Hoy no se detuvo a un “presidente”, ni se abrió un debate técnico sobre soberanía. Lo que ocurrió fue la captura del jefe de una organización criminal que disfrazó su régimen de “revolución bolivariana” mientras convertía a Venezuela en un Estado fallido, hundido en represión, miseria y narcotráfico. Nicolás Maduro no es un líder político, es un narcodictador con orden de arresto federal en Estados Unidos, responsable de la tortura sistemática, la desaparición forzada y el encarcelamiento de miles de inocentes. Y si este arresto se confirma como operación militar internacional, es la primera señal en años de que la impunidad puede tener un límite.
La “revolución bolivariana”, es una farsa retórica de soberanía popular que comenzó con Hugo Chávez y su partido político militarizado, terminó siendo una estafa criminal que destruyó instituciones, quebró la economía y convirtió la disidencia en delito. Se robó el hambre, la salud, la justicia y hasta las lágrimas. Usaron el discurso de justicia social para financiar mafias, cooptar jueces, perseguir estudiantes, armar colectivos y negociar cocaína con carteles extranjeros mientras el país se vaciaba en oleadas migratorias. Es una vergüenza continental que se haya permitido tanto tiempo ese montaje sin consecuencias reales.
Quienes hoy salen a defender a Maduro, como hacen Gustavo Petro, Gabriel Boric, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva, Daniel Ortega, y Evo Morales, no defienden la autodeterminación de los pueblos, defienden el financiamiento que recibieron durante años a cambio de hacerle el juego a una dictadura narcotraficante. Les molesta la captura no por principios jurídicos, sino porque se les está cayendo el chiringuito ideológico que los sostuvo con dinero, petróleo y propaganda.
Ahora se rasgan las vestiduras diciendo que los bombardeos y la “intervención yankee” son lo peor que le puede pasar a la región, como si lo que Venezuela ha vivido hasta hoy no fuera infinitamente peor. Se indignan por aviones y tropas, pero jamás se indignaron por las celdas de tortura, por los desaparecidos, por los juicios manipulados, por las familias destruidas y por un país convertido en cárcel a cielo abierto.
Lo entendí con más crudeza cuando hace unos meses participé en una encerrona del CASLA Institute en Ciudad de Panamá. Ahí no se habla de dictaduras como teoría: se habla con nombres, con rostros, con testimonios que hielan la sangre. El Centro de estudios para América Latina (CASLA) lleva años documentando cómo la represión en Venezuela son crímenes de lesa humanidad, ejecutados desde las entrañas del poder.
Pero hay cosas que no se capturan en los informes, y que marcan más fuerte. Durante una de esas sesiones tuvimos la oportunidad de escuchar, a través de una videollamada, a María Corina Machado mientras estaba en la clandestinidad. No una líder en campaña, no una candidata en gira. Una mujer perseguida, escondida, hablando con serenidad feroz desde un lugar donde no podían ubicarla. Era la voz de alguien que no se está jugando una elección, sino la vida. La simple necesidad de esconderse para hablar ya lo dice todo: el régimen no le teme a las armas de la oposición, le teme a sus ideas.
Esa imagen es la que define lo que Maduro construyó: un sistema donde una opositora debe hablar desde un lugar secreto como si fuera una criminal, mientras el verdadero criminal se pasea como jefe de Estado. Un país donde los jueces no imparten justicia, los cuerpos de seguridad no protegen a nadie, y el que alza la voz termina en una celda o en el exilio.
La realidad es que los presos políticos no son un concepto abstracto. Son personas como nosotros. A veces jóvenes y a veces no tan jóvenes. Gente con trabajo, con estudios, con hijos, con papás mayores. Gente que dijo una opinión, que fue a una manifestación, que ayudó a organizar un partido, que publicó algo, que se negó a firmar una mentira, que se volvió incómoda. Por eso importa tanto insistir en lo verificable, porque el régimen vive de confundir. El Foro Penal, por ejemplo, registró 887 presos políticos al 30 de noviembre de 2025, e indicó que 60 de ellos permanecían en desaparición forzada, con desglose de mujeres, adolescentes y también militares o policías.
Y esa es la razón principal por la cual cuando alguien como Nicolás Maduro es capturado, no se está “judicializando la política”, se está empezando a desmantelar una estructura de terror que nunca debió tener impunidad. Quienes hoy lloran por la “soberanía violada” no dijeron nada cuando esa misma soberanía sirvió para encerrar, quebrar, torturar, robar y desaparecer. Y cuando escuchamos la voz de una mujer como María Corina, escondida por atreverse a querer una Venezuela libre y democrática, nos queda claro que el único crimen real en ese país ha sido pensar en voz alta. Por eso la justicia no puede seguir esperando. Porque mientras el mundo duda, ellos siguen reprimiendo.
Si algo podemos hacer desde afuera (más allá del análisis, el coraje o el aplauso momentáneo) es comprometernos con cada uno de los que siguen encerrados en esa maquinaria del horror. Iniciativas como #ApadrinaAUnPresoPolíticoDelMundo son una forma concreta de resistencia. Apadrinar es decir su nombre en voz alta, contar su historia, escribirle una carta, presionar por su liberación, romper el silencio que el régimen necesita para mantenerlos invisibles. Es acompañar en lo más duro: el aislamiento, la censura, el olvido planificado. Porque no hay nada más revolucionario que apoyar la libertad.
