Costa Rica ha construido su identidad política moderna sobre la democracia, la paz y la institucionalidad civil, especialmente tras la abolición del ejército en 1948 y el compromiso del respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, esa misma tradición pacifista ha generado un vacío poco discutido en el ordenamiento jurídico: la falta de regulación clara para enfrentar escenarios extremos como la guerra, la conmoción interna o calamidades de origen humano, aún cuando estos supuestos sí están contemplados por la legislación vigente.
La Ley N.º 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, reconoce que las emergencias nacionales pueden derivarse tanto de fenómenos naturales como de situaciones humanas o sociales capaces de alterar gravemente el funcionamiento del país. Bajo este marco, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y coordina la acción institucional ante situaciones extraordinarias. No obstante, el desarrollo reglamentario de la ley se concentra casi exclusivamente en desastres naturales, dejando sin regulación operativa los escenarios de crisis política, social o de seguridad nacional.
Ni la ley ni su reglamento establecen protocolos específicos, cadenas de mando, órganos responsables ni mecanismos de coordinación obligatoria para enfrentar situaciones de conmoción interna o crisis complejas. En términos jurídicos, el Estado reconoce estas emergencias, pero no define cómo administrarlas. Esta omisión genera un efecto práctico: la gestión de crisis extremas queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, no por decisión expresa del legislador, sino por ausencia normativa.
Ello plantea riesgos relevantes para el principio de seguridad jurídica y el control democrático. Cuando las reglas no están definidas previamente, las decisiones deben adoptarse en medio de la crisis, reduciendo la previsibilidad institucional y dificultando la fiscalización preventiva. Además, la falta de mecanismos propios aumenta la posibilidad de recurrir a soluciones externas o modelos de seguridad ajenos a la tradición constitucional costarricense, especialmente en contextos de incertidumbre política o social.
La situación se agrava con el vencimiento del último Programa Nacional de Gestión del Riesgo en 2025, instrumento previsto por la propia Ley N.º 8488 para ejecutar la política nacional mediante acciones concretas, metas verificables y coordinación interinstitucional. Mientras la Política Nacional establece principios generales, el Programa constituye la herramienta operativa que permite planificar y evaluar la gestión del riesgo. Sin un Programa vigente, el sistema pierde capacidad estratégica, debilita la coordinación estatal y aumenta la improvisación ante emergencias.
El derecho comparado demuestra que las democracias modernas regulan cuidadosamente los escenarios excepcionales precisamente para evitar concentraciones arbitrarias de poder. Instituciones democráticas, protocolos claros, responsabilidades definidas y controles institucionales previos funcionan como garantías democráticas, no como amenazas a la paz. La ausencia de ejército no elimina la necesidad de planificación jurídica; por el contrario, exige mayor claridad normativa para asegurar respuestas coordinadas y respetuosas del Estado de derecho.
La crítica a este vacío no busca promover la militarización, sino fortalecer la institucionalidad democrática. La paz no se sostiene únicamente sobre principios históricos, sino también sobre marcos jurídicos capaces de responder a situaciones extraordinarias sin improvisación. Hoy Costa Rica enfrenta una paradoja, pues reconoce legalmente riesgos extremos, pero carece de un diseño institucional plenamente desarrollado para gestionarlos. La pregunta no es si el país desea enfrentar tales escenarios, sino si está jurídicamente preparado para hacerlo sin comprometer sus principios democráticos.