El Comité Cantonal de la Persona Joven en Pérez Zeledón (CCPJ) enfrenta un segundo recurso de amparo por negarse a entregar información pública relacionada a su gestión, el mismo se tramita en la Sala Constitucional bajo el expediente 18-11217; esto porque se solicitó a dicho comité un informe de gestiones, el proyecto presentado a la dirección ejecutiva del Consejo de la Persona Joven y copia de un acta.
Al cumplirse el plazo de 10 días hábiles establecido por ley y al no recibir ninguna respuesta se procedió a interponer por segunda vez el recurso de amparo, pues anteriormente se había solicitado igualmente información y también se negaron a entregarla, así consta en el expediente N° 18-002465-0007-CO en la resolución N° 2018003961 donde se condena al CCPJ a entregar la información solicitada y a la Municipalidad de Pérez Zeledón al pago de daños, costas y perjuicios.
Este CCPJ encabezado por David Solís, se ha visto envuelto en diferentes polémicas al hacerse públicos una serie de acontecimientos que han dejado claro la pésima gestión de este comité y el despilfarro de fondos públicos y el poco beneficio a la población joven del Pérez Zeledón.
Pero no sólo se niegan a dar información sino que también se niegan a dar explicaciones del por qué no entregan la información en el plazo establecido, y cuando deciden hablar, de forma escueta se justifican diciendo que realizan todo bajo el marco legal que les rige. Y aquí es donde surgen varias preguntas.
¿Esconden algo al no querer dar la información? ¿No conocen la legislación que les rige como comité e institución pública? ¿Tienen realmente la capacidad y el perfil para asumir esos puestos?
Y es que como movimiento social hemos rechazado siempre la manera en la que se escogen a las presidencias de los Comités Cantonales de la Persona Joven pues se terminan pagando favores políticos en estos nombramientos y el CCPJ queda encabezado quizás (no en todos los casos) por un pega-banderas del partido de mayoría en el Concejo Municipal.
Por lo que tanta culpa tiene quien asume la presidencia sin estar preparada como las y los regidores por escoger personas que no tienen perfil para el cargo en discusión. Por eso apoyamos abiertamente la reforma a la Ley de la Persona Joven (Ley 8261) para evitar que se politice este órgano municipal.
Esperamos que se pueda obtener la información pues este es un derecho amparado constitucionalmente, es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas a fiscalizar la labor de todos los órganos públicos y a solicitar información pública para fines investigativos o de cualquier otro interés.
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