El pasado 18 de octubre se dictamino de forma unánime y afirmativa en comisión, el proyecto de ley 22082 de Nacionalización de Mercaderías en Puntos de Ingreso. Eso quiere decir que:
No había ninguna razón de orden jurídico, técnico ni político para que Costa Rica en el ejercicio de su soberanía, realice tales reformas. El mismo Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece en su Artículo 55 por ejemplo cita: —“La declaración anticipada de mercancías podrá ser presentada anticipadamente al arribo de las mercancías al país, bajo el sistema de autodeterminación, en los casos establecidos en el Reglamento y la legislación nacional”. Y es justo esto lo que se está regulando (no eliminando) mediante esta reforma, igual ocurre con el régimen de Tránsito Aduanero. No existe ninguna obligatoriedad expresa en este, ni en ningún otro tratado o convenio suscrito por nuestro país que nos impida realizar tan urgente y necesaria reforma en nuestra legislación.
Otros precedente son las Notas Técnicas especialmente del Servicios Fitosanitario del Estado (SFE) o del Servicio de Salud Animal SENASA), que obligan a revisar las cargas a su ingreso al país. O lo hecho por COMEX, cuando en junio del 2020 y ante crisis del Covid, habilitó lo que llamaron “Una ruta segura” para el ingreso de cargas y choferes procedentes de Centroamérica al país. La cual debería incorporar el uso de escoltas, convoyes o dispositivos de trazabilidad hasta Depósitos Fiscales de previo autorizados, por ellos, en el interior del país.
Si bien es cierto se había emitido un “criterio de asuntos técnicos”, el mismo se encontraba lleno de “podría”, lo cual lo hacía de poca ayuda para los efectos. Tampoco existía aún, ningún voto de la Sala Cuarta que hubiese confirmado la imposibilidad o no, de que el país lleve a cabo esta disposición.
Y es que, un país en donde no se revisa más allá del 5% de lo que ingresa, existen más de 95% de posibilidades de que ingresen mercaderías ilícitas. Y todos sabemos lo que pasa en un país de arcas abiertas.
A partir de esto, las cargas que ingresen al país deberán ser revisadas físicamente y pagados los impuestos de aduanas en el lugar por donde hagan su ingreso. ¡Así es! Porque, aunque a usted le asombre o le asuste, eso hoy no ocurre en más de un 95%. Permitiendo que puedan hacer ingreso casi libremente armas, drogas, plagas, alimentos sin control y todo lo que su imaginación puede crear, poniendo en riego nuestra producción, nuestro comercio, nuestra seguridad y hasta nuestra salud. De igual manera, que se paguen los impuestos que quien importa, desee declarar, en un país sumido en la desconfianza y que pretender vivir de a prestado.
Acá hemos acostumbrado a copiar, mal o en beneficio de algunos avivados con poder e influencias. Y es que, para el caso que nos ocupa, NO podemos comparar nuestra inclinación evasora con las culturas europeas o asiáticas, y menos en temas tan delicados como este. Acá si dejamos las arcas medio abiertas se roban hasta las carreteas “cochinillamente”.
Debemos tener cuidado y poner más atención, “facilitar” el comercio NO debe suponer de manera alguna, una trasgresión de nuestra soberanía y mucho menos una excusa para convertirnos en cómplices de otro tipo de prácticas indeseables.
En relación con los Scanner, a pesar de sus limitaciones de índole merceológico, en con relación con la naturaleza y origen de las mercancías, y que el mismo está pensado para combatir el tema del ingreso de drogas. Se considera un complemento en los alcances de este proyecto.
Hablamos de un proyecto que, al modificar tan solo 3 artículos de la ley General de Aduanas, vendrá a variar el tristemente histórico modelo “vallecentralista” de Costa Rica. Permitiendo generar miles de empleos y abriendo oportunidades para que actividades productivas tan importantes como la Logística, la Fabril, la Comercial y la de Servicios nazcan, se desarrollan y crezcan en nuestras provincias costeras y fronterizas. Como ocurre de manera natural en las grandes urbes desarrolladas del mundo.
Más de 15 Concejos Municipales, especialmente de las provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón, habían aprobado una iniciativa que llamaron “CR567”, en alusión a sus respectivas cedulas, solicitando a sus diputados y al presidente Carlos Alvarado la presentación y aprobación expedita de este proyecto de ley. De igual forma, se habían comprometido en apoyar el proceso de instalación de empresas tanto públicas como privadas relacionadas con el tema en sus respectivos cantones.
En esta ocasión, fueron atendidas y consideradas todas las consideraciones de quienes se opusieron a los 2 proyectos anteriores. Y Diputados responsables y valientes, más abiertos a escuchar y a aprender;
Todo lo anterior a propósito de la gradualidad que se previó en este proyecto de ley, para que, una vez aprobado, se vaya ejecutando de manera paulatina y ordenada a lo largo de entre 6 a 7 años.
Quienes se oponen han dicho que:
- En Peñas Blancas, por ejemplo, se “nacionaliza” la mayor parte de la carga y que esto no ha generado trabajo allí.
- Primero deberíamos aclarar que este proceso se lleva a cabo en lugares llamados “aduanas”, y que la aduana define como .. “Oficina pública del Estado, situada en las fronteras, puertos o aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan o exportan y se cobran los derechos que adeudan según el arancel correspondiente”.
- Resulta que acá, la mayor parte de las “Nacionalizaciones” se llevan a cabo bajo la modalidad de “anticipado” y que, como se ha visto, casi todo pasa con semáforo “verde”. La pregunta obvia entonces sería ¿Qué trabajo va a generar esto si casi todo pasa directo sin revisión alguna?.
- Y ni se hable de la modalidad de Tránsito, la cual permite que las cargas ingresen y viajen cientos y cientos de kilómetros a depósitos fiscales ubicados en la GAM, sin ser revisadas y sin pagar aun los impuestos respectivos;
- Esto va a incrementar los costos y que las empresas se vayan del país.
- Desde luego que no se vale “asustar con la vaina vacía”, aquí no se va a ir nadie porque se les revise lo que están trayendo al país.
- Ahora bien, si lo que desean es que las mismas les lleguen directamente a sus bodegas, la misma ley ya establece una seria de modalidades como el Despacho Domiciliario, Operador Económico Autorizado y las Zonas Francas entre otros que lo permiten. Claro está, esto tampoco debería suponer que las cargas no se les vaya a revisar en esos lugares;
- El que las cargas se nacionalicen a su ingreso y, que de allí pasen directamente a las bodegas de los clientes. En lugar de que primero viajen cientos de kilómetros para finalmente ser nacionalizadas, y luego llegar a sus bodegas va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Así como descongestionar el GAM;
- Mejor aún, si las empresas deciden trasladarse a lugares más cercanos de los puntos de ingreso, como ocurre naturalmente en países desarrollado. No solo ofrecerá mayor capacidad de respuesta, sino que ahorrará costos y aminoraría sustancialmente riegos por daños y perdidas a causa de su manipulación.
- Estas zonas no están preparadas para esto.
- Recordemos que el proyecto tiene un elemento de gradualidad en su aplicación de 6 a 7 años para su aplicación.
- Hace años venimos escuchando que se deben modernizar la infraestructura de las aduanas de este país…
- Los principales Puertos de este país en ambos litorales ya están en manos privadas bajo la figura de concesión.
- La mayor carga operativa en esta materia recae desde 1995 en manos también privadas, concebidas en la ley como Auxiliares de la Función Pública Aduanera.
- Ya es hora de salir de la comodidad. Es hora de que instituciones públicas como Aduanas, Senasa y el SFE destinen más funcionarios en tareas elementales de revisión. En lugar de estar agolpados en más de un 90% en oficinas centrales con aire acondicionado.
- Las cargas una vez nacionalizada no podrán viajar en las mismas unidades y que entonces se deberá trasegar todo lo cual ni con Megabadegas será posible.
- Que las cargas una vez nacionalizada no deben viajar en las mismas unidades técnicamente es cierto, pero en la práctica NO se aplica y eso ellos lo saben.
- La aduana es quien determina si se debe bajar todo, parte o si con solo abrir la unidad es suficiente para determinar su contenido. A esta práctica se le conoce como “Despacho a bordo” y también está contemplada en la normativa.
- La iniciativa implica la desaparición de los 60 almacenes fiscales ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), a sabiendas de que en puertos de ingreso no hay capacidad.
- NO es cierto que la iniciativa implica su desaparición, solo su MOVILIZACION a las zonas en donde deben estar. Y lejos de desparecer, su negocio aumentaría con el aumento de las revisiones físicas, tal cual se plantea en este proyecto de Ley. Y quien prefiera no hacerlo y dedicar sus bodegas, algunas alquiladas a otras actividades como ya lo han venido haciendo, básicamente podrán solicitar el retorno de sus garantías a hacienda.
Ahora solo esperamos que el tema no se manipule, politice en media campaña electoral, ni se satanice por quienes se oponen. Sucumba ante los poderos intereses económicos del Gran Área Metropolitana en la Asamblea Legislativa, ni sea vetado por el presidente de la república atendiendo esos mismos sectores como ha sido común. Debemos comprender el interés nacional como la defensa y promoción de objetivos naturales y esenciales del Estado en el área política, económica y social. Así como la de garantizar la supervivencia, seguridad del propio Estado y la defensa de su población.
Hoy, los Puertos de Caldera y Limón, ambos concesionados, están “rodeadas de verde”. Pero no de esperanza ni de oportunidades, sino de charrales donde debería de haber empresas generando empleos y reactivación económica.
Dios primero esta valiente decisión aminore también el desarraigo y la desintegración familiar que históricamente han sufrido miles de jóvenes, que luego de graduarse de una universidad o no, han tenido que migrar al interior del país tan solo para buscar algún tipo de oportunidad laboral y de progreso para si, y para sus familias. Todo como parte de un país que necesita de equidad para poder desarrollarse en igualdad.
Finalmente, queremos decir que nos mantenemos, como le hemos hecho durante todo este proceso, en la mejor disposición consensuar con quienes se sientan afectados para lograr un mucho mejor proyecto para todos.
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