Financiar las campañas electorales con nuestros impuestos, con el viejo cuento de no permitir que se metan “recursos cuestionables” a financiar gobiernos, ha sido un fracaso ya que no solo continúan llegando capitales y personas “dudosas” a la política, sino que además, la deuda política solo ha servido para desencadenar la creatividad para que, legal o ilegalmente, le echen mano a ese botín que pagamos entre todos.
La actual controversia alrededor de la diputada Mayuli Ortega de Pueblo Soberano y sus dos vehículos de lujo con cargo a la deuda política, debería servir para una discusión mucho más profunda sobre los controles al financiamiento público de las campañas electorales o si se debería quitar esa alcahuetería de una vez por todas.
Y aquí no se escapa nadie, por eso resulta irónico ver a políticos de todos los partidos levantando el dedo acusador.
El PAC, que llegó a la política proclamando una superioridad ética frente a los partidos tradicionales, terminó condenado civilmente por una estafa al Estado que superó los 600 millones de colones, relacionada con el financiamiento de su campaña electoral de 2010.
El PLN, por su parte, enfrentó graves investigaciones por presuntos contratos simulados de alquiler de vehículos utilizados para justificar gastos electorales por cerca de 400 millones en la campaña del 2010. Hasta en el 2017 el Ministerio Público acusó formalmente a varios dirigentes y personeros del partido por delitos electorales, estafa y falsificación, sin embargo, la Fiscalía fragmentó geográficamente los expedientes de acuerdo con los cantones donde presuntamente ocurrieron los hechos. Debido a esta atomización, fallos en la recolección de pruebas y prescripciones de plazos, el caso no terminó en condenas por estafa al TSE a gran escala ni penas de cárcel generalizadas para su dirigencia principal. Todo, gracias a la eficiencia de esa famosa Red de Cuido de la que todos escuchamos a diario.
Lo verdaderamente indignante es observar cómo nuevas agrupaciones construyen su discurso político denunciando las prácticas de sus antecesores, prometiendo acabar con los privilegios y presentándose como una alternativa moralmente superior. Sin embargo, cuando llegan al poder, corresponde examinar si realmente cambiaron las prácticas o simplemente cambiaron quienes se abusan de lo público.
Sacar al PLN y al PAC del poder no constituye ninguna revolución ética si el resultado es reproducir aquello que tanto se condenaba.
Y tampoco debería quedar fuera de este escrutinio el Frente Amplio, que tiene tantas formas para vivir de lo público, permanentemente y sin sonrojarse.
El problema de Costa Rica no se resuelve sustituyendo unos partidos por otros, sino terminando con la idea de que el Estado se maneje como un botín.
Los fondos públicos no pertenecen al PLN, al PAC, al Frente Amplio ni al partido de turno, ni al taxi de ayer, al de hoy o el próximo que utilicen. Pertenecen a los contribuyentes, que trabajan, producen y pagan impuestos mientras demasiados políticos se disputan el privilegio de administrarlos.
La verdadera transformación política no consiste en cambiar quién disfruta del poder, sino en reducir los privilegios, fortalecer los controles y exigir responsabilidad por cada colón gastado.
Aunque algunos pretendan presentarse como los inventores de la honestidad y la transparencia, Costa Rica tiene suficiente memoria histórica para desconfiar de todos, sin excepción.
