La violencia sexual ejercida dentro de la Universidad de Costa Rica, refleja la gravedad en torno a la violación de los derechos de las féminas en este país centroamericano, pero a su vez, como se vulneran también los Derechos Humanos, la Libertad de Cátedra y la Libertad de Expresión, dentro del “principal centro de pensamiento” que tiene esta Nación.
No debemos olvidar que desde hace más de un año, se firmó vía Decreto, la llamada directriz que declaraba de “interés prioritario”, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.
Ese Decreto firmado el 14 de agosto del año pasado, incorporaba más de cuarenta acciones y obligaba en teoría a todas las entidades estatales, incluidas las universidades públicas a que se comprometiesen para implementar, una serie de programas enfocados a prevenir y atender todo tipo de violencia contra las mujeres, dentro del marco de la “actividad política” que supuestamente, se desarrolla en esta República.
Dicha norma, iba orientada a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres de cualquier edad; labor que sería respaldada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y la Administración central y descentralizada, según las declaraciones hechas en aquel momento a todos los costarricenses.
Desde Casa Presidencial y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), se hizo público que se ejecutaría una normativa orientada a más de veinte instituciones, para dar respuesta a la grave situación de creciente violencia ejercida contra las mujeres, debido a que esta problemática, según las estadísticas en el último año aumentó, permeando diferentes ámbitos del nuestra sociedad y entre ellos, también el entorno universitario.
Por ello, es fundamental que el Organismo de Investigación Judicial, (OIJ) junto con la Fiscalía de Género, logren poner un alto a la violencia que se ejerce dentro de estas “casas de estudios superiores”, más allá del doble discurso difundido desde la Rectoría de la UCR y sus dependencias; las cuales ahora, solicitan públicamente “pruebas”, pero más “sólidas”, cuando en su momento fueron estas mismas “instancias administrativas”, las que hicieron hasta lo imposible, para que estos atropellos a los Derechos Humanos no se ventilaran, aduciendo incredulidad y tratando de sacar de en medio a cualquiera que se atreviera a hacerlo público, poniendo la cabeza de las víctimas en bandeja de plata a los perpetradores, fueran estas estudiantes, funcionarias o profesoras en una cacería de brujas que hasta el día de hoy, se mantiene en pie.
Hubo docentes y estudiantes dispuestas a denunciar la violencia institucional de que eran objeto, al igual que una serie de hechos contrarios e incompatibles con las leyes, la ética y la moral, dentro de la función pública como lo son, la prostitución, el tráfico de drogas y la trata de personas, aunados a la violación concreta del Principio de Libertad de Cátedra y Libertad de Expresión, mismos que también se transgreden dentro de diversas unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, sin ningún miramiento.
Todo lo anterior, fue denunciado en su momento a las Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil, como también los otros ilícitos que acontecen dentro de esa “Universidad”, aunque ahora desde esas dependencias, aduzcan una “crisis generalizada de amnesia” que por lo visto, les impide recordar las reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos, donde las víctimas y sus familias, denunciaban todos esos hechos.
La serie de amenazas de muerte de las que han sido objeto las víctimas, por parte de funcionarios públicos de esos organismos, fueron hechas mientras las agredidas seguían laborando y siendo parte de esa institución; la cual ha tratado de lavarse las manos, frente a los últimos acontecimientos que fueron de su conocimiento desde hace años, junto con las reiteradas peticiones de las ofendidas de ser trasladadas a otras instancias “menos peligrosas”, donde su vida no estuviera en riesgo.
Las amenazas públicas a las denunciantes y a sus familias, no solo provenían de alumnos utilizados por la estructura de criminales organizados que ahí opera, misma que no ha sido visibilizada en su totalidad; sino también, por funcionarios pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la UCR (SINDEU), quienes ejercieron presión y violencia explícita en su momento para acallar a las víctimas, siendo imprecisa la información suministrada, hace unas semanas al Semanario Universidad.
Estas denuncias son del conocimiento de la UCR y principalmente de las Vicerrectorías de Docencia y de Vida Estudiantil, al igual que de la Junta de Relaciones Laborales que hasta el día de hoy, ha guardado silencio en relación con todos estos abusos.
Cuando las docentes y funcionarias de la UCR, sufren acoso laboral u otras agresiones a sus derechos e integridad personal el (SINDEU) debería hacer su trabajo, pero no en contubernio con la Rectoría, en cuanto a eludir sus responsabilidades y más, frente a temas tan delicados como los que se han hecho públicos; donde no se ha dicho que el SINDEU, también ha dejado sin abogado y en total estado de indefensión a quienes denuncian.
Porque denunciar que las “clases impartidas” a los jóvenes de primer ingreso en Estudios Generales en algunos “Recintos”, se ejercen en forma totalmente irregular y sin ninguna escala de evaluación en vinculación con los actos ilícitos que ahí se reproducen, genera más que anticuerpos en diversos ámbitos del gremio que se encuentra hoy, sosteniendo un doble discurso, para no poner en riesgo sus pluses desmedidos y “pequeño peculio”.
