Indignación, repulsión, desesperanza y enojo son algunos de los sentimientos que experimentamos miles de costarricenses cada vez que nos enteramos por los medios de comunicación de alguna aberrante vejación contra algún menor edad, la mayoría de las veces, específicamente contra alguna niña o adolescente.
La niña embarazada por supuesta violación de su propio padre, el asesinato de una menor de edad a manos del adulto con el que convivía desde hace 3 años bajo una relación impropia y la sentencia a prisión a un docente, dos estudiantes y un DJ por violación de una menor de edad luego de una actividad en un salón comunal, son solo los más recientes casos de los que hemos sido testigos en las últimas semanas.
Sin embargo, son cientos los casos que no ocupan los titulares de los medios y cientos los abusos que se cometen todos los días, muchos de ellos a vista y paciencia de familiares, vecinos o personas cercanas al núcleo familiar de las víctimas, sean estas mayores o menores de edad, sin que nadie haga nada al respecto.
La violencia contra las personas menores de edad está penada por ley. Incluso en enero de este año entró a regir la ley que aprobamos a finales del año pasado para sancionar cualquier tipo de relación sexual de personas mayores con personas menores de edad y que incluso prohíbe el matrimonio con personas menores de 18 años, con lo cual se moderniza nuestra legislación en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al tenor de lo dictado por las más altas normas de derecho internacional en la materia.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser tanto inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país.
La violencia, especialmente contra las mujeres, no sería posible si no existiera un entramado social basado en la desigualdad y la discriminación que la avale y sustente. El orden social de género justifica, valida y reproduce las distintas formas de violencia, aun de forma imperceptible, a través de los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, lo malo y lo bueno, lo aceptable y lo no aceptable para hombres y mujeres.
Estos estereotipos dictan la pauta para lo que socialmente se concibe posible o no, y sobre ellos se ha construido históricamente el entramado ideológico que sustenta la violencia contra las mujeres profundizando las desigualdades por razón de género; situación que afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA, la paz social y la seguridad de nuestras comunidades.
Las sociedades son lo que nosotros hacemos de ellas, son construcciones permanentes e inacabadas que requieren de la suma de voluntades de todos y cada uno de quienes las conformamos. No podemos delegar responsabilidades, cuando no somos capaces de asumir la cuota que nos corresponde, así que la lucha por combatir la violencia contra la mujer no es un asunto del Gobierno o de las autoridades por separado, es meta, compromiso y voluntad tan suya como mía: ¡Basta ya de abusos contra nuestras niñas y jóvenes!