Tiempo atrás traje a colación una frase de Mary Wollstonecraf filósofa y escritora inglesa, que decía: “Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobres ellas mismas.” Me identifiqué con esta frase, porque como mujer joven, con la posibilidad de ejercre un puesto de elección popular, estoy convencida que los mayores logros se consiguen con el autodominio, la disciplina y el creer en nosotras mismas, lo que supera cualquier discusión de supremacía de un género sobre otro.
En la corriente legislativa se encuentra un proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer para obligar al Presidente de la República a nombrar un cincuenta por ciento de mujeres en los Ministerios y Viceministerios de Gobierno, en la designación de las Juntas Directivas, Presidencias Ejecutivas y las Gerencias y Subgerencias de las Instituciones Autónomas. Además, estará obligado a mantener esa proporción paritaria durante todo el período presidencial respectivo.
En primer lugar, debemos recordar que el artículo 139 de la Constitución Política, establece como parte de los deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República el nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno. En este punto, detectamos un grave problema de tipo jurídico, como lo es realizar una modificación al procedimiento de escogencia de los Ministros, por medio de reformas a otras leyes cuando esto se encuentra en un rango superior como lo es la Constitución Política. Pero aparte de este importante inconveniente, existe el hecho de que, lejos de mejorar las condiciones de oportunidad de las mujeres de participar en la realidad política de nuestro país, las limita. En este momento, el Presidente de la República puede, si desea, nombrar en todos los puestos su gabinete, en Juntas Directivas y en Gerencias y Subgerencias de instituciones autónomas, a mujeres. Este proyecto de ley, le pondrá un límite del cincuenta por ciento.
Debemos ser responsables en las medidas que pretendemos aprobar para ampliar nuestra participación, porque pueden resultar una trampa para nosotras mismas. Las mujeres no somos una minoría, somos casi el cincuenta por ciento de la población costarricense, por lo que merecemos cambios que nos integren, no que nos excluyan. Y es que no es suficiente abrir más espacio a la participación de la mujer, es necesario cambiar la forma de pensar de muchos iniciando desde la educación de los niños. Si esto no se hace correctamente, la consecuencia será una lucha entre géneros y no la igual real como es el verdadero ideal de un Estado de derecho.
Muchas mujeres saben lo que es trabajar el doble y demostrar mayor calidad en su desempeño, para ser consideradas igual que un hombre en el área profesional, económica y social. El género, unido a la juventud, a la etnia y a la condición social, son aspectos que para muchos son licencias para descalificarnos como personas. Si creemos que nuestra participación en la sociedad es efectiva solamente con la aprobación de nuevas leyes, estamos equivocados. El cambio debe darse en cada uno de nosotros y sería valioso evaluarnos internamente para saber si estamos discriminando a los demás por estos prejuicios. La democracia es plena, siempre que todos los ciudadanos sean escuchados de manera equitativa. No sólo tenemos mucho que decir, tenemos derecho a decidir.
En el área económica, la participación de la mujer ha sido trascendental para el desarrollo de los países. Como mujer libertaria, no puedo negar que nuestras economías, sobre todo las crecientes, necesitan ser construidas con la participación de todos, por lo que la discriminación por género no tiene cabida. Por esto, no puedo apoyar iniciativas de ley que lejos de unirnos, provocarán divisiones profundas entre géneros y por ende, en nuestra sociedad.