Somos, quizá, el único pueblo del mundo que ha aprendido a pedir disculpas por su propio idioma.
La leyenda negra no es un invento reciente
Esa incomodidad tiene autores. La llamada leyenda negra —término acuñado por Julián Juderías en 1914— fue una construcción propagandística levantada por las potencias rivales de España, principalmente Inglaterra y las Provincias Unidas, durante los siglos XVI y XVII. Su materia prima fue, paradójicamente, española: la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de fray Bartolomé de las Casas, un texto de denuncia interna, escrito por un fraile dominico para que la Corona corrigiera abusos, fue traducido, ilustrado con grabados atroces y difundido por Europa con un propósito que Las Casas jamás tuvo: deslegitimar el proyecto español.
Repárese en el detalle, porque es decisivo. La crítica a los excesos de la conquista nació dentro del propio mundo hispánico. Las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542 no tienen equivalente en el mundo anglosajón. La Controversia de Valladolid entre Las Casas y Sepúlveda, en 1550, fue un imperio deteniéndose a discutir públicamente si su empresa era legítima. Francisco de Vitoria, desde Salamanca, fundó el derecho internacional moderno precisamente al negar que el descubrimiento diera título sobre pueblos que ya tenían dueño. No conozco ningún debate equivalente en Londres sobre la legitimidad de la ocupación de Irlanda, la India o Australia.
La diferencia no es que España fuera inocente. No lo fue. La diferencia es que España se juzgó a sí misma por escrito, y ese expediente de autocrítica quedó disponible para que sus enemigos lo usaran como acta de acusación. Los imperios que nunca se examinaron no dejaron pruebas en su contra.
El negacionismo al revés
Lo que llamo negacionismo hispánico no consiste en negar los crímenes de la conquista, sino en negar todo lo demás. Consiste en enseñar tres siglos de historia colonial como un paréntesis vergonzoso entre lo precolombino y la independencia, sin universidades, sin derecho, sin arte, sin mestizaje, sin las instituciones municipales de las que este país sacó su vocación de cabildo abierto.
Y hay una consecuencia práctica que me preocupa como abogado y como vecino: al vaciar nuestra identidad, no la dejamos vacía. La llenamos con otra. Consumimos la historia anglosajona —sus categorías raciales, sus culpas, sus fechas, su moral pública— y la aplicamos a una realidad que no la produjo. Discutimos nuestra convivencia con un vocabulario importado que fue diseñado para explicar una sociedad de segregación legal que Costa Rica no tuvo en esos términos. Nos entendemos peor a nosotros mismos cada vez que nos miramos con lentes prestados.
Garcimuñoz: la ciudad que Desamparados no celebra
Permítanme aterrizarlo en mi cantón.
A finales de marzo de 1561, el licenciado Juan de Cavallón y Arboleda, alcalde mayor de Nueva Cartago y Costa Rica, fundó en el sector occidental del Valle Central la ciudad de Castillo de Garcimuñoz, llamada así en recuerdo de su pueblo natal. Un escrito de Juan Barahona de 1574 la señala como la primera villa que en esta provincia se fundó y pobló. El historiador Carlos Molina Montes de Oca sostiene que estuvo ubicada en la actual ciudad de Desamparados; otras versiones la sitúan en San Antonio de Desamparados, y otras en Turrúcares o Santa Ana. La localización exacta sigue en debate, y sería deshonesto de mi parte presentarla como cosa juzgada.
Pero el debate mismo es el punto. Existe una tesis seria y documentada de que el primer asentamiento urbano español de Costa Rica estuvo donde hoy vivo, y en Desamparados no hay un monumento, ni una cátedra, ni una fecha, ni una calle que lo recuerde con dignidad. Ninguna comisión municipal se ha tomado el trabajo de dirimirlo. Celebramos con más convicción efemérides ajenas que el acto fundacional que probablemente ocurrió bajo nuestros pies.
