En la Asamblea Legislativa, los diputados tienen mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que corregir. Empezando por recordar que según el TSE, los diputados electos, representan a las diferentes comunidades del país. Lo importante es que tengamos trabajo productivo en beneficio de nuestro país y en beneficio de todos los costarricenses. No puede ser que los diputados sigan reeligiendo hasta por 8 larguísimos años a magistrados y jueces en el poder judicial, habiendo miles de costarricenses hasta con más requisitos y hasta con más deseos de servir a la Patria, para esos mismos puestos. Desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega y, menos en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos. Está claro que todas nuestras instituciones adolecen de muchos defectos, pero es que si de defectos se trata, también los 3 poderes de la República tienen muchos defectos. Entonces, por dónde empezamos, quién arregla a quién? Es el poder ejecutivo quien nombra a sus ministros y viceministros, también es el poder ejecutivo quien nombra juntas directivas y presidentes de instituciones públicas, embajadores y un sin número más de funcionarios públicos. Los partidos políticos son quienes escogen a los futuros diputados. Los diputados son quienes eligen y reeligen a magistrados y jueces del poder judicial hasta por 8 larguísimos años. Por dónde empezamos, quien arregla a quien? Para eso es un cambio de gobierno. Para que el nuevo gobierno arregle lo que haya que arreglar. Todos esos funcionarios también tienen montones de asesores que los pagamos todos los costarricenses.
Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos políticos, pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada. La mayoría legislativa de un solo partido puede cambiarlo todo. ¿Para bien o para mal? No hemos necesitado elegir mayorías legislativas de ningún partido para tener malos gobiernos. Por el contrario, necesitamos que por fin, todos los funcionarios públicos y todas las instituciones públicas hagan todo lo que se supone tienen que hacer. Obvio. Pero siguiendo los procedimientos y leyes establecidas. Lo contrario es anarquía.
Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país. Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente. No puede ser que Costa Rica ocupe el último lugar de la OCDE en desarrollo digital del sector público pero el primer lugar en privilegios salariales para dicho sector público. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas si el TSE por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todos lo relativo a nuestros procesos electorales: no más reelección de diputados ni de ningún funcionario público, no más candidatos con doble postulación para presidente y para diputado, disminuir la cantidad de diputados, establecer y exigir más y mejores requisitos a los candidatos, a los partidos, en fin., etc, etc, etc. El problema de Costa Rica es la justicia lenta e incumplida. Nuestra justicia no avanza porque hay inmunidad, pero tampoco avanza cuando no hay inmunidad. El problema son las personas, la poca o ninguna capacidad de las personas, no nuestras instituciones ni nuestra institucionalidad.