La propuesta de instalar bases militares estadounidenses en Costa Rica, planteada por un asesor de la presidenta electa, atenta contra nuestra cultura constitucional y el derecho internacional.
El pasado 18 de febrero, la presidenta electa Laura Fernández anunció un equipo técnico para elaborar reformas legales. Sin embargo, lo que debía ser una noticia rutinaria se ha visto empañado por las declaraciones de uno de sus asesores: Fabián Silva ha planteado reformar la Constitución para permitir bases militares estadounidenses en Limón, Puntarenas y Guanacaste, argumentando que sería una estrategia para combatir el narcotráfico.
La propuesta merece un rechazo frontal. Costa Rica no es un país más: es la nación que abolió el ejército en 1948, que proclamó su neutralidad perpetua, activa y no armada en 1983, que reconoció la paz como derecho humano mediante la Ley N°9288 de 2014, y que llevó al gobierno ante la Sala Constitucional por apoyar una guerra ilegal en el emblemático voto 2004-09992.
Nuestra neutralidad es un compromiso internacional de carácter vinculante. En el voto 2004-09992, la Sala Constitucional estableció que la paz es un valor constitucional que forma parte de la “constitución viva”, y que cualquier apoyo a acciones bélicas emprendidas al margen del Consejo de Seguridad de la ONU es inconstitucional.
Una base militar no es un “apoyo moral”: es una instalación permanente que violaría el artículo 12 constitucional (que proscribe el ejército) y el principio de neutralidad perpetua prometido a la comunidad internacional.
En e reporte A/68/284 la ONU menciona explícitamente a Costa Rica y su jurisprudencia (el voto 2004-09992) como un ejemplo alentador de cómo un país puede integrar la paz en su ordenamiento jurídico.
El país al que se propone entregar bases militares ha demostrado su desprecio por el derecho internacional.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Cuando la fiscal fue autorizada para investigar crímenes de guerra en Afganistán, la reacción fue revocarle la visa y amenazar con sanciones. El pasado 20 de febrero, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad una resolución que demandaba alto el fuego en Gaza y acceso humanitario. Esa resolución obtuvo catorce votos a favor y solo uno en contra: el de Estados Unidos. El embajador de Pakistán declaró que este veto “transmite el mensaje de que las vidas de dos millones de palestinos no tienen valor”.
“Bases militares para combatir el narcotráfico” es el mismo pretexto usado para justificar intervenciones en América Latina: la Doctrina Monroe, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida. Siempre la misma historia: una potencia ofrece “seguridad” a cambio de soberanía, pero el narcotráfico no se combate con bases militares. Se combate con inteligencia, cooperación judicial, desarrollo social y políticas de salud pública. Una base militar no garantiza derrotar el narcotráfico, garantiza presencia permanente de una potencia extranjera. Costa Rica ya puede realizar patrullajes conjuntos e intercambio de inteligencia sin reformar la Constitución. Lo que no puede —ni debe— es ceder soberanía.
Si aceptamos una base militar, ¿qué sigue? ¿Soldados estadounidenses patrullando nuestras calles? ¿Tribunales militares con jurisdicción sobre costarricenses? La historia enseña que las concesiones a las grandes potencias nunca terminan bien.
Como dijo la Sala Constitucional en 2004: “Ese día esta nación dio un giro, decidimos que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre será menor que los costos irreparables de la guerra”.