Y conste: reivindicar el hecho no es santificar al personaje. Cavallón aplicó el dominio por las armas con rigor y hay registros de acusaciones en su contra. La historiografía costarricense lo dejó como el villano de contraste frente a un Juan Vázquez de Coronado retratado como conciliador, imagen construida, dicho sea de paso, en el siglo XIX: Carlos Meléndez documentó que Vázquez de Coronado no aparece mencionado en nuestros libros de historia sino hasta 1851. El retrato favorable se pintó tres siglos después, cuando este país necesitaba un pasado amable.
Una propuesta concreta: devolverle el 12 de octubre a Costa Rica
Un artículo que solo lamenta no sirve de nada, así que dejo una propuesta.
En Costa Rica el 12 de octubre se conmemoró durante décadas como Día del Descubrimiento y la Raza, según una ley de 1968. Esa ley fue derogada en 1994 y sustituida por la Ley N.° 7426, que dispuso conmemorar la fecha como Día de las Culturas, “para enaltecer el carácter pluricultural y multiétnico del pueblo costarricense”, recordando el arribo de Colón y exaltando los valores indígenas, europeos, africanos y asiáticos presentes en nuestra idiosincrasia. Después vino un segundo golpe, menos discutido: en 2021 la fecha perdió su condición de feriado.
Seamos precisos, porque la precisión es la única defensa contra la caricatura. No propongo volver al “Día de la Raza”. Ese nombre era discriminatorio y su derogatoria fue acertada: la biología no funda naciones, y la palabra raza no tiene absolutamente nada que aportarle a esta discusión. Lo que propongo es distinto y más modesto de lo que sonará: que el 12 de octubre recobre el rango de feriado nacional, y que la ley nombre con todas sus letras lo que hoy apenas insinúa. Que se llame Día de las Culturas y de la Hispanidad, o que la Ley N.° 7426 se reforme para decir sin eufemismos que ese día conmemoramos también el origen del mundo hispanoamericano al que pertenecemos, con toda su violencia y toda su fecundidad.
Fíjense en la asimetría. Decimos “afrocostarricense” sin rodeos, y hacemos bien. Decimos bribri, cabécar, chorotega, y hacemos bien. El único origen que no puede pronunciarse con nombre propio es el que compartimos casi todos. Un país que dedicó una reforma constitucional entera a proclamarse multiétnico no debería tenerle miedo a la palabra que designa a su componente mayoritario.
Y hay un argumento de coherencia institucional que como abogado no puedo pasar por alto: en menos de treinta años el Estado costarricense elevó una efeméride —el 31 de agosto— y degradó otra —el 12 de octubre— hasta quitarle el feriado. No discuto lo primero, que celebro. Cuestiono que lo segundo haya ocurrido casi sin debate público, como si suprimir una fecha fuera un trámite administrativo y no una decisión sobre quiénes creemos que somos.
Reconocerse no es competir
Alguien dirá que este artículo pretende disputarle protagonismo al 31 de agosto. Es exactamente lo contrario.
La comunidad afrocostarricense pasó décadas exigiendo que el Estado nombrara su aporte, y tuvo razón en exigirlo. De esa lucha aprendí el argumento que hoy uso: un pueblo al que se le niega el nombre de su origen queda a merced del relato de otros. Lo que pido para la herencia hispánica es el mismo trato que celebro para la herencia afrocaribeña. No un monopolio: un lugar en la mesa.
Costa Rica es multiétnica y pluricultural, dice el artículo 1.°. Que lo sea de verdad. Que el 31 de agosto se celebre con tambor y con calipso, en Limón y en San José. Que el 12 de octubre vuelva a ser feriado y vuelva a llamarse por su nombre. Y que algún día podamos hablar de Garcimuñoz, del castellano y de tres siglos de historia colonial sin bajar la voz, porque un país que solo sabe celebrar la mitad de lo que es todavía no ha terminado de reconocerse
