Este 4 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocará al pueblo a elecciones municipales, que se realizarán el domingo 4 de febrero de 2024, en las que más de 3.6 millones de costarricenses estarán empadronados para votar y elegir aproximadamente a 6.212 personas, que ocuparán los cargos de los gobiernos locales en los 84 cantones que ahora existen en el país, siendo Monteverde y Puerto Jiménez los debutantes. Los mandatos de las autoridades que se elijan se extenderán del 01 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2028.
Según datos del TSE el presupuesto público de esas elecciones es de 6.989 millones de colones, y están inscritos hasta el momento 159 partidos políticos en las escalas nacional, provincial y cantonal. Se aplicará el impedimento legal de reelección de personas que tengan dos periodos consecutivos de ocupar cargos en las municipalidades, y la paridad horizontal u obligación de inscribir cantidades iguales de hombres y mujeres en las candidaturas.
Esos 6.212 puestos corresponden a alcaldías y dos vicealcaldías que se eligen por cantón, con funciones ejecutivas y de administración; regidurías propietarias y suplentes que integran los concejos municipales. Su tamaño varía según la población del cantón y les compete formular políticas, presupuestos, tasas, ordenamiento urbano, hacer nombramientos en juntas y controlar como contrapeso político a las alcaldías.
También se elegirán sindicaturas propietarias y suplentes en los 492 distritos administrativos que hay, cuyos intereses representan ante los concejos del municipio, así como concejalías de distrito propietarias y suplentes que integran los concejos de esos territorios e intendencias que existen en 8 lugares lejanos a sus centros municipales, y que componen concejos de distrito junto a los respectivos concejales.
Ese repaso de las autoridades a elegir cada 4 años y que denotan la compleja estructura de los gobiernos locales, también evidencia la importancia de sus funciones en el desarrollo territorial y económico de los cantones, porque debido a su cercanía con la gente y el conocimiento de las comunidades y problemas, están llamados a resolverlos prestando los servicios básicos de recolección de basura, red vial, alcantarillado, alumbrado, vivienda, educación, cultura y deporte, así como los diversificados relativos al acceso al agua, protección y desarrollo de la zona marítimo terrestre y seguridad.
Sobre los resultados concretos de los gobiernos locales en la prestación de esos servicios públicos, el más reciente Índice de Gestión de Servicios Municipales emitido por la Contraloría General de la República (CGR), disponible en: https://www.cgr.go.cr publicaciones, consideró 118 indicadores y prácticas de las 82 municipalidades actuales, y los hallazgos indican que el 2 % de ellas están en un nivel de madurez inicial, un 38% en un grado básico, el 51% en un nivel intermedio, el 9% en un grado avanzado y ninguna llega al nivel óptimo de gestión.
Es decir, persisten dificultades de gobernabilidad y gobernanza local, debido en parte a los escasos incentivos para la participación social organizada y al eventual complicado diseño institucional que es normativamente homogéneo, aunque el territorio costarricense no lo sea en lo económico, social y cultural, ya que en él confluyen múltiples
realidades, como si de otro país se tratara. Así, existen grandes brechas de gestión y bienestar entre los cantones, pues algunos de ellos tienen baja criminalidad, alta productividad y empleabilidad, seguridad y capacidad para administrar y prestar correctamente aquellos servicios públicos, y otros están permeados por la delincuencia, pobreza, bajo desarrollo humano y progreso y un deficiente gobierno municipal.
Esas asimetrías también las evidencia el TSE en el Fichero Cantonal presentado recién, que integra y resume valiosos indicadores sobre el estado actual de los municipios (disponible en https://tse.go.cr/ficherocantonal2024.htm). Posiblemente esas problemáticas y desigualdades cantonales contribuyen a explicar el pobre promedio general de participación en las elecciones municipales desde el año 2002, que no supera el 30%, es decir, la media del abstencionismo ha sido del 70%, pese a que los gobiernos locales han de ser el factor clave para el desarrollo de los municipios, en un mundo globalizado que impacta diferenciadamente sus oportunidades de progreso.
Como se ha visto, los gobiernos locales enfrentan numerosos desafíos para ser más eficientes y eficaces en la prestación de sus servicios, y alcanzar una gestión más vigorosa e íntegra que aumente la confianza de la gente en ellos y en las autoridades que elige que les represente. Para contribuir con ese impostergable reto la Asamblea Legislativa podría comenzar el otro año un riguroso examen del régimen municipal, que entre otros asuntos considere los que seguidamente se propone.
1.Continuidad de las elecciones municipales separadas de las nacionales. 2. Necesidad de un reordenamiento territorial con menos cantones y distritos administrativos reagrupados en regiones mayores, limítrofes y afines que serían electoralmente funcionales. 3. Renovación del tipo de autoridades a elegir, conforme a las nuevas circunscripciones administrativas. 4. Habilitación de las candidaturas independientes. 5. Reducción del presupuesto público de organización electoral porque habría menos cantones y autoridades en la contienda.
Esas y otras acciones legislativas podrían fortalecer la débil participación electoral y mejorar la gobernabilidad y gobernanza de los territorios cantonales; pero mientras todo esto ocurre vayamos a votar el próximo 4 de febrero.
