La crisis de los ríos en Costa Rica evidente en cuencas altamente contaminadas como la del Río Virilla no responde a una ausencia de leyes ni de conocimiento técnico. Responde, más bien, a la incapacidad del país de articular un modelo de gestión integral del agua bajo un enfoque de cuencas hidrográficas. En otras palabras, el problema no es normativo: es estructural, institucional y político.
Desde el punto de vista jurídico, Costa Rica cuenta con instrumentos vigentes y relevantes. El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N.° 33601-MINAE-S) constituye la norma central en la materia, estableciendo límites permisibles de descarga, parámetros obligatorios de monitoreo —como DBO, DQO, pH, grasas y sólidos— y la responsabilidad directa del generador sobre el tratamiento de sus efluentes.
A este marco se suma el Decreto N.° 39887-S-MINAE, que regula la aprobación, diseño y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como el Decreto N.° 42128-MINAE-S y sus reformas, particularmente el Decreto N.° 44790-MINAE-S, que actualiza el canon ambiental por vertidos bajo el principio de “quien contamina paga”. En conjunto, estas disposiciones imponen obligaciones claras: tratamiento previo, monitoreo, límites de descarga y responsabilidad del generador. Sin embargo, este entramado normativo responde a un enfoque de control por punto de descarga, no a una visión integral de cuenca.
Aquí radica una de las principales debilidades del modelo costarricense: la ausencia de autoridades de cuenca con poder operativo real, tal como sucede en Francia, España, Alemania, Argentina, Colombia, México, Brasil, entre otros. En nuestro país aunque existen múltiples instituciones con competencias (AyA, MINAE, Ministerio de Salud y municipalidades) ninguna tiene control integral sobre el ciclo del agua dentro de cada cuenca. Esta fragmentación genera vacíos de responsabilidad, duplicidades y una fiscalización limitada.
El concepto de autoridad de cuenca no es nuevo. Países europeos como Francia y España han desarrollado modelos en los que una entidad específica gestiona planificación, monitoreo e inversión a nivel de cuenca. En América Latina, México y Colombia han avanzado en esquemas similares. En Costa Rica, aunque el enfoque de cuencas ha sido reconocido en el discurso técnico, no se ha traducido en instituciones con capacidad ejecutiva real para cada cuenca hidrográfica.
A esta debilidad institucional se suma una carencia técnica relevante: la ausencia de una política nacional clara de biorremediación y bioaumentación. Aunque la normativa vigente exige tratamiento y control de contaminantes, no incorpora de manera explícita estrategias modernas de restauración ecológica a escala de cuenca. En contraste, los países que han recuperado ríos altamente contaminados han combinado infraestructura de saneamiento con soluciones basadas en la naturaleza.
El problema se agrava por la persistencia de fuentes de contaminación no controladas. Las aguas residuales domésticas sin tratamiento adecuado, los vertidos industriales insuficientemente fiscalizados y el manejo deficiente de residuos —incluyendo fármacos— continúan alimentando la degradación de los ríos. La ausencia de sistemas robustos de recolección de medicamentos vencidos agrava la presencia de compuestos farmacológicos en el agua, con implicaciones sanitarias crecientes.
Frente a este escenario, las acciones necesarias son claras.
Primero, avanzar hacia un modelo de gestión por cuencas hidrográficas mediante la creación de autoridades de cuenca con competencias reales de coordinación, fiscalización y ejecución en cada cuenca del país. Segundo, fortalecer la infraestructura de saneamiento, elevando el nivel de tratamiento hacia estándares secundarios y terciarios. Tercero, modernizar el monitoreo mediante sistemas en tiempo real y acceso público a los datos. Cuarto, incorporar la biorremediación como complemento dentro de una política nacional de saneamiento. Quinto, fortalecer la gestión de residuos, especialmente en lo relativo a desechos peligrosos y farmacéuticos.
El saneamiento de los ríos en Costa Rica no requiere una solución aislada, sino una transformación del modelo de gestión.
Costa Rica tiene regulación de aguas del siglo XX, pero enfrenta problemas del siglo XXI. Y, sin embargo, sigue careciendo de instituciones del siglo XXI. La ausencia de autoridades de cuenca no es un detalle técnico: es el vacío estructural que explica por qué los ríos siguen contaminándose a pesar de la normativa existente.
Mientras el país no organice su gestión del agua en torno a cada cuenca hidrográfica, cualquier esfuerzo seguirá siendo parcial, fragmentado e insuficiente.