Las continuas amenazas de muerte dentro de la UCR, son normales todos los días e incluso, se extienden más allá de sus dependencias a tú círculo familiar, seas profesora, funcionaria o estudiante, debido a que en la zona norte de su “autonomía universitaria”, se recomienda desde estas y anteriores administraciones que “para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”.
Lo anterior, sumado a una Ética y Moral inexistentes en el ejercicio de lo que ahí se ha denominado como “docencia” y sobre todo en lo relacionado a la “evaluación”, donde las alumnas deben pagar derecho de peaje, pero en especie, si quieren ser aprobadas o becadas en el extranjero por algunos profesores, desde el primer año.
Quienes las explotan, aducen que en realidad son “gentuza” que harían lo que fuera, por “dinero” y por ello, se aconseja al personal, mirar hacia otro lado. El descaro es tal que incluso las amenazas de muerte, provienen de funcionarios del ámbito de “Seguridad”, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores que hoy por hoy, no puede aducir ignorancia.
De esta forma, es necesario asumir una postura más allá del discurso; donde se denuncie pero a quienes amenazan, agreden sexualmente y explotan a las estudiantes, profesoras y funcionarias, siendo cómplices de todos estos hechos quienes han guardado silencio y que ahora, criminalizan y re-victimizan a las denunciantes.
Lo anterior lo expreso como egresada de la UCR y exprofesora, donde la ineficiencia y alcahuetería desde la Rectoría y sus diversas dependencias, al igual que desde algunos sectores que se encuentran en pugna con el Consejo Universitario, se hacen más que evidentes, ante las denuncias hechas por las mismas estudiantes y por quienes ahora, como egresadas o ex funcionarias, debieron de enfrentar solas a la organización de perpetradores sexuales que ahí laboran.
Todo lo anterior a vista y paciencia de las Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil y además de la Comisión contra Hostigamiento sexual, las cuales aducen encontrarse con las manos atadas, al igual que la Comisión Evaluadora de Acoso Laboral que junto con el Sindicato de Trabajadores, brillan por su ausencia.
Así estos hechos, se gestan en aras de respetar el “debido proceso”, pero de los acosadores; el cual, se traduce en notificar a los mismos de quiénes son las afectadas que los acusan a lo interno, posibilitando que estos agredan nuevamente y de diversas formas a las víctimas, generando en ellas el abandono de sus procesos, debido a que pierden la credibilidad en un sistema corrupto y permisivo de violencia que ahí esta rentabilizado, por quienes utilizan estos ilícitos, para negociar plazas en propiedad y hasta préstamos bancarios, al igual que la aprobación o no de los cursos.
Porque el tema en cuestión por años se minimizó, achacando que era producto de leyendas y exageraciones por parte de las estudiantes, funcionarias y docentes en torno a la violencia sexual que se encuentra, enquistada y naturalizada, desde la base hasta la cúpula en esta institución estatal.
Así, esta nación independiente y sin límite de suma en que se ha transformado la Universidad de Costa Rica, se encuentra inmersa en otro país, denominado la “Suiza Centroamericana”; la cual, obedece a un imaginario colectivo que aduce ser respetuoso de los “Derechos Humanos”, cuando la realidad es totalmente otra en cualquiera de sus fronteras.
Si Costa Rica es supuestamente, una “democracia representativa” y ejemplo de un “Estado Social de Derecho”. Por qué, se le están violentando los derechos a todas las mujeres desde la “academia”, al no aplicarse la justicia, ni los mecanismos adecuados para lograr hacer efectivo el largo brazo de la ley, hacia quienes han mancillado la integridad física y psicológica de estudiantes, profesoras y funcionarias que laboran o han laborado dentro de esa institución y a las que se les recomendaba, “guardar silencio” o “incapacitarse por psiquiatría”, para así quitárselas de encima.
De esta forma, el futuro de la educación superior en Costa Rica y en la UCR, no se ve para nada alentador y menos, en lo concerniente al respeto de los Derechos de las Mujeres. Porque el atropello y la mordaza a la “Libertad de Expresión y Cátedra”, lo permea todo en esa casa de estudios superiores.
Las denuncias frente a la corrupción institucionalizada, salarios excesivos, pluses desmedidos, falta de ética y moral dentro de la función pública y en los planes de estudio, al igual que la naturalización de la violencia sexual, laboral, prostitución, tráfico de drogas y trata de personas dentro de la UCR, son el reflejo del nuevo rumbo que ha tomado la Universidad de Costa Rica en los últimos años.
Por ello, ya no se puede leer en su escudo, “Lucem Aspicio” que (busca la luz). Porque en realidad, muchos de los miembros de la Comunidad Universitaria, le han dado la espalda al sol y a las Luchas Sociales que dieron nuestros padres y abuelos, durante la creación de la Segunda República y consolidación de las Garantías Sociales desde 1948, las cuales, solo son utilizadas para lucrar en beneficio propio, por parte de esta Institución.
Porque para finalizar, el Ministerio encargado supuestamente de velar por los derechos de las mujeres, será recordado por respetar la “autonomía universitaria”; claro que sí, pero en aras de la violación a los Derechos Humanos de las féminas…
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