En los últimos períodos electorales, la indiferencia de un sector importante de la población, se ha hecho sentir en los abultados números que registra el abstencionismo. Una de las principales causas, es la falta de credibilidad en los políticos, lo cual no solo se refleja en la falta de cumplimiento de las promesas, sino también en actos de corrupción que algunos efectúan aprovechándose de su puesto. Y es que este tipo de comportamientos reprochables, no sólo se consuman en la extracción indebida de dinero, sino también en la utilización de los recursos públicos a cambio de votos y en general, de apoyo electoral.
Una forma de utilizar estos recursos, es mediante el actuar de algunos funcionarios públicos que desean aspirar a puestos de elección popular y que en ciertas ocasiones se ven tentados a utilizar los recursos de las instituciones para solamente a ciertos grupos, beneficiándose luego de su apoyo en elecciones nacionales. Para luchar en parte contra esta problemática, el pasado miércoles 5 de julio, se aprobó en primer debate, el proyecto 19.187, Reforma se la Ley N° 4760, Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, que va dirigido a los funcionarios que ocupen los cargos de gerencia general, subgerencias, jefaturas de áreas y gerencias regionales.
El IMAS es una institución clave para combatir la pobreza, pobreza extrema y en general, la desigualdad económica y social de la población. Sin embargo, los resultados acerca de la disminución de esa desigualdad son preocupantes, ya que lejos de lograr el objetivo, aumentan cada año. Aunque no se puede aseverar enfáticamente ni tampoco es la meta de este análisis, que la falta de eficiencia en llegar a la población meta, se deba a la utilización del IMAS para fines políticos, es necesario que quienes tomamos decisiones legislativas, procuremos que los recursos de la institución lleguen a los destinos establecidos por ley.
Una de las medidas tomadas, es que los funcionarios que ocupen los puestos mencionados, no puedan participar en las actividades de los partidos políticos, como por ejemplo asistir a los clubes ni reuniones de carácter político así como utilizar la autoridad o la influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos. También, se impide colocar divisas en sus viviendas o vehículos y hacer ostentación partidista de cualquier género, quedando como único ejercicio político el ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones. Si alguno de estos funcionarios deseara participar activamente de los movimientos de los partidos políticos, deberá dejar su cargo seis meses antes de la convocatoria a elecciones populares emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo así, correrá con las consecuencias disciplinarias establecidas en esta futura ley.
Este proyecto evita que exista conflicto de intereses para quienes ejercen funciones de altos puestos en el Instituto y que posean aspiraciones a cargos de elección popular. Si bien es cierto, esta circunstancia descrita no es sinónimo de que se realizarán inevitablemente actos de corrupción o de beneficio personal, es mejor establecer reglas claras para que la participación en la política se realice con total libertad, dentro de las normas básicas de la ética y que no se ponga en juego el nombre del IMAS así como de sus recursos.
La política es apasionante y es digna de ser vivida bajo las reglas de la moral y la ética. Además, los que resulten electos de ella, tendrán enormes responsabilidades que afectarán a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Por esta razón y por el mismo respeto que merecen los funcionarios que ejercen puestos de mando en instituciones estratégicas como el IMAS, es que apoyaremos la aprobación en segundo debate de esta iniciativa, pronta a convertirse en ley de la República.
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