Puntarenas, 4 nov (elmundo.cr) – El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenó a la Municipalidad de Garabito suspender de inmediato la construcción ilegal de un bulevar en Playa Jacó.
Así consta en una resolución emitida por la jueza Sady Jiménez, luego de una denuncia interpuesta por un abogado de la firma Energy Law Firm.
La jueza tuvo por comprobado que esas obras se desarrollaron a lo largo de 125 metros en la Zona Marítimo Terrestre, sin tener el permiso de viabilidad ambiental correspondiente a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Las obras, que alcanzan ya los 120 millones de colones fueron costeadas por la propia Municipalidad de Garabito.
“Se demuestra la inexistencia de expediente administrativo de viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la ejecución de construcciones en zona marítimo terrestre…se ordena la suspensión inmediata de las obras constructivas del proyecto de infraestructura denominado ‘Boulevar en Playa Jacó'(sic.)”, dice la resolución.
Walter Brenes, de la firma que puso la denuncia criticó que ese gobierno local pretendiera desarrollar las obras sin el permiso ambiental, argumentando que no lo necesitaba.
“Según la Municipalidad de Garabito ellos podían llevar a cabo las obras de ese bulevar sin contar con la respectiva viabilidad ambiental que debe otorgar la SETENA, sin embargo un juez dijo lo contrario, de modo que desde hace 9 meses las obras están suspendidas por cometerse una acción irresponsable e irregular por parte del gobierno local, con el consecuente perjuicio para el erario público, es claro que no se podía proceder de una manera tan irresponsable”, criticó Brenes.
Documentos emitidos por un funcionario de SETENA confirmaron que las obras se desarrollaron sin ningún tipo de permiso.
La institución dijo además que producto de esa irregularidad, se desconocen los daños ambientales que pudo haber ocasionado en la playa.
Pese a que el Tribunal ordenó suspender las obras hasta nuevo aviso, la Municipalidad incumplió esa orden durante dos meses. En una audiencia judicial posterior, la jueza volvió a advertirle al gobierno local que de no acatar lo ordenado incurriría en el delito de desobediencia a la autoridad y podría ser sancionado con hasta cinco salarios base.
