La educación es la principal herramienta de superación personal y de transformación social. La formación tiene gran impacto en el crecimiento personal, que, más adelante, influye en las relaciones y el éxito en el ámbito laboral.
La lucha por la autonomía de las universidades públicas ha sido una constante no sólo para conquistarla sino también para hacer que los organismos públicos y privados sean capaces de respetarla.
La irracionalidad de las políticas neoliberales en estos momentos forma parte de la necesidad de profundizar la lucha por la vigencia de la autonomía universitaria y la amenaza de recorte presupuestario que afectaría muchos de los programas sociales de las universidades públicas.
En estos tiempos, la lucha por la autonomía de la universidad pública está cada vez más vinculada a la lucha contra la privatización, la desnacionalización y la usurpación de las instituciones públicas y nacionales para convertirlas en empresas mercantiles.
Por eso, en estos momentos, la lucha por la autonomía de la universidad pública incluye la lucha contra la lógica mercantil de la vida y sus derivados de represión, enajenación, corrupción y degradación de los valores humanos.
Pero las acechanzas contra la autonomía universitaria no cesan y existen intentos que pretenden negar el papel crítico de las universidades públicas, para convertirlas en elitistas remansos de paz donde se forman los hijos de la oligarquía.
No obstante, en esta época de cambios difíciles que vive el mundo, por el COVID 19, surge un nuevo reto que consiste en transformar las universidades públicas para que respondan a los desafíos de la sociedad contemporánea. Para ello, es pertinente retar la imaginación y replantearnos los objetivos, la misión y las funciones de las instituciones de educación superior, a fin de que estén a la altura de las circunstancias actuales.
En este contexto quiero referirme al negocio multimillonario en los alrededores de la UCR en San José, donde los dueños de propiedades y apartamentos se llenan los bolsillos a expensas de los estudiantes.
Es hora de que la autonomía de que goza la UCR y las otras universidades públicas permitan abrir las residencias para que estudiantes sin beca puedan vivir y les genere otros ingresos cobrando una mensualidad módica necesarios para su mantenimiento y para construcciones futuras.
La autonomía de la Universidad Pública, es el derecho de esta casa de enseñanza, a dictar su propio régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la universidad de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a su propia existencia y no a una merced que le sea otorgada y debe ser asegurada como una de las garantías constitucionales.
Finalmente, estudiantes becados o no deben tener derecho a vivir en residencias estudiantiles por la seguridad que eso ofrece a los estudiantes y sus familias.
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