Hace unos días y como reacción al tiroteo ocurrido en las afueras de un Centro Educativo en Escazú, el Presidente Solís, como ya es su costumbre, sale a los medios de comunicación, buscando culpables y endosando a otros la responsabilidad de sus yerros. Esta vez le tocó a la Asamblea Legislativa al decir que por culpa de los diputados se han perdido dos años en materia de seguridad.
Tratándose de un asunto tan sensible, que al día de hoy constituye la mayor preocupación de la ciudadanía, es importante aclarar a la población lo que realmente ha sucedido, pues basta con un balance legislativo de estos dos años, para desmentir las afirmaciones del señor Presidente.
Comencemos por los últimos Presupuestos Ordinarios que el Ejecutivo ha enviado para aprobación de la Asamblea. Ahí es fácil observar que la asignación de recursos para el Ministerio de Seguridad ha venido descendiendo.
Así por ejemplo si bien el Presupuesto de 2017 creció en un 12% con respecto al 2016, al Ministerio de Seguridad se le recortaron 8 mil millones de colones. Lo mismo sucedió en el 2016, cuando en comparación con el 2015, el recorte fue de 21 mil millones. Esta situación hizo que la propia Viceministra de esa cartera señalara que no habría más contrataciones de policías, ni plata para equipos y menos para arreglar delegaciones o comprar patrullas, helicópteros, botes para guardacostas, chalecos, antibalas, entre otros.
No obstante lo anterior y a pesar de la poca prioridad asignada por el Gobierno, fue en la Asamblea donde se hicieron los ajustes necesarios para aumentar los recursos de las tres instancias que velan por la seguridad del país, a saber: Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Poder Judicial.
Si lo comparamos con los recursos que se asignaron a las mismas en el 2014, observamos estos superaron en un 23% el presupuesto autorizado para ese momento. Además, analizando con detalle el crecimiento en el Presupuesto del 2016 al 2017 para cada una de ellas la tasa es la siguiente: Ministerio de Seguridad Pública 11.38%; Ministerio de Justicia 15.52% y Poder Judicial 10.81%.
Si se analiza la creación de plazas a nivel de cuerpos policiales, administración penitenciaria, investigación, detección, represión y sanción del delito, se contemplaron dentro del presupuesto 2017, 827 plazas nuevas. Por lo tanto, como lo reconoció el mismo Presidente Solís, en la Asamblea Legislativa a nivel presupuestario se ha venido a reforzar el uso de recursos a las instancias competentes en materia de seguridad ciudadana.
En cuanto a legislación aprobada tenemos entre otras, el impuesto a las sociedades anónimas que devuelve recursos frescos a los cuerpos de seguridad, un 90% al Ministerio de Seguridad Pública, un 5% al Organismo de Investigación Judicial y un 5% al Ministerio Público, la Ley para mejorar la lucha contra el contrabando, la Ley del delito de cohecho transnacional, así como la ley que incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, dado que actualmente no están siendo supervisados de forma efectiva en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otras, donde si bien aún falta mucho por hacer, es en este campo en donde el existe un mayor compromiso de las fracciones mayoritarias del Congreso por mejorar las herramientas jurídicas para que nuestro país enfrente la criminalidad organizada en todas sus formas.
Varios temas han puesto sobre el tapete la falta de coordinación de la Administración Solís en materia de seguridad. Uno de gran importancia fue la perdida de una oportunidad de mejorar con prontitud la infraestructura para la vigilancia de la frontera norte, al amparo del decreto de emergencia emitido por el conflicto con Nicaragua, firmado por la Administración Chinchilla.
La declaratoria, permitía a las instituciones estatales agilizar los procesos de contratación, por lo que Seguridad tuvo la posibilidad de invertir casi ¢10.000 millones en su red de vigilancia en los seis cantones fronterizos: La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Sin embargo, al caducar el decreto de emergencia, el Ministerio todavía tenía ociosos casi ¢4.500 millones que estaban destinados a mejorar tres delegaciones policiales, comprar un gran campamento e invertir en equipamiento y videovigilancia.
Otro fue la errada decisión de suspender la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz que había sido diseñada y estaba en implementación con mucho éxito durante la Administración Chinchilla Miranda, cuando como se recordará, se logró reducir en forma determinante la violencia y la criminalidad, aspectos que se han descuidado, siendo el año 2016 el más violento de nuestra historia según registros del Organismo de Investigación Judicial.
El señor Presidente alega que es por falta de aprobación de algunos proyectos de ley que se “han perdido dos valiosos años de tiempo”. Ello no es así y resulta lamentable que el uso de tácticas de comunicación y propaganda gubernamental simplistas y distorsionadas llegue al ámbito de la seguridad ciudadana, irrespetando con ello a cientos de personas que se han visto directamente afectadas por este innegable problema nacional, que debe ser enfrentado no solo con leyes sino con la voluntad y la seriedad que el asunto demanda.
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