Corresponde por ley aclarar, después de mucho tiempo; el sabotaje de los puentes Bailey de Moín. Corresponde a los jueces sentenciar y encarcelar a los “choriceros” del fraude de la “trocha”, quienes; también desde hace años, andan campantes como si nada hubiera pasado. Corresponde a los jerarcas del Ministerio de Justicia y Paz, apurar las construcciones de nuevas cárceles, que; según asume la prensa con lujo de detalles, las actuales se han transformado en los mercados muy apetecidos y lucrativos para las ventas de drogas a los reclusos. Pese a que la creación de nuevos penales se enfrenta y se traba con la sempiterna burocracia, no es el mismo problema el control del ingreso clandestino de los estupefacientes a los centros de reclusión, cuya operación de control corresponde a la policía penitenciaria; por ende en el caso específico no resulta ser “técnicamente onerosa”, como podría haber sido el aislamiento tecnológico, que nuca se terminó; para neutralizar el funcionamiento de los celulares de los presos, que está prohibido desde la cárcel.
En un tema pertinente; cuando un delincuente comete un delito fuera de su país, debe ser juzgado en el mismo lugar, por todas las condiciones locales; tales como, los testigos, las circunstancias atenuantes y todas las demás pruebas legales, que son la base para dictar una sentencia a Derecho, por tanto la extradición; a nuestro ver, se justifica solamente cuando el reo una vez recibida la sentencia, pida ser trasladado a su país de origen con el fin de poder recibir la visita de sus familiares. Como broche de oro, opinamos de que sería muy oportuno que un juez con buen sentido humanitario y pese a la ley; en lugar de enviar a la cárcel a un ladrón de gallinas, además de contribuir a la merma del hacinamiento; lo sentenciara a un trabajo comunitario con horario, porque estamos seguros de que en el caso específico, sería fácil y posible regenerar al ladronzuelo. A veces hay que cerrarle un ojito a “Dura lex, sed lex”.
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