No sé cómo Instagram o Facebook o Twitter utiliza la información que yo les di (con consentimiento), y al final acepté en la política de confidencialidad para utilizar estas redes -por cierto, si usted da su año de nacimiento, edad y otros datos reales, usted es un ingenuo-; no sé si los datos de consumo, de trazabilidad por uso de tarjeta o si la información tomada de otras fuentes la utilizan los bancos estatales o privados para estarme llamando constantemente para ofrecerme sus servicios bancarios y crediticios.
No sé si mi número telefónico es parte de alguna base de datos que ya los partidos políticos tienen y se están preparando para la próxima campaña para empezar a bombardearme con sus mensajes… como ya lo han hecho algunos de ellos en el pasado; no sé si esta unidad de datos ya había sido planteada en otras administraciones, no sé si el “husmear” en la información privada todos lo hacen y no hay porqué alarmarse, según los ultra defensores del gobierno….no sé qué se ha hecho en el pasado; no me interesa el pasado… lo que sé y lo que me interesa es hoy.
Me interesa saber que es en esta Administración que abiertamente se ha concretado un bodrio como la UPAD, teñida en su intencionalidad como una forma de toma de decisiones para la generación de políticas públicas.
Lo que sé es que, ni el funcionario del banco que me llama para ofrecerme un préstamo ni el analista de Facebook (que en realidad es un bot) conoce mis preferencias de uso en esa red para bombardearme con anuncios fue elegido por una apabullante mayoría para que, junto con sus ministros, y como lo demanda la Constitución y las Leyes conexas, rigiera los destinos del país durante un cuatrienio.
Me interesa saber si el Mandatario, junto con su círculo más cercano, en Casa Presidencial, conoce cuáles son sus funciones. Me interesa saber si Carlos Alvarado es capaz junto con todo el aparato estatal, con el que le toca generar gobernanza, de coordinar lo atinente a atender los principales problemas del país.
Y es que el problema no es la necesidad de procesar datos y focalizar esfuerzos y recursos, y evitar, si es posible, la duplicidad de funciones de entidades, de programas que dan becas, subsidios, bonos y cuanto beneficio tiene el Estado Social, ¿necesarios? sí, pero sin controles. Es más, ni siquiera el problema es tener una unidad técnica dentro de un núcleo político como Casa Presidencial.
El problema aquí es brincarse todo el andamiaje jurídico, desconociendo los límites legales de un decreto; y si esto no fuera suficientemente serio, ahora nos damos cuenta que se saltaron sus propios procesos institucionales dentro y del entorno de Casa Presidencial; ni consultaron a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), como lo afirmó una de las fichas detrás de la UPAD, ni consultaron al MIDEPLAN como el propio Carlos Alvarado afirmó, y para poner cereza al pastel: ni siquiera el documento pasó por el filtro principal: su propio departamento de Leyes y Decretos.
¿No les parece completamente contradictorio promover una unidad de análisis cuando ni siquiera pudieron o quisieron analizar el documento que firmó el Presidente y su Ministro de la Presidencia?, y probablemente el Ministro a.i de MIDEPLAN ni sabía lo que estaba firmando.
Y la desfachatez parece que no tenía límites: una de sus fichas estuvo compartiendo en su muro en Facebook información, que, si bien no tenía índole confidencial, a todas luces derivaba del trabajo que ya estaba haciendo desde la UPAD. Y no sabemos qué otra información pudieran aprovechar para satisfacer su curiosidad personal o ideológica o política. Recordemos: la UPAD tenía 18 meses, según los mismos actores confesaron, de estar en la clandestinidad.
Tenemos entonces un ministro de la Presidencia, versado en las relaciones políticas que se dan dentro de la gobernanza institucional, y primera línea de contención del presidente o, dicho de otra manera, el primero que debe poner el pecho a las balas para defender a su jefe, falló, y hasta mintió.
Tenemos también una Ministra de Comunicación que no supo comunicar la esencia de la UPAD, una funcionaria que, cuando se da a conocer a la opinión pública sobre el Decreto, salió a los medios a defender la creación de esta instancia basándose en la necesidad que tiene un Gobierno en Siglo 21 de tener datos precisos; pero horas después, ya Casa Presidencial estaba dando a conocer que daban marcha atrás con el Decreto, ¿entonces? Incluso el Ministro de la Presidencia y el Presidente tuvieron que aceptar un problema en la comunicación hacia la ciudadanía.
Y, por último, pero siendo el primero en la línea de este gazapo político, institucional y jurídico está quien juró aquel 8 de mayo ante la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente sus deberes.
Al presidente, un contundente recordatorio:
“si no, que la Patria os lo demande” ….
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