La problemática en torno al acoso sexual, agresiones a la integridad física y psicológica de muchas estudiantes, denunciada en las últimas semanas, es un grito de auxilio para que intervengan las autoridades del Estado. Porque a lo interno de esas instituciones, prestan oídos sordos los “administradores correspondientes”, que se declaran incapaces, cuando son ellos mismos, los encargados de convocar las reformas a los estatutos y reglamentos que están legitimando a los depredadores sexuales a reafirmar sus conductas, pese a que éstas son punibles más allá de la autonomía universitaria.
Estas autodenominadas “repúblicas independientes, sin límite de suma,” juegan con la autonomía universitaria, al escudarse en campañas publicitarias y estudios de género que no pretenden enfrentar el problema de fondo, cuando solo contabilizan a las víctimas, sin exponer en realidad a los verdaderos perpetradores que están detrás de la explotación de un sexo frente a otro y que ahora, es el tema de fondo a lo externo.
Es inmoral lo que ocurre ahí dentro, pero además son hechos que van en contra del ordenamiento jurídico, más allá de las amenazas directas y veladas dirigidas a quienes nunca hemos guardado ni guardaremos silencio, porque nuestra dignidad no tiene precio, y además no puede ser comprada por salario o prestación alguna.
A las anteriores denuncias, se le deberían de sumar también las hechas por profesoras y funcionarias, pertenecientes a las cuatro universidades públicas de Costa Rica, ya que las mencionadas conductas se encuentran naturalizadas desde hace décadas y además, son el reflejo de la realidad histórico-social que caracteriza a la “Suiza Centroamericana”, junto al doble discurso en torno a la violencia machista, misógina y patriarcal que constituye parte de la idiosincrasia nacional, dentro y fuera de estos centros de estudios superiores.
Como egresada de la Universidad de Costa Rica y ex profesora, no me son ajenos tales hechos frente a la inoperancia, falta de ética y moral dentro de la función pública que ha quedado al descubierto por parte de las “autoridades correspondientes”; donde mientras no estén en juego sus pluses salariales e intereses corporativos, el riesgo que corran las estudiantes, docentes y funcionarias no es importante y menos, debe ser denunciado a lo externo.
Porque denunciar lo anterior es comparado con morder la mano que te alimenta, si fuiste o eres becada; cuando en realidad la mano que te alimenta, proviene de tu propio trabajo y esfuerzo, junto al de todos los costarricenses que pagan los impuestos que sostienen a estos centros de enseñanza superior.
Porque han sido las propias estudiantes, las que han tenido que denunciar ante los medios de comunicación lo que sufren día con día, más allá de quienes inclusive a lo interno, continúan revictimizándolas y transformándolas en objeto de criminalización, cuando acuden a clases, amparadas solo con la verdad que de una u otra forma saldrá a la luz.
Las denuncias hechas a lo interno y externo de estas casas de estudio, han sobrepasado cualquier “leyenda negra”; ya que a estas alturas esto es solo la punta del iceberg en relación con lo que ahí dentro acontece, convirtiendo a esas sedes y recintos en los lugares preferidos, para que operen en conjunto una serie de acosadores o mejor dicho depredadores sexuales, reconocidos a lo interno como “catedráticos”, pero con licencia para delinquir, violentando y explotando a quienes no tienen voz, o peor aún a quienes no poseen los medios para defenderse.
La autonomía universitaria, no puede ser utilizada por algunos gremios para que la corrupción campee, frente a la violencia ejercida contra las mujeres en detrimento de los Derechos Humanos, mismos que se violentan a vista y paciencia de las autoridades administrativas, las cuales se han prestado a guardar silencio, siendo cómplices de los hechos denunciados y otros peores, que en su momento deberán ser expuestos.
La naturalización de la violencia dentro de estos centros de enseñanza superior, es un hecho que se politizó, siendo en la actualidad utilizado para negociar desde uno u otro frente lo innegociable, lo que no puede ser resarcido y que en todo caso es la Dignidad Humana; misma que no obedece a coacciones y mucho menos a amenazas, ni veladas ni directas, dirigidas por un grupo organizado de acosadores sexuales que no corresponden al común denominador de docentes que laboran ahí, pero que está legitimada desde la administración y desde otras instituciones que debieron de haber actuado en su momento, ya que conocían el tema de fondo.
Porque para finalizar, las universidades públicas demuestran su falta de ética y moral a lo interno de estas instituciones, como también dentro de sus planes de estudio, donde en realidad la Ética es vista como algo opcional, cuando es una necesidad prioritaria, más allá del doble discurso expuesto en el último tiempo; donde lo verdaderamente importante no es el respeto a la integridad de nadie, sino más bien el jugoso salario que puedas devengar a pesar que este sea inmoral, pese al acoso sexual y laboral que se ha naturalizado como conducta…
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