El aumento de la delincuencia y el temor de la ciudadanía de ser víctima de un delito son fenómenos que, al parecer, se dan en todas las sociedades contemporáneas, aun cuando las posibilidades, frecuencia y violencia que tienen sus habitantes de ser víctimas de un delito son distintas en los diferentes países.
El control de la delincuencia es un problema de Estado, ya que para enfrentarla se requiere de políticas de seguridad pública bien definidas, que cuenten con una adecuada inversión y financiamiento. La lucha contra la delincuencia demanda tecnologías y equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura.
La delincuencia puede ser analizada a partir de las estadísticas disponibles con vistas a conocer su evolución y comportamiento actual. En este sentido, las autoridades correspondientes han hecho un gran esfuerzo, donde se ha contado con la colaboración del INEC, la Prensa tradicional, Ministerio Público, Poder Judicial y otros.
El debate sobre la seguridad ciudadana en Costa Rica no puede ignorar que la violencia es un fenómeno complejo, que abarca los delitos comunes pero también fenómenos arraigados en nuestro trato. Nuestra sociedad se ha vuelto más hostil y no es del todo atribuible a la delincuencia, hemos normalizado la violencia como una manera de solucionar nuestros problemas.
La violencia y la inseguridad deben ser una prioridad nacional de este gobierno y dada la importancia de este tema, debemos comprender que, aunque la delincuencia común y el crimen organizado son ahora más visibles, hay muchos otros fenómenos que contribuyen al sentimiento de inseguridad, tales como la corrupción en las policías, y la falta de eficacia de las instituciones.
La delincuencia, ejercida cada vez con mayor violencia, afectó los principales centros urbanos de Costa Rica, considerada hasta hace unos años un país relativamente seguro dentro del contexto latinoamericano, al punto que hayan advertencias internacionales en el rubro del turismo, sobre la inseguridad nacional.
Sin duda alguna, la recuperación de los espacios públicos es una obligación. Hay que intervenir los sectores de alta concurrencia asignando fechas, entregando herramientas y creando sinergias con las municipalidades o policía municipal para la recuperación misma del espacio público y devolver la energía a las ciudades.
Finalmente, el problema no es solo de orden sociológico, también es político, porque estos datos son constantemente movilizados por autoridades, en todos los niveles, para reprochar o admirar el desempeño propio o el ajeno, y porque la delincuencia es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, lo que define eventualmente resultados electorales.
Adicionalmente, la seguridad ciudadana tiene que ser política de Estado y debe existir un monitoreo permanente de ella en la agenda pública. Por lo tanto un ministerio sin recursos económicos, materiales, y humanos no puede enfrentar con éxito el fenómeno de la inseguridad ciudadana.
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