La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.
Lo que supone que la falta de seguridad ciudadana ha conducido a la población hacia la deshumanización de nuestras relaciones de convivencia, en donde la privación de libertad se ha convertido en la principal respuesta en el mundo para intentar disminuir la tasa de criminalidad.
Costa Rica pese a ser un país con una de las democracias más sólidas, arrastra un diagnóstico negativo emitido por las instituciones de derechos humanos en donde se reafirma que ingresar población carcelaria es aumentar las probabilidades de mayor violencia, y urge encontrar medidas alternativas para evitar que las cárceles sigan siendo escuelas del delito.
Esta claro que el enfoque punitivo que adopta la justicia, responde solamente a las consecuencias pero no elimina ni trata los factores que dan lugar a conductas delictivas y los centros penitenciarios acaban convirtiéndose en lugares que albergan un número elevado de personas procedentes de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.
Cabe resaltar que la tarea que enfrentan los administradores de los centros penitenciarios, consiste en encontrar el equilibrio entre la seguridad y la reinserción social de una población muy diversa, cuando las estructuras con las que trabajan son obsoletas y los recursos limitados.
No obstante, para asegurar una gestión humanitaria de los sistemas penitenciarios es preciso que las políticas y la legislación del país respeten las diversas normas internacionales adoptadas para garantizar la protección de los derechos humanos de los reclusos y que el tratamiento dispensado a ellos, esté dirigido a garantizar, con carácter prioritario, su reinserción social.
Para entender la problemática es necesario comprender cómo se desarrolla la vida entre rejas, sabiendo que no se logrará una visión completa, por lo que es preciso verificar la información externa, fuera de la prisión (con organizaciones no gubernamentales, instituciones de defensa de los derechos humanos, personal médico de los hospitales, antiguos reclusos y personal penitenciario).
La magnitud del problema de rehabilitación que enfrenta la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta la delincuencia, cuando los excluye de la sociedad sin hacer hincapié en que siguen siendo parte de ella, fomentando el máximo contacto posible con familiares y amigos.
Finalmente, el sistema penitenciario debe ofrecer una oferta equilibrada de actividades asociativas y constructivas, para la adquisición de competencias y habilidades profesionales, experiencia laboral e instrucción para una reinserción apropiada una vez en libertad.
