El acuerdo de la Junta Directiva de la Caja que eleva en un 35% el aporte de los asalariados al seguro de pensiones, ha sido el tema polémico de la semana. Sabemos que de los 9 miembros, 3 son nombrados como directores por el Consejo de Gobierno, otros 3 son representantes de los trabajadores y los 3 restantes representan al sector empresarial.
Bajo la perspectiva de dicha composición, no es de recibo sostener que el Poder Ejecutivo, esto es, la Presidencia de la República, no estaba enterada de los movimientos que se estaban gestando alrededor de esta controversial temática. Hoy el Ministerio de la Presidencia acepta públicamente que sí conocía del incremento, pero que la decisión de la Junta fue precipitada. No sé a quienes pretenden engañar.
Estoy convencida de que no solamente este es un incremento indebido por el monto cobrado, sino por el momento inoportuno en que se toma el acuerdo, pues la efervescencia sindical, sin sustento, generada por la discusión de una ley de empleo público, se exacerba con la decisión de la Junta Directiva de la Caja. El caldo de cultivo para la desestabilización social lo acentúa esta situación.
La expectativa de recaudo de 100.000 millones de colones por año, extraída de los salarios de los trabajadores, representa la mitad de lo que se recaudaría con el anhelado impuesto al valor agregado, propuesto por el gobierno.
Este monto es un impuesto disfrazado, pues el destino final de los 100.000 millones, todos sabemos que será el Ministerio de Hacienda, quien confisca esa suma a la Caja y le entrega simples papeles de bonos cuyos intereses sí llegan al fondo de IVM, no así el capital semilla que la Gerencia de Pensiones de la Caja le traslada al Ministerio de Hacienda.
Se entrega efectivo y se reciben papeles, esa es la estrategia del jineteo de los fondos de las pensiones.
Lo que la Caja debe hacer, es montar todo un diseño de atracción de nuevos cotizantes que se ocultan en la economía informal. En las áreas de salud de la Institución se encuentra información muy valiosa de las familias que se encuentran en la informalidad. Los recorridos y censos habitacionales que realizan 2 veces al año los ATAPS, Técnicos de atención Primaria en salud, contienen esa información tan valiosa para detectar a personas dedicados al comercio en pequeña escala.
Si se lograra incorporar a esos nuevos cotizantes, bajando la prima que actualmente se cobra por el seguro de salud y de pensiones, estaríamos aumentando los ingresos de ambos seguros por la vía de un mayor número de aportes al sistema, y no por la vía del aumento de la cuota como se pretende.
Definitivamente la creatividad y la ejecución de nuevas estrategias para aumentar los ingresos por otra vía, no son del dominio de nuestras actuales autoridades en este campo.
Si usted le propone a un vendedor ambulante, por ejemplo, o a la dueña de un puesto de empanadas caseras, que con un aporte de 25 mil colones mensuales para salud y pensión, por pequeña que esta resultare, va a tener un auxilio económico básico en su vejez, se reducirían a futuro los indicadores de pobreza y las cargas de pensiones al régimen no contributivo.
Se ha escogido el camino más fácil subiendo los aportes personales, pero también el gobierno central tendrá que enjugar un mayor déficit fiscal al subir el aporte estatal al sistema. La falta de coordinación entre la Caja y el Ministerio de Hacienda se ha hecho evidente y pública, y es una muestra más de la poca comunicación que el gobierno central mantiene con algunas de las instituciones autónomas.
La Caja debe echar marcha atrás y poner en la mesa de discusión tripartita, trabajadores, empresarios y Gerencia de Pensiones, el tema de IVM, y que las decisiones finales emanen de este foro de análisis de las partes involucradas